La legisladora provincial y candidata a diputada nacional, Soledad Díaz (Partido Obrero – Frente de Izquierda y los Trabajadores, PO-FIT Unidad) y la concejala Cintia Frencia (PO-FIT Unidad) denunciaran penalmente al intendente de la capital provincial, Martín Llaryora por los desbordes cloacales en Barrio Alberdi y Villa Páez.
Cabe recordar que un contratista privado habría roto un caño de la red troncal de cloacas, una acción que luego produjo nuevos daños en el sistema hasta que fue detectado. Como consecuencia de ello, fue declarada la emergencia ambiental y sanitaria en ambos barrios.
La presentación se realizará este martes, a las 9:00, en el edificio de Tribunales II. Además de Llaryora, el planteo judicial alcanza al subdirector de Mantenimiento de Redes Ingeniero Rubén Oscar Franchin; al secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba, Miguel Siciliano; y a “los eventuales responsables del desborde cloacal”.
Díaz afirmó sobre el tema que “la desinversión y los negociados con los grandes especuladores inmobiliarios son un cóctel explosivo, que en este caso han dejado a once familias evacuadas y una enorme crisis sanitaria y estructural en la zona afectada”.
Señaló que “se trata de un desenlace largamente anunciado. Es por todos conocido que el avance descomunal de los emprendimientos inmobiliarios en esta región de la ciudad no es acompañado por una inversión en materia de servicios públicos que soporte el incremento de la densidad poblacional”.
Frencia, en tanto, agregó que “la desidia estatal, que desoyó todos y cada uno de los reclamos de los vecinos, terminó en una crisis sanitaria y ambiental sin antecedentes recientes en la ciudad. Durante más de dos semanas ininterrumpidas las aguas servidas son arrojadas sin saneamiento al Rio Suquia, agravando la contaminación que desde hace años viene ocurriendo ante la ausencia de funcionamiento de la Planta de Bajo Grande”.
Por último, la edil expresó que “el colapso cloacal en Barrio Alberdi y Villa Páez es la gráfica acabada de las consecuencias dramáticas de una orientación social en beneficio de los especuladores inmobiliarios, las empresas constructoras y los negociados detrás de la obra pública”.
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