El juez Federal Ricardo Bustos Fierro procesó este miércoles y pidió la prisión preventiva de los sindicalistas Mauricio Saillén y Pascual Vicente Catrambone y dispuso su prisión preventiva a causa de los delitos que les imputa, su peligrosidad y el posible riesgo de fuga. También embargó a cada uno por la suma de 20 millones de pesos.
Ambos dirigentes gremiales están detenidos desde agosto de este año y la resolución judicial complica su situación ante la Justicia. Con ellos, fueron procesados otros diecisiete miembros del sindicato y la mutual del Sindicato de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba (SURRBAC).
VER “Catrambone tenía montos en efectivo que le permitirían eludir el proceso judicial por años”.
Se trata de Juan Manuel Krainbuhl, Osvaldo César Medina, Juan Manuel Riba, Juan Carlos Delgado, Franco Gabriel Saillén, Agustín Mauricio Catrambone, Salome Alfazak, Héctor Gabriel Blanes, Jorge Vicente Blanes, Miguel Angel Catrambone, José Luis Yacanto, Juan Carlos Saillén, Micaela del Valle Saillén, Verónica Anabel Quevedo, Adriana Cecilia Oviedo, Yamila Gisel Monjes, y Dario Mauricio Saillén.
Mauricio Saillén es el titular del SURRBAC y Catrambone, secretario de Ramas e Interior del gremio y presidente de la mutual.
Los delitos por los cuales acusa a las dos máximas autoridades del gremio es por supuesta asociación ilícita en carácter de jefes, lavado de dinero, usura y defraudación. Mientras que Krainbuhl, Medina, Riba y Juan Carlos Delgado fueron procesados por los mismos delitos, y en el caso de la asociación ilícita, como integrantes o miembros. El resto fue imputado por lavado de activos y por ser partícipes necesarios del delito.
DE QUÉ LOS ACUSAN
Para el juez Bustos Fierro, Saillén y Catrambone son responsables de “asociación ilícita agravada por su carácter de jefe”, “usura agravada por realizarse de forma habitual”, administración fraudulenta del sindicato, la mutual y la obra social, lavado de activos agravado por la habitualidad y por la utilización de una persona de existencia ideal en carácter de coautor (Mutual).
Es decir, que conformaron una organización, de la que habrían sido sus jefes, para desarrollar operaciones financieras ilegales. Esas acciones consistían en préstamos personales a la Mutual y de la Mutual a los afiliados del gremio con tasas de interés usurarias, y luego “lavar” o poner en circulación las ganancias resultantes fruto de esa actividad.
Un segundo grupo, integrado por el tesorero de la Mutual, Juan Manuel Krainbuhl, y los contadores vinculados a la mutual Osvaldo César Medina, Juan Manuel Riba, y Juan Carlos Delgado.
Todos ellos, fueron acusados de “asociación ilícita simple”, “usura agravada por realizarse de forma habitual”, administración fraudulenta, lavado de activos agravado por la habitualidad y por la utilización de una persona de existencia ideal y en carácter de coautores. Esto implica que formaban parte de la organización delictiva, llevaban adelante los mismos hechos, pero no eran los jefes. No los detuvieron porque el magistrado no consideró que tuvieran la misma peligrosidad, recursos económicos para intentar fugar y capacidad de modificar el escenario probatorio.
Los otros trece imputados, cumplieron el rol de lavar el dinero resultante de la actividad ilícita.
A su vez, dentro de la operatorio de lavado de dinero, había un grupo integrado por Héctor Gabriel Blanes, Salomé Alfazak, Miguel Ángel Catrambone, Jorge Vicente Blanes, y José Luis Yacanto, integrante del estudio Ángulo, Mendizabal y Asociados, del que formaba parte el recientemente designado juez del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Luis Ángulo. Todos ellos, habrían prestado dinero a la mutual y percibido, a cambio, intereses por encima de la media del sistema financiero.
PEDIDO DE INTERVENCIÓN DEL GREMIO Y LA MUTUAL
Por último, el juez solicitó al Ministerio de Trabajo de la Nación y al I.N.A.E.S. (“Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social”), que “disponga la inmediata intervención del Sindicato S.U.R.R.Ba.C. y la Mutual AMSURRBaC, para normalizar la situación generada a través de años de incumplimientos normativos, contabilización informal o paralela que fue con el paso del tiempo generando en el entorno familiar de los principales implicados, un cúmulo de bienes que analizados en perspectiva ocasionan un verdadero estupor en toda la comunidad”.