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El transporte público ilegal y la necesidad de proteger a taxis y remises

Protesta de taxistas. (Foto: Archivo).

Hace un tiempo, llegó a nuestro país y, en especial a la ciudad de Córdoba, una nueva forma de flexibilización laboral que comienza a afectar gravemente la actividad legal que llevan adelante taxis y remises.

Consiste en la prestación de un servicio ilegal de transporte automotor  de personas, que se publicita y/o contrata por medio de programas electrónicos, sistemas informáticos, redes sociales y aplicaciones para teléfonos móviles y tabletas electrónicas (que claramente no son ni de taxis, ni de remises).

La Pampa

Lo llamativo, es el grado de publicidad que le dan algunos medios cordobeses, sabiendo que está perjudicando la fuente de trabajo de otros trabajadores o trabajadoras cordobeses (“hermanos” trabajadores), que llevan su actividad dentro del marco de la ley, a diferencia de los otros. Dice el Martín Fierro: “Los hermanos sean unidos…”. ¿Acaso creen el resto de las actividades que este problema que hoy padecen taxis y remises, no puede llegar a tocar sus propias puertas también de otra forma, sabiendo que estamos hablando de flexibilización laboral?

Se trata en su mayoría, de empresas multinacionales, que desembarcan en aquellos territorios en los que desde el propio Estado no se visibiliza una firme protección de la fuente de trabajo, ni los de los derechos que tienen los trabajadores locales (garantizados no solo en leyes laborales vigentes, sino también en la propia Constitución Provincial y Nacional).

Epec

Asimismo, también avanzan en territorios en los cuales quienes legislan, en los concejos deliberantes de las ciudades, no aprueban ordenanzas que prohíban el desembarco de este servicio ilegal.

Hace pocos días atrás,  el secretario General del Sindicato de Peones de Taxi de Córdoba  (Héctor Miguel Arias), presentó en el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba un anteproyecto contra estas aplicaciones ilegales (que fue recibido por las máximas autoridades del citado recinto legislativo), que quedó en ser estudiado por parte de todos los bloques del propio Concejo (desde el sindicato y las bases del gremio están a la espera de que se avance sobre el mismo para su aprobación, con todas las mejoras que puedan hacerle al proyecto presentado desde el sector del taxi).

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Desde los Municipios se debería proteger sin matices la actividad de taxis y remises, que se encuentra regulada mediante la ordenanza pertinente.

Asimismo, es necesario señalar que quienes ejercen el transporte automotor de pasajeros por fuera de la ley, sin habilitación municipal, que es publicitado por cualquier medio de programas electrónicos, sistemas informáticos, redes sociales y aplicaciones para teléfonos móviles y tabletas electrónicas; genera una clara competencia desleal en relación al taxi y al remis.

Eso sucede, debido a que los primeros no invierten, no trabajan dentro del marco legal vigente para la actividad; no tienen que circular las 24 horas del día (los 365 días del año incluyendo sábados, domingos y feriados); no tienen radio, GPS ni botón de pánico; tampoco se le realizan inspecciones municipales; cualquiera se sube o se baja del auto; evaden impuestos; tienen enormes hechos de inseguridad en todo el mundo; y ponen en riesgo no solo el propio sistema, sino fundamentalmente a miles de fuentes de trabajos, lo que es inadmisible e inaceptable.

No se sabe si cuentan con seguros que cubran los riesgos de las personas transportadas, por lo cual ni los conductores, ni estas empresas de transporte automotor de pasajeros por plataforma electrónica serían responsables solidarios por los daños que ocasionen durante la prestación de este servicio ilegal a usuarios o terceros.

La clase trabajadora en Córdoba y en toda la República Argentina exhorta y reclama a quienes legislan en los concejos deliberantes y a quienes gobiernan en los respectivos ejecutivos municipales, que hagan cumplir la ley y que avancen en todas las medidas que sean necesarias para defender el trabajo local. En definitiva, entre otras razones, para eso son los representantes del pueblo y ese mismo pueblo es quien les paga sus salarios.

* Carlos Emanuel Cafure es abogado laboralista.

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