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Análisis del editor

La pueblada en Jujuy pone en crisis a Morales, al discurso de la derecha y al modelo extractivo del litio

El Gobernador de Jujuy. Gerardo Morales, en un actividad reciente. (Foto: Prensa / Archivo).

El Gobernador Gerardo Morales percibe desde el viernes 16 de junio, en que comenzaron los cortes de ruta por parte de las comunidades aborígenes en Purmamarca, el sabor amargo del fracaso. Lo que ocurre en Jujuy revela las dificultades que afronta el recetario de derecha en Argentina y es un adelanto de la inviabilidad del proyecto y el discurso que ha construido en estos años el establishment económico, el poder financiero, y la oposición de centro-derecha. La pueblada de los jujeños pone en crisis a esa construcción, que idealiza el fin del “populismo” y de la aspiración a una sociedad igualitaria, y que busca enganchar al país de un modo subordinado a la economía global. Habrá que ver, ahora, si estos episodios disparan un debate interno de estos sectores para habilitar nuevas líneas estructurantes o bien se produce una profundización en el mismo sentido.

Picadas

Morales, que ha triunfado democráticamente y tiene legitimidad de origen, se ha convertido en una especie de “señor feudal” al imponer a sangre y fuego una reforma constitucional que tenía tres objetivos: Garantizar la explotación del litio jujeño; reducir los derechos de protesta y libertad de expresión; y bajar los controles sobre su administración, como denunció Susana Ustárez, secretaria General de la Asociación del Personal de Organismos de Control (APOC). “Esta constitución no reúne toda la legalidad ni la legitimidad que tiene que tener un cuerpo normativo de esta entidad. (Las reformas) están poniendo en riesgo el control público en la provincia. Se está creando una auditoría con alcance y funciones totalmente disminuidas, por encima del Tribunal de Cuentas, con lo cual este organismo va a dejar de existir”, apuntó la dirigente sindical.

EPEC

Quizá, debería ruborizar a la UCR, el partido del ex presidente Raúl Alfonsín, que llevó a los estrados judiciales a las Juntas Militares de la última dictadura, impulsar una reforma de este tipo, que incumple la Constitución Nacional y los tratados internacionales de DD.HH. firmados por el país y que tienen rango constitucional. Por cierto, Morales no actuó solo, lo hizo en sociedad con el peronismo jujeño, que acordó las líneas centrales de esta reforma y aportó los votos para una sanción a escondidas de la nueva Constitución, en una jornada vergonzosa para la democracia.

Señala el núcleo de la reforma, en el artículo 32, titulado “Derecho de Reunión y Manifestación”: “Queda asegurado a todos los habitantes de la provincia y sin permiso previo el derecho de reunión y de manifestación cuando fueren pacíficas y sin armas”. Agrega el artículo 67 (“Derecho a la Paz Social y la Convivencia Democrática Pacífica”) a través de sus incisos que “(…) Todas las personas tienen derecho a vivir en una sociedad basada en la paz social, la tolerancia mutua y la convivencia democrática pacífica, libre de violencia e intimidación”. Indica luego que “el Estado debe asegurar, como base fundamental de la convivencia democrática pacífica, que las personas ejerzan sus derechos sin avasallar los derechos de las otras” y que “la ley establecerá los mecanismos para proteger el derecho a la paz social y a la convivencia democrática pacífica”. En ese contexto, incluye la “reglamentación del ejercicio del derecho a la manifestación, ante casos en los que sea necesaria la gestión adecuada de la misma para garantizar el disfrute común del espacio público, o la libre circulación de las personas (…)”. Y más adelante expresa “la prohibición de cortes de calles y cortes de rutas, así como toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas y la ocupación indebida de edificios públicos en la provincia”.

Río Cuarto

Hay que hacer un ejercicio de memoria histórica para comprender la dimensión simbólica de los actos de Morales. La palabra “piquetero” nació en la década de los ’90, como respuesta a los efectos de las privatizaciones del Gobierno neoliberal del peronista Carlos Menem. Fue en la Patagonia, en Cutral-Có y Plaza Huincul, dos localidades de la Provincia de Neuquén, donde tomó entidad de movimiento social y símbolo de resistencia a un proyecto económico y político que desindustrializaba y condenaba a la marginalidad a los trabajadores.

No fue casual que ocurriera allí, antes de extenderse a otros puntos del país. En 1992, Menem privatizó YPF y en esas ciudades neuquinas se produjeron despidos masivos. Los obreros vivieron con sus indemnizaciones durante un tiempo y ambas poblaciones se llenaron de pequeños comercios, pero con pocos clientes. Sin fuentes de trabajo, la desocupación se multiplicó y el rechazo del Gobierno de Neuquén a instalar una fábrica de fertilizantes disparó en Cutral Có la primera pueblada hace exactamente 28 años: el 20 de junio de 1995.

Telecom

¿Qué significa “piquetero”? El que corta la ruta o las calles. Sin fábricas o lugares de trabajo en los que reclamar, los trabajadores desocupados decidieron impedir la circulación, esto es, afectar el movimiento de mercancías y personas. Las pérdidas económicas y la afectación de otros sectores sociales que produce este modo de reclamo es lo que le da efectividad y lo que multiplicó su práctica. Como el país sigue sin resolver un modelo de desarrollo y distribución con cierta equidad, este método sigue vigente.

Para el Gobernador jujeño, limitar esta forma de protesta resulta central, porque necesita asegurar que la producción de litio circule sin sobresaltos hacia los puertos argentinos para su exportación. Es detrás de la extracción de esa riqueza del suelo jujeño que se sostiene el acuerdo con el PJ de esa provincia. Por supuesto, que haya una legislación prohibitiva no significa que las comunidades no protesten, pero es la que legitima el control social para garantizar la explotación ordenada de ese recurso.

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El litio, como los minerales o los hidrocarburos, se encuentra en latitudes alejadas e inhóspitas. Por lo tanto, para que sea explotable requiere garantizar el flujo permanente del recurso desde su punto de explotación al punto de uso, en este caso, fuera de nuestras fronteras. La reforma persigue ese fin no explicitado, actuar como socio confiable del modelo extractivo. La pueblada de los jujeños ayuda a desnudar el objetivo de fondo.

[COBERTURA]

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