En una acción coordinada que abarca a la Legislatura provincial y el Concejo Deliberante de Córdoba capital, el legislador Marcelo Cossar (UCR) y el concejal Juan Negri (UCR) impulsan proyectos “para prohibir la comunicación oficial que personalice la publicidad de los actos de gobierno procurando la promoción personal o partidaria en beneficio de un funcionario o colectivo de funcionarios determinado, sean tanto de carácter electivo, como designados por autoridad superior”.
Cossar dijo sobre la iniciativa que “la comunicación oficial es pública e institucional, no personal. Por esta razón es por demás importante que se aprueben proyectos como éstos, por la calidad de nuestras instituciones, para que en Córdoba no haya más funcionarios ni candidatos en las publicidades del gobierno, que se realizan en nombre del pueblo de Córdoba y con el dinero de todos los ciudadanos. Necesitamos recuperar la comunicación y la información pública como un bien público. ¿Qué significa esto? Que la comunicación pública debe volver a ser de los cordobeses, pública de verdad”.
Por su parte, el concejal Juan Negri apuntó que “presentamos un proyecto de ordenanza para despersonalizar la comunicación oficial. No estamos en contra de que se publiciten las obras que se realizan, sino que se esconda detrás de la publicidad oficial campañas permanentes de quienes gobiernan. Ésa ha sido la principal política pública de Hacemos por Córdoba en la provincia y en la ciudad, aprovecharse de la institucionalidad para posicionar a sus políticos.
El concejal siguió diciendo que “vemos constantemente como se utiliza el dinero público para posicionar la imagen del intendente Martín Llaryora, el gobernador Juan Schiaretti, el vicegobernador Manuel Calvo y la diputada Alejandra Vigo. Sobre todo, teniendo en cuenta las cifras millonarias que el gobierno gasta en publicidad oficial. El dinero de los cordobeses es de todos los cordobeses, no de quienes gobiernan”.
Por último, el legislador Cossar expresó que “en una de las publicidades que circuló hace unas semanas, teníamos al menos siete menciones a funcionarias antes de mostrar el nombre del programa social en cuestión. Pasa igual con las placas de las obras públicas y homenajes. Sabemos que la información de los actos de gobierno es una obligación del Estado. Pero a lo largo de estos 21 años, el Gobierno de Córdoba ha venido amparándose en esa obligación para sustituir los actos de gobierno por los actos de sus candidatos. El fin último no es informar a los cordobeses. Si fuera éste el verdadero objetivo, tendríamos datos abiertos y públicos”.
—
>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ.
>> También podés comprar libros, información y cultura en La Tienda de ENREDACCIÓN.
>> ©Enredacción. Está prohibida la reproducción de este artículo.
