Esta pandemia del coronavirus es una guerra contra un enemigo invisible y desconocido. Sucede que los gobiernos, en este contexto y para evitar el pánico social, ocultan verdades. O al menos las silencian. Soy de los que piensa que esta política de silenciar verdades no sirve de nada en las sociedades del Siglo XXI con acceso a tanta información, que llega veloz y simultánea.
Pienso que la primera verdad que se debe transparentar y declarar es la de que la salud, que es el objetivo a proteger, tiene un triple contenido: bio-psico-social. El concepto de salud que los Estados buscan proteger y privilegiar no es solo biológico, sino que además es psicológico y social. Este concepto integral del concepto de salud, tal como es definido por la OMS (Organización Mundial de la Salud), debe ser el punto de partida de todas las políticas públicas de lucha contra la pandemia.
EL AISLAMIENTO SOCIAL
Escasas certezas científicas existen sobre este virus y como combatirlo. La única medida aconsejada por la experiencia es la del aislamiento social para evitar el contagio y la transmisión de la enfermedad. Pero dado que estamos hablando de un concepto de salud bio-psico-social, las medidas de aislamiento de una sociedad fuertemente gregaria, tienen un impacto grave en el psiquismo individual y en el orden social.
Las medidas de aislamiento social sin duda que son indispensables, pero debe medirse su duración en función de los daños colaterales que ese aislamiento puede generar en los seres humanos, muy especialmente en términos de vínculos interhumanos y de respeto por la ley como regla de orden social.
El aislamiento social disminuye la trasmisión del virus, y eso es muy bueno. Pero un aislamiento social prolongado en el tiempo debilita un aparato psicológico fuertemente gregario. Debilita los difíciles vínculos sociales y fundamentalmente genera el riesgo de que el individuo en su aislamiento, y ante la falta de esperanzas, quiebre su relación con la ley como regla de orden social.
Estos riesgos deben ser expuestos como tales a la sociedad como forma de prevenirlos. No se trata de daños anticipatorios, se trata de evitar consecuencias psíquicas y sociales generadas por el aislamiento y por la pérdida de esperanzas. Porque si se debilitan los psiquismos individuales con el encierro prolongado; si se quiebran los vínculos humanos, especialmente los familiares, ello lleva inevitablemente a un debilitamiento de la confianza social en la ley como regla de orden social. Y en ese escenario, aparece siempre el riesgo de la violencia por mano propia.
No olvidemos que el Estado de Derecho es el único dueño de la violencia legal. El Estado monopoliza la violencia, pero en situaciones de crisis o de guerras, ese monopolio de la violencia desaparece. Y esto es lo que hay que evitar que ocurra en Argentina y en el mundo. Que el aislamiento social prolongado e inevitable sea decidido sin tener en cuenta estos riesgos que son psicológicos y que son sociales.
¿QUÉ HACEMOS CON LOS ADULTOS MAYORES?
El grupo de riesgo de los mayores de 60/65 años, que si bien ha sido declarado como el sector social a proteger, ello puede cambiar en muy poco tiempo y los adultos mayores se pueden transformar en enemigos de la sociedad y en factores de riesgo, ya no para ellos mismos, sino para el otro.
Un escritor argentino Adolfo Bioy Casares escribió “El diario de la Guerra del Cerdo”. Era una historia sobre un mundo en donde estaba habilitado legal y socialmente ejecutar a los viejos. En España y en Italia, según las informaciones existentes, se habrían producido episodios en hospitales en los que los médicos debían elegir a qué pacientes les daban el respirador artificial y a cuáles no. Y esa decisión moral siempre era a favor de los jóvenes, por aquello de preservar la mayor cantidad posible de vida humana. Y quizás eso no esté mal. Pero de todo esto se debe hablar.
Porque nadie habla, quizás porque suena peligroso, de la muerte digna y el suicidio asistido, que son figuras jurídicas que están en la ley nacional, pero de escaso conocimiento social y sobre todo de escaso conocimiento de parte de los médicos. En situaciones de guerra como la que vivimos, la sociedad merece conocer toda la verdad y el Estado tiene la obligación de comunicarla para que no circulen falsas verdades que son la real fuente del pánico social.
Y al lado de la verdad completa, el Estado tiene la obligación de estipular conductas de solidaridad social. En el caso argentino quizás esta sea la hora histórica de terminar y enterrar las falsas verdades que nos acompañan desde hace mucho, que son la “viveza criolla” y la del “roba, pero hace”. Tenemos ejemplos de inmensa solidaridad que se deben aplaudir. El personal de la salud y las mismas fuerzas de seguridad hoy son la primera línea de la lucha.
Sin embargo, resulta increíble que la Justicia no esté en esta primera línea de lucha contra la pandemia. La Justicia es un poder independiente y su palabra tiene valor simbólico en una sociedad. Es de esperar que ello ocurra y la Justicia termine incorporándose con el personal de la salud y con las fuerzas de seguridad a la primera línea de lucha contra la pandemia porque ella es la garantía máxima de paz y tranquilidad que tiene una sociedad.
* Juan Carlos Vega, es abogado y ex presidente de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación. Autor del libro “La corrupción como Modelo de Poder” (Editorial Astrea, diciembre 2019). En este artículo colaboró Diego Fuentes.
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