El Ministerio de Trabajo dictó desde las 14 de este jueves la conciliación obligatoria por un período hábil de 15 días en el conflicto que mantienen la Asociación Bancaria (AB) y las entidades financieras Santander y BBVA, informó la cartera laboral. El sindicato bancario rechaza las medidas de ajuste y flexibilización laboral que intentan aplicar las entidades financieras.
La ley 14.786 de conciliación obligatoria fue impuesta por la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de esa cartera de Estado, Gabriela Marcelló.
La funcionara laboral intimó a la organización sindical a no realizar las protestas nacionales previstas para jueves y viernes en las dos últimas horas de atención al público y, a las empresas, a abstenerse de adoptar represalias contra los trabajadores.
Además, sostuvo que ante la pandemia de coronavirus y la emergencia sanitaria las empresas deben extremar todas las medidas de higiene y seguridad para preservar la salud psicofísica de los trabajadores y garantizar su actividad en condiciones adecuadas de salubridad, y cumplir las normativas, protocolos y cualquier otro instrumento.
Marcelló convocó a sindicalistas y empresarios a una audiencia virtual para las 12 del jueves 14 próximo y los exhortó a mantener “la mejor predisposición para negociar”.
El gremio había ratificado ayer las dos jornadas de protesta en las sucursales de todo el país del Santander Río y el Bilbao Vizcaya (BBVA) en las dos últimas horas de atención al público en rechazo de “un pretendido ajuste, el cierre de locales, la reducción de personal y el intento de extender la jornada laboral”.
El titular del sindicato, Sergio Palazzo, había también denunciado que los empresarios procuran exigir “una mayor productividad”, en un documento difundido el miércoles.
“No les importa que el país atraviese la tragedia de la pandemia de coronavirus y un rebrote; la mala distribución de las sucursales, que produjo una crítica situación en abril último; la limitación de los servicios, y que la actividad sea un servicio público esencial para la economía y la vida familiar, no obstante la retrógrada reglamentación”, remarcó.
También se preguntó “¿qué responsabilidad asumen esos bancos ante la declamada necesidad de inclusión financiera, corroborada con los datos comparativos en relación con otros países?”, y dijo que “no hay peor sordera que la de quienes no quieren oír”.
“Esos bancos militaron de forma desembozada e, incluso, se constituyeron en comité electoral de las políticas del gobierno de Mauricio Macri, que provocaron un desastre económico-social, luego acrecentado por el impacto de la Covid-19”, puntualizó.
La Bancaria concluyó que “la evidente ausencia de responsabilidad social es uno de los motivos por los que desde siempre se exige una reforma de las regulaciones”, y explicó que millones de argentinos requieren asistencia personal para acceder a los servicios.
(Con información de Agencia Telam).
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