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Análisis

La batalla por los dólares extras del maíz, la “derrota” parcial de los productores, y la aparición del Consejo Agroindustrial

El aumento del precio internacional del maíz desató un nuevo conflicto en el país.

La famosa frase de Bill Clinton, con la que ordenó su discurso político y electoral frente a los problemas que atravesaba Estados Unidos y que le sirvió para derrotar a los republicanos en 1992, debería resonar en los campos argentinos y los despachos oficiales: “Es la economía, estúpido (1)”. Por cierto, ninguno de los sectores en pugna lo transparenta ni menciona porque requeriría de un tipo de construcción política y de discursos diferentes de los actuales. En Argentina, alcanza con la Mesa de Enlace y sectores de Juntos por el Cambio de un lado, que se refieren al “intervencionismo” y supuesta “irracionalidad” del peronismo en el gobierno; y con el gobierno del frente peronista que actúa en línea con la realidad –se trata de un problema económico-, pero diluye el choque detrás del “anti-peronismo” de los productores y en la necesidad de “garantizar el consumo interno” para la cadena de producción alimentaria. No hay una elaboración política o económica explicitada a su alrededor.

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Hay una primera conclusión de lo sucedido entre la semana pasada y esta: el bloque populista nacional y popular logró fracturar coyunturalmente al bloque de centro-derecha, pero habrá que ver a qué “precio” futuro. Lo que pareció una puesta en escena desprolija, como fue el cierre de las exportaciones de maíz dispuesto por el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra –pertenece al peronismo kirchnerista-, fue el modo de poner a los productores y sus aliados de ese momento, contra las cuerdas. Obligarlos a negociar. La tensión derivó en una fractura, por ahora temporal, pero no menos trascendente para ordenar el curso de la nueva economía agro-industrial, asentada en agregar valor a los alimentos (polenta, snacks y carne vacuna, aviar y porcina), a partir del maíz, la soja y el trigo; y al combustible por vía del corte con biocombustibles con base en el maíz.

El ministro Basterra y los representantes de la CAA en la reunión sostenida ayer. (Foto: Prensa Agricultura).

¿Quiénes son los que se constituyeron en nuevos actores del debate? Las cadenas agroindustriales nucleadas en el Consejo Agro-Industrial Argentino (CAA), que jugaron con el gobierno del frente peronista aislando la protesta de las tres centrales de productores agropecuarios que componen la Mesa de Enlace.

Por eso, el cese de la comercialización de granos fue casi inexistente. En diálogo con Télam, el vicepresidente de la Federación de Transportadores Argentinos, Pablo Agolanti, aseguró hoy (por el martes) que “no se siente” el cese de comercialización y que “la cantidad de camiones que llevan los granos a los puertos es la misma de siempre”.

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“Lo que se está viendo por los arribos de los camiones a puertos es que la situación es normal para la fecha en la que estamos. Ayer ingresaron más de 3.000 camiones y se descargaron. Y hoy, por los turnos tomados, más de 3.600 camiones están llegando a puerto sin ningún tipo de problema”, indicó Agolanti en el mismo reporte.

VER El gobierno acordó con el sector agro-industrial el abastecimiento interno y levantó las restricciones para exportar maíz.

VER Suspenden temporalmente el registro de exportación de maíz con el objetivo de asegurar abastecimiento interno.

La agroindustria argentina conformó esta organización hace apenas medio año, en julio de 2020. El Consejo Agroindustrial Argentino es un grupo conformado por más de 40 cámaras y entidades del sector que busca promover las exportaciones para alcanzar los u$s100.000 millones anuales en envíos, lo que significa un aumento del 54% respecto a los u$s65.000 millones que se exportan actualmente en el segmento de productos agrícolas.

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“Venimos a contribuir en la salida de la pandemia, a traer soluciones y no exigir, sino plantear un marco de diálogo para alcanzar el objetivo de crecer en exportaciones generando como mínimo 210.000 nuevos empleos directos en el sector y hasta 700.000 indirectos”, detalló José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y vocero del Consejo, en la presentación de esa entidad.

El CAA planteó en aquel momento el impulso a un proyecto de ley orientado al desarrollo agroindustrial exportador que “debe ser tratado en el Congreso y que tiene por objeto brindar un marco de estabilidad fiscal y financiera por un período no menor a 10 años”.

Dentro de los socios está CONINAGRO (Confederación Intercooperativa Agropecuaria), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Federación Agraria Argentina (FAA). No figura la Sociedad Rural Argentina (SRA). CONINAGRO no adhirió al cese comercialización de granos dispuesto por la Mesa de Enlace pese a manifestar su adhesión a los argumentos generales y CRA y FAA, sí.

Los asociados y sectores son diversos, pero allí están prácticamente todos los integrantes de las cadenas de valor agropecuarias: los productores de carne avícola, vacuna y porcina; las industrias y cámaras ligadas a la producción de arroz, maní, algodón, madera y pesca, entre otros; y las empresas exportadoras nucleadas en el Centro de Exportadores de Cereales (CEC, donde participan AGD, COFCO, Cargill, Oleaginosa Moreno, Glencore, etc.). A ello, se suman las Bolsas de Cereales y acopiadores de todo el país.

Es decir, hay productores, comercializadores, industriales, biocombustibles y exportadores. El CAA es el nuevo y poderoso interlocutor del gobierno. Un detalle para tener en cuenta: entre la llamada producción primaria y las exportaciones de Manufacturas Industriales de Origen Agropecuario (MOA), según el INDEC, en 2019 (último año normal antes de la pandemia), Argentina exportó 41.521 millones de dólares sobre un total de 65.115. Es decir, un 63,7% del total.

