Mario Negri habla en el quincho de Olivos, ayer, durante la reunión del presidente Mauricio Macri con los legisladores oficialistas. Foto: Prensa Gobierno Nacional.
La UCR está convencida que los CEOs del PRO pueden poner en riesgo el curso de la gestión del oficialismo a causa de los conflictos de intereses que han salido a la luz pública y los que eventualmente puedan producirse a partir del origen y actividades en el sector privado de buena parte de los funcionarios que rodean al presidente. También, consideran que situaciones como las de Valentín Díaz Gilligan o el ministro Luis Caputo pueden complicar aún más el panorama económico. El otro flanco es político: desde mediados del año pasado, Ricardo Alfonsín, recorre el país manifestando la disidencias de un sector de la UCR con la política económica, la falta de políticas sociales inclusivas y los episodios de corrupción. Por eso, la iniciativa de Negri , con el guiño de todo el oficialismo radical, se para sobre el eje de la transparencia, aunque tiene un problema práctico: hasta ahora su titular Laura Alonso ha sido más una funcionaria leal a Mauricio Macri que a la transparencia en la función pública.
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El proyecto fue presentado por Negri, jefe del bloque radical y del interbloque Cambiemos, acompañado por los diputados Karina Banfi, Luis Borsani y Miguel Bazze. Lo que hace la iniciativa es modificar la Ley de Ética Pública 25.188, para que la Oficina Anticorrupción (OA) actúe preventivamente en la regulación de conflicto de intereses, antes de la designación de funcionarios.
VER Proyecto UCR-Conflicto de Intereses.
Por conflicto de intereses se entiende a aquellas situaciones en las que el juicio de un funcionario, puede estar indebidamente influenciado por un interés, el cual frecuentemente es de tipo económico o personal. Es decir, una persona incurre en un conflicto de intereses cuando en vez de cumplir con lo debido, podría guiar sus decisiones o actuar