La sede del gobierno cordobés. Foto: Gobierno de Córdoba.
Córdoba va en contra de la corriente con la ley de electrodependientes: mientras todo el país avanza en reconocer que las personas electrodependientes son sujetos de derechos y necesitan acceso universal, permanente y gratuito al servicio de energía eléctrica para poder vivir, el gobierno provincial insiste con la teoría de que son beneficiarios y que no todos los electrodependientes tienen el mismo derecho.
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El concepto se traduce en el artículo 5 del proyecto de ley provincial de electrodependientes, que afirma lo siguiente: “El titular del servicio o uno de sus convivientes que se encuentre registrado como paciente electrodependiente por cuestiones de salud tendrá un beneficio mínimo de la “Tarifa Social Provincial”, pudiendo llegar al 100% del total de los componentes de la tarifa del Servicio de Energía Eléctrica, garantizándose en su domicilio el servicio eléctrico en forma permanente. El medidor de consumo de energía en dicho domicilio deberá estar debidamente identificado”.
La ley nacional abarca a todos los electrodependientes, sin distinciones. Para ello, establece cuatro principios básicos: gratuidad del servicio; creación del registro de electrodependientes; apertura de una línea telefónica y exclusiva de atención las 24 horas para denunciar cortes de energía o bajas de tensión y recibir información concreta sobre la restitución del servicio; y provisión y mantenimiento de un generador de energía eléctrica para garantizar la provisión permanente del servicio.
Para colmo, Córdoba seguía la línea argumental de la ley 14560 de la provincia de Buenos Aires, pero esta semana la legislatura bonaerense derogó los artículos que consideraban a los electrodependientes como beneficiarios de asistencia, y lo cambió por la figura de derecho, adhiriendo directamente a la ley nacional. Resultado: los cordobeses quedaron solos en esta tesitura.
El legislador provincial Daniel Passerini.
El legislador peronista Daniel Passerini, le dijo a este medio, que Córdoba debe legislar de manera particular, porque tiene sistema de salud propio y la prestación del servicio se encuentra en manos de la Empresas Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) y cooperativas, no de EDENOR ni EDESUR, el prestador alcanzado por la ley nacional. Sin embargo, el núcleo del problema es la gratuidad del servicio. La explicación de fuentes legislativas, es que quieren evitar abusos en la aplicación de la ley, por ese motivo establecen un mínimo, que es la tarifa social y un máximo, que es la bonificación del 100% del consumo eléctrico. Esta idea, conlleva el concepto de que hay distintos tipos de electrodependencia, una definición que vulnera la ley 27351 y que no tiene sustento científico.
CAMPAÑA
En los últimos días, por vía de las redes sociales, se dieron a conocer las historias de electrodependientes que piden la adhesión de Córdoba a la ley nacional 27351 y la de la familia Albarracín-Perelló, padres de Máximo, que pusieron en marcha una campaña de firmas a través de Change.org con el mismo objetivo, que al cierre de este artículo, había conseguido más de 4.100 apoyos.
VER LA CAMPAÑA DE FIRMAS EN CHANGE.ORG.
La campaña de los electrodependientes tiene que ver con qué Unión por Córdoba (UPC) impulsa un proyecto que no adhiere a la ley nacional, sino que propone una ley provincial, que desconoce el derecho de recibir el servicio eléctrico de modo gratuito que dispone la norma aprobada por el Congreso Nacional y reglamentada por el Poder Ejecutivo.
Mientras, el tema sigue esperando una definición de la Legislatura de Córdoba, que lo tiene en tratamiento en la Comisión de Salud, Salta, Buenos Aires y Neuquén aprobaron en las últimas dos semanas sus respectivas leyes de adhesión.
VER LA HISTORIA DE SOL.
LA OPOSICIÓN
Ayer, el legislador Juan Pablo Quinteros (Frente Cívico, Interbloque Cambiemos), le dijo a ENREDACCIÓN que “si UPC insiste con esta propuesta, lleváremos un proyecto propio en el que impulsaremos la adhesión de Córdoba a la ley nacional 27351 y la gratuidad total en la provisión del servicio de energía eléctrica”.
Pese a que el legislador Daniel Passerini (UPC), uno de los autores del proyecto oficial, plantea que su bloque tiene la intención de avanzar en un proyecto consensuado, el artículo 5° divide aguas.
A la discusión sobre la letra de la ley, se le sumó que el martes pasado, Nora Perelló, mamá de Máximo Albarracín, junto a otros padres de electrodependientes iban a ser recibidos en la Comisión de Salud por los legisladores, para que expresaran sus puntos de vista sobre el proyecto de ley, pero finalmente el oficialismo decidió no participar de la reunión y el conclave fue suspendido. No se dieron a conocer oficialmente los motivos de la suspensión. El desplante profundizó las diferencias con el colectivo de padres. Es probable que haya una nueva citación para la próxima semana y que en alguna de las dos última sesiones de este año, el 13 o el 20, el tema tenga tratamiento legislativo, pero a esta altura nadie puede asegurarlo.
VER Córdoba aún no adhirió a la ley para electrodependientes y Pablo espera una solución.
VER RESOLUCIÓN DEL ENRE PARA EDENOR Y EDESUR.
VER LA HISTORIA DE MÁXIMO FRANCISCO.
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