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La conectividad como un derecho humano y el rol de las cooperativas

(Imagen Ilustrativa).

(Por Pablo Tissera*) El consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el 2016 declaró el acceso a internet como un derecho humano, un derecho básico de todos los seres humanos, un facilitador de oportunidades para la educación inclusiva a nivel mundial, además de asegurar el respeto de derechos como atención de la salud y el trabajo entre otros, que todes sabemos en estos tiempos de pandemia, cuidados y restricciones se vuelve fundamental.

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En nuestro país, luego de avances en materia legislativa comunicacional en la primer década y media del SXXI… y retrocesos en el periodo 2015-2019, nuestro presidente Alberto Fernández a mediados del 2020… decreta incorporar a la Ley de las TICs (Tecnologías de la información y las comunicaciones) el carácter de servicio público en competencia a los servicios de las TICs y el acceso a las redes de telecomunicaciones como servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia, que obliga a la existencia de una prestación básica universal brindada en condiciones de igualdad. De este modo pasa a ser una actividad regulada por el Estado.

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Cuando hablamos de conectividad y cooperativas ¿de qué hablamos? Bueno, para contestar esta pregunta tenemos que ubicarnos en comunidades pequeñas y medianas tanto a nivel nacional como provincial, y para ello tomamos de Colsecor Noticias una entrevista a Diego Rossi, Profesor de políticas de Comunicación de la UBA y UNDAV, que dirige la Cátedra libre Conectividad. El comenta que muchas de las cooperativas eléctricas que se constituyeron en la primera mitad del Siglo XX, sus pobladores y pobladoras lo hicieron porque no llegaba ni el sector privado, por no ser rentable, ni el Estado. Hoy, esas cooperativas eléctricas por las mismas razones lo hacen con el servicio de conectividad, llevando fibra óptica a cada hogar. Luego, Diego Rossi informa algunos datos de una investigación reciente sobre archivos públicos, y van: a fines de 1989 unas 254 Cooperativas en el país brindaban servicios de conectividad, y a inicios de 2021 pasaron a ser 547 Cooperativas, agrupadas en federaciones como Fedecoba, Catel y Colsecor. En la provincia de Córdoba, hacia el año 1989 eran 51 cooperativas brindando dicho servicio, mientras que entrado el 2021 lo hacían unas 152 cooperativas, como verán… un crecimiento por encima de la media.

Mackentor

Recordar que en nuestra provincia tenemos 427 Municipios y Comunas, cuya población se distribuye en un 70% en las seis ciudades más grandes, encabezadas por la Ciudad de Córdoba con 45%, seguidas por Río Cuarto, Villa María, san Francisco y Carlos Paz con el 25% de habitantes… en éstas 6 ciudades unas pocas empresas transnacionales concentradas brindan rentables servicios de conectividad a través de paquetes que incluyen TE fija, Te celular, TV e internet. Entonces nos encontramos con esta realidad… por un lado unas pocas trasnacionales brindan el servicio de conectividad a grandes aglomerados poblacionales como una mercancía y no como un derecho humano básico, con altísima rentabilidad, y por el otro, muchas empresas, en su mayoría cooperativas también algunas pymes, lo hacen a pequeños y medianos aglomerados poblacionales con grandes extensiones geográficas. Estas asimetrías se reflejan en los costos, ganancias y excedentes y automáticamente se traducen en desigualdades, uno de los grandes temas a resolver y a regular por el Estado.

Hoy nos encontramos en la provincia con el Plan de Conectividad Córdoba que permitirá en tres años incorporar tecnologías y vincular al 100% de las, los y les Cordobeses con un tendido de más de 5.000 KM de fibra óptica, una decisión que va en el sentido de la declaración de la ONU que avanza en la eliminación de la brecha digital. PERO este tipo de decisiones deben ser acompañadas con definiciones sobre el día después, desde el Instituto venimos anunciando en nuestra Propuesta Cooperativa que estos importantes emprendimientos como lo es un servicio público estratégico deben ser de propiedad pública con una gestión cuatripartita, es decir, con la participación del Estado, del sector cooperativo y pyme, de los trabajadores organizados y de las, les y los usuarios organizados. De esta manera se logrará un mayor y mejor control del servicio para garantizar la prestación universal de un derecho humano básico, se impedirá que el acceso a la conectividad sea una mercancía de uso para quienes puedan pagarla… administrada por unas pocas empresas trasnacionales bajo premisas como la de maximización del lucro, y se logrará la tan ansiada eliminación de la brecha digital en la ciudadanía con un sentido justo y solidario. ¡¡¡Ese es el camino!!!

* Pablo Tissera es jefe de la filial Córdoba del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC).

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