El expresidente Alberto Fernández fue imputado este jueves en la causa que investigan supuestas irregularidades en contratación de un “broker y empresas privadas” para intermediar en la gestión de seguros en dependencias oficiales durante su gobierno, tras lo cual el aún titular del Partido Justicialista afirmó que esa denuncia era “falsa” porque se trataba de “una operación” en su contra y resaltó que en su mandato no realizó “negocios con nadie”.
La causa está en manos del juez federal Julián Ercolini y fue impulsada por el fiscal federal Ramiro González, quien ya requirió las primeras medidas de prueba, según surge del requerimiento de instrucción al que accedió Télam.
Los imputados son el “ex Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, el ex titular de Nación Seguros S.A., Alberto Pagliano, y Héctor Martínez, sin perjuicio que el devenir de la investigación coadyuve a conocer la participación de otras personas en las maniobras denunciadas”, indicó el dictamen.
Héctor Martínez Sosa es un bróker que está casado con una secretaria de Alberto Fernández, María Cantero, según la denuncia.
La causa se inició a partir de la denuncia presentada por la abogada Silvina Martínez para que se investiguen las “presuntas irregularidades ocurridas en torno al Decreto 823/2021, firmado el 2 de diciembre de 2021”, detalló el fiscal.
“A través de esa normativa se impuso la obligación al Sector Público Estatal de contratar servicios de seguros de forma exclusiva con la empresa pública ‘Nación Seguros SA´. En ese sentido, la denunciante destacó que la trama de las contrataciones opacas fueron reveladas a través de una publicación periodística titulada ´Destapan otra caja negra de la política en ANSES´”, publicada por el diario Clarín, reseñó.
Por su parte, el expresidente se defendió de la acusación al afirmar que la denuncia “es falsa” y pidió que “se investigue” para que la Justicia pueda corroborarlo.
“Que el fiscal pida que se investigue me parece razonable. Alguien hace una denuncia, me parece razonable. El concepto imputación en términos periodísticos suena a acusación pero en términos técnicos significa investiguemos esto”, indicó Fernández en diálogo con radio La Red.
El exmandatario aseguró que durante su gestión no hizo “negocios con nadie”, que “lo único” que se llevó del Estado fue “el enorme honor de ser presidente de los argentinos” y que eso es algo que “ningún operador de prensa” se lo va a “salpicar”.
“Les pido a todos que entren y vean mis declaraciones juradas, si ha cambiado algo. Busquen si mi familia se enriqueció o si hay algún testaferro que se ha beneficiado”, agregó.
Fernández pidió que “se investigue” porque “si se investiga se van a dar cuenta la mentira del diario Clarín”, en alusión al artículo periodístico de ese medio que derivó en la demanda judicial en su contra.
El artículo periodístico aseguró que Nación Seguros subcontrató a un intermediario en el caso de los seguros de ANSES que resultó beneficiado con una comisión del 17 por ciento, es decir tres veces mayor a la del mercado, y que las ganancias por comisiones se habrían estimado en los trescientos millones de pesos mensuales y veinte mil millones de pesos anuales.
“El fiscal, como usted, solo ha leído una nota en Clarín que tuvo mucha repercusión y está mal esa nota, no cuenta toda la verdad”, apuntó Fernández.
De esa publicación surgía también que Pablo Torres García (Anses) y Héctor Martínez Sosa (esposo de la secretaria de Alberto Fernández, María Cantero) habrían sido beneficiarios o intermediarios de dichas contrataciones, es decir quienes habrían obtenido importantes sumas de dinero a partir de los negocios emprendidos con el respaldo de aquel decreto.
Al explicar los motivos por lo que es “falsa” la denuncia en su contra y que “no es un acto de corrupción”, Fernández planteó que se trata de una “operación” y que se da cuenta “de dónde viene”.
Sobre el decreto 823/2021, el exmandatario afirmó haberlo impulsado para “terminar con la corruptela del seguro en el Estado”.
“En el 2021 yo saco una norma para terminar con el negocio de los seguros en el Estado y digo en esa norma que todos los bienes y riesgos del Estado se aseguran con Nación seguros y que esto se hace en forma directa sin intermediarios. De ese modo terminé con el negocito que podía hacer alguno”, sostuvo.
De la publicación de Clarín surgía también que Pablo Torres García (ANSES) y Héctor Martínez Sosa habrían sido beneficiarios o intermediarios de dichas contrataciones, es decir quienes habrían obtenido importantes sumas de dinero a partir de los negocios emprendidos con el respaldo de aquel decreto.
En la denuncia “también se destacó que ese mismo esquema había sido replicado en el Ministerio de Seguridad de la Nación, en tanto los convenios allí firmados permitieron la intervención de un intermediario”, según el fiscal.
“Por último, la denuncia destaca que Alberto Pagliano era amigo de la juventud del expresidente Fernández y que lo acompañó en la década de los noventa en ese mismo rubro, pero desde el Estado”, recordó el fiscal en su requerimiento de instrucción.
Al impulsar la investigación, el fiscal le pidió al juez Ercolini que solicite a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y a la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia que aporten los “antecedentes, actuaciones y/o dictámenes jurídicos relacionados con el dictado del Decreto 823/2021”.
También señaló que “puede resultar de interés para el desarrollo de la investigación, contar con todos los convenios o contrataciones realizadas desde las distintas reparticiones del Estado Nacional que suscribieron contratos de seguro bajo los términos señalados en dicha normativa y a través de intermediarios”.
La Superintendencia de Seguros de la Nación puede “aportar datos relevantes en ese sentido, al tiempo que puede develar el interrogante sobre cuál era el porcentaje de mercado para ese tipo de operaciones”, indicó el dictamen.
El fiscal también requirió que “se solicite a Seguros Nación que acompañe la totalidad de contratos o convenios firmados con reparticiones públicas a partir del Decreto 823/2021, aportando todos los datos que se posean respecto a la participación de intermediarios entre ese organismo y la entidad gubernamental contratante”.
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