Si se desglosan los dos rubros se puede percibir el motivo por el cual los tres eslabones que siguen a los productores impusieron una nueva realidad a estos: la producción primaria (cereales y oleaginosas sin transformar) fue responsable de ventas por 17.540 millones de dólares (26,9%); y los MOA de 23.981 millones de dólares (36,8%). La diferencia en volumen es de casi 10 puntos.

TODOS LOS SOCIOS DEL CAA

En un comunicado, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, había señalado el 31 de diciembre que hasta el momento se autorizó la exportación de 34,23 millones de toneladas de maíz de la campaña 2019/20, sobre un total teórico exportable de 38,50 millones de toneladas, es decir que se ha cumplido con el 89% del mismo.

“El objetivo de la medida es que las 4,27 millones de toneladas restantes queden disponibles para el consumo interno, con el objeto de asegurar el abastecimiento durante los meses del verano, cuando la oferta de cereal tiende a escasear”, sostuvo el Ministerio.

Para la campaña 2019/2020 de maíz, Argentina, según estimaciones de la Bolsa de Cereales de Rosario, iba a destinar su producción de maíz, aproximadamente, del siguiente modo: 67% tenía como destino la exportación (el país es el tercer exportador mundial); 25% para transformación animal; y la industria de la molienda y bioetanol, el 8% restante.

La preocupación oficial y de la cadena de valor alimentaria, por cierto, no era superflua. Por ejemplo, el maíz a causa del aumento de precios, representaba por cada kilo vivo de carne vacuna, 71,6 pesos en diciembre 2019 y 128 en diciembre 2020, un aumento de 79 por ciento. Mientras que el 51% del costo de un litro de leche es atribuible a la alimentación de las vacas con maíz. Por lo tanto, el incremento de cada kilo de maíz que comen los animales va a ir a parar en algún momento a la góndola.

Por eso, el planteo oficial es tratar de desacoplar los precios internos (dentro de Argentina) de los externos (exportación). El problema es que ese planteo choca con una regla que es la maximización de la ganancia. Por eso, de la negociación con la CAA no surgió ninguna conclusión que plantee modificar los precios del maíz, sino que el acuerdo sólo garantiza la provisión y medidas para que los 90 días que tiene habitualmente la cadena de pagos local no se conviertan en un costo extra del maíz a absorber por el productor.

Las 4,25 millones de toneladas de maíz disponibles en el mercado según el gobierno; o 10 millones de toneladas según los exportadores; implican, con el diferencial de precio entre fin de 2019, principios de 2020 y el vigente ahora (de 150 a 200 dólares promedio, unos 50 dólares extras por tonelada), un rango de renta adicional en disputa que va desde 212 a 500 millones de dólares. Por eso fueron al paro los productores y negoció la CAA.

El puerto de Rosario. Gran parte de las exportaciones argentinas salen por allí.

No se trata de un debate nuevo en Argentina, pero ahora adquiere otra dimensión. La grieta que en la historia ordenó a un lado a los liberales –aperturistas- y al otro a los federales –mercado internistas- y las diferentes denominaciones que le siguieron, se presenta, en parte, una vez más. Sin embargo, hay una diferencia sustancial: la transformación de cereales y oleaginosas en alimentos o biocombustibles no es realizada por una cadena productiva ajena al sector agrario, sino que funciona en el mismo entramado y el producto es también un bien transable en el mercado externo. No es la implantación de un modelo de sustitución de importaciones, sino de un modelo productivo, primario e industrial, vinculado al mercado global. Es un nuevo modelo.

Varias preguntas surgen de esta foto: ¿El frente peronista seguirá siendo la representación política del modelo de sustitución de importaciones y desarrollo autónomo o será, siguiendo su lógica histórica de pragmatismo, el representante de un nuevo orden? ¿La capacidad de producir alimentos convertirá al país en una factoría especializada en proteínas o habrá lugar para una mayor diversificación?

Una cuestión es clara por el momento: si el Estado no interviene en el mercado de cereales y oleaginosas –vía retenciones, cupos, etc.-, no habrá separación de precios externos de internos y prevalecerán los externos (el mercado asigna recursos en relación a la mayor ganancia). El problema de una economía que puede producir alimentos para el mercado global, pero puertas adentro del país lo hace al mismo valor, es que elimina una de las ventajas comparativas posibles para el desarrollo económico, que es poder “reproducir” su mano de obra a menor costo que los países que necesitan importar alimentos. Se trata de una lógica de hierro: si los trabajadores argentinos y sus familias consumen alimentos a costo internacional, el país conseguiría menor desarrollo económico y sería más inequitativo; si hiciera lo contrario, ganarían viabilidad otros sectores productivos que no producen bienes transables en el mercado internacional en competencia franca, aumentando riqueza y empleos de calidad.

Lo nuevo respecto a otros momentos de la historia argentina, es que en la estructura económica apareció un sector productor de alimentos –la cadena de carnes; pellets, harina y aceite de soja; y biocombustibles- con posibilidades de alterar el tradicional empate de los dos bloques en pugna.

(1) “La economía, estúpido” (the economy, stupid), fue una frase muy utilizada en la política estadounidense durante la campaña electoral de Bill Clinton en 1992 contra George H. W. Bush (padre), que lo llevó a convertirse en presidente de los Estados Unidos.

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