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Análisis

Por qué el gobierno frena el incremento jubilatorio y las asignaciones sociales

Quizá el más político y polémico de todos los temas que contiene la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva sea la suspensión de la fórmula de actualización de los haberes jubilatorios. El presidente Alberto Fernández ha dispuesto un bono de 5000 pesos en diciembre y enero y si se aprueba la ley, en marzo no habrá aumento como hubiera correspondido. Se trata, lisa y llanamente, de un ajuste para desindexar el gasto público, en uno de sus componentes principales, como es el rubro “Seguridad Social”.

Dengue - La Pampa

Al igual que Mauricio Macri a fines de 2017, que modificó la fórmula de actualización de las jubilaciones para evitar que la fórmula de Cristina Fernández impactara sobre las cuentas públicas de 2018, Fernández intenta que no licúe la mejora en la recaudación impositiva y propone rediscutir la fórmula de actualización. Es decir, está diciendo, ni Cristina, ni Macri, una tercera posición.

Epec

Se trata de un debate difícil y complejo, porque es uno de los grupos sociales que, en el imaginario social, se considera más vulnerable. Jubilaciones, pensiones, la AUH y otras prestaciones sociales implican poco más de la mitad del presupuesto nacional. Es decir, que niños, adolescentes, madres en situación de pobreza y adultos mayores, representan el ítem con más recursos del presupuesto argentino. Cualquier ajuste, con más de 40 % de pobreza es sumamente impopular.

Por ese motivo el FMI ha pedido en reiteradas oportunidades una reforma jubilatoria, que Alberto Fernández rechazó en la campaña electoral. Por ahora, al igual que con la deuda externa, donde pide tiempo a los acreedores, les está pidiendo tiempo a los jubilados mientras intenta salir de la crisis.

Por cierto, en economía, los ingresos no son sólo los salarios o los haberes. También lo son las prestaciones sociales del Estado, por ejemplo, a través de las prestaciones y coberturas del PAMI o la reducción del precio de los medicamentos, o la devolución del IVA en los alimentos (10,5%).

El titular de la consultora PxQ y ex viceministro de Economía, Emmanuel Álvarez Ágis, según publica el diario Infobae, sostuvo en su último reporte para clientes que, si la actual fórmula de indexación jubilatoria siguiera vigente, las estimaciones indican que el aumento de jubilaciones podría neutralizar la mejora de la recaudación de los aumentos de impuestos previstos en el proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.

Actualmente las jubilaciones se actualizan con una fórmula que toma el 70% de la inflación pasada, con un desfase de un semestre. Esto implica que, si la dinámica inflacionaria tiende a la baja en 2020, la indexación jubilatoria le sumaría presión a las cuentas públicas porque se actualizaría con una inflación de fines de 2019, un porcentaje más elevado que el que se proyecta para mediados del año que viene.

Álvarez Agis afirmó que por el lado de los impuestos, retenciones, Bienes Personales y turismo serán los encargados de apuntalar la recaudación en algo más que 1% del PBI. Consideró asimismo que, por el lado del gasto, “el foco estará puesto en la Asignación Universal por Hijo y las jubilaciones mínimas”.

“Si esta fórmula siguiera vigente, nuestras estimaciones indican que el aumento de jubilaciones podría neutralizar la mejora de la recaudación de los aumentos de impuestos”, advirtió.

Cabe recordar que la fórmula que regía previo a la reforma previsional sancionada por el Congreso a fines de 2017 para la actualización de las llamadas prestaciones sociales (jubilaciones, pensiones y asignaciones universales), se aplicaba en marzo y septiembre de cada año, considera el 50% de la variación de la recaudación tributaria de Anses por beneficio y el 50% del cambio de los salarios (Ripte o Indec, el mayor). Era una combinación de los aumentos de los recursos tributarios y los salarios en blanco.

Mientras que la nueva fórmula, que quedó congelada tras la decisión del Ejecutivo, se aplica en marzo, junio, septiembre y diciembre. Se calcula con una combinación del 70% de la inflación y el 30% del Ripte, que es el aumento salarial de los trabajadores del sector formal.

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