El periodista Adolfo Ruiz. Foto: Mariano Paiz.
Con el patrocinio del abogado Juan Carlos Vega, presidente del Servicio Argentino de Derechos Humanos, ENREDACCIÓN puso en conocimiento del relator especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, el caso de las amenazas sufridas por nuestro periodista Adolfo Ruiz.
El hecho se produjo el pasado 26 de abril, luego que este medio publicara un informe con la firma de Ruiz en el que revelaba que un jefe policial había logrado ascender en la policía provincial pese a acumular numerosas denuncias por acoso. Desde una cuenta de Instagram se difundió una historia difamatoria sobre el periodista y se etiquetó a sus hijas menores, demostrando un conocimiento de su entorno afectivo. La presentación “se encuentra en estudio y tramitación” de la relatoría.
El periodista Ruiz y nuestro medio recibieron numerosas muestras de solidaridad y acompañamiento por el episodio sufrido.
La investigación judicial por las amenazas sufridas por el periodista están a cargo, luego del sorteo correspondiente, de la fiscalía de distrito III turno 1, a cargo de Marcelo Fenol.
VER El Concejo Deliberante repudió las amenazas que recibió el periodista Adolfo Ruiz.
VER El alto jefe de la Policía que logra ascensos pese a acumular numerosas denuncias por acoso.
VER Amenazaron a nuestro periodista Adolfo Ruiz luego de publicar un artículo sobre acoso.
La presentación a la CIDH dice textualmente “Juan Carlos Vega, presidente del Servicio Argentino de Derechos Humanos, ONG jurídicamente constituida desde 1987 en Argentina y con participación activa ante la CIDH. Con domicilio legal en Lavalleja 47 de Córdoba 5000 Argentina, comparece ante Usted a fin de denunciar hechos ocurridos en la Ciudad de Córdoba, Argentina, claramente violatorios del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos agravados por la condición política de la amenaza”.
El abogado Juan Carlos Vega. Foto: Mariano Paiz.
Agrega que “el periódico digital “Enredacción” publica el 25/04/18 un artículo con el título “Alto jefe de la policía que logra ascensos pese acumular numerosas denuncias por acoso”. Lo firma el periodista Adolfo Ruiz. En esa nota, se revela que un comisario de la Policía de Córdoba, Carlos Cabral, a cargo de la departamental San Justo de Córdoba (Ciudad de San Francisco) fue denunciado cuatro veces por acoso sexual contra personal femenino que trabajó bajo su mando. La nota menciona que uno de los hechos fue denunciado ante el Tribunal de Conducta Policial y que nunca tuvo resolución contra Cabral, sino el pase a situación pasiva de la denunciante”.
Luego sintetiza el artículo: “Con fecha 26/04/18 se publica en la red social Instagram -y permanece activa hasta el 27/04/18 a las 02 AM– 8 historias con fotos extraídas de Facebook de Adolfo Ruiz y una de ellas de una persona semi desnuda pegándole a alguien en el piso. Todo con la leyenda siguiente: “Hoy le presentamos nuestro primer caso. Al Sr. que le están pegando en el parque Sarmiento de Córdoba capital, es el periodista @adolruiz0208 que no le quiso pagar a un transexual por el servicio, podes seguir su cuenta en @enredaccioncba o comunicarte con su abogada y cuñada o hablar con su hermano por la situación. El hincha fanático de @clubatleticobelgrano que se metió con el transexual”.
Puntualiza que “por cierto que se trata de una historia falsa y de fotos armadas. Pero también etiqueta la publicación en el Instagram de las hijas del periodista, menores de edad, indicando, de ese modo, el conocimiento que tenían de su vida y de sus afectos”.
Precisa que “estos hechos fueron denunciados ante la Fiscalía de turno de la provincia de Córdoba a cargo de la Dra. Jorgelina Gutiez y hasta hoy no tuvieron ninguna tramitación efectiva”.
Señala más adelante: “Sr. Secretario Relator, entendemos que este es un hecho violatorio del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que garantiza la libertad de pensamiento y de expresión y que obliga a los Estados a dar protección a este Derecho Humano que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”.
Plantea finalmente que “la obligación del Estado es sobre todo la de proteger y adoptar medidas para condenar amenazas como la que se da en este caso. Del mismo modo que no se puede restringir el Derecho de expresión por vías de controles oficiales o particulares, menos aún puede restringirse este Derecho Humano por vía de amenazas. De manera especial cuando ellas están generadas en informaciones que hacen a personas que detentan Poder Político del Estado”.
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