Las mujeres despedidas durante el reciente conflicto del transporte urbano en la ciudad de Córdoba, representan el 40% del total de los trabajadores sancionados. Por ese motivo, hicieron una presentación ante el INADI.

Las trolebuseras durante uno de los actos de apoyo al conflicto salarial. Foto : Sebastán Salguero

Las trolebuseras fueron uno de los grupos más activos en el paro de choferes del transporte urbano de la ciudad de Córdoba, que se extendió hasta el martes y paralizó durante nueve días a la ciudad de Córdoba. Sobre el total de 150 despidos que produjo el conflicto y que ahora será tratados en el Ministerio de Trabajo la próxima semana, 60 se concentraron en la TAMSE, que es la compañía que opera los trolebuses. Ése número representa el 40% del total de las sanciones, cuando en realidad las mujeres son un 6% del total de los trabajadores del sector.

Frente a los despidos, la delegada de TAMSE, Sonia Beas señaló que “hoy, como delegadas de los trabajadores de la empresa  Tamse Trolebuses, en su mayoría mujeres, hicimos efectiva la denuncia por discriminación ante el INADI, porque de los aproximadamente 150 despidos ilegales efectuados por las empresas, 60 se concentran aquí. Es decir, mientras las mujeres representamos solo el 6% del total de trabajadores del transporte, se concentran en nuestra empresa el 40% de los despidos. No es casual que la gran mayoría de estos despidos ilegales recaigan en compañeras ligados a la Lista de Unidad, siendo que recientemente recuperamos el cuerpo de delegados luego de años de lucha”.

Por su parte, otra de las delegadas, Erica Oliva afirmó que “se trata de una política de ataque al activismo y particularmente a las mujeres trabajadoras. Venimos hace años resistiendo el vaciamiento del sistema de trolebuses, denunciando la liquidación de nuestras condiciones laborales y exigiendo ser reconocidas dentro del Convenio Colectivo de Trabajo como mujeres trabajadoras de trolebuses. Cuando nos organizamos para reclamar por nuestro salario, ante el miserable aumento del 8% para todo el año, Mestre y Schiaretti intentaron  represaliar al activismo más combativo,  persiguiendo como único objetivo aleccionar a las trabajadoras que nos organizamos.

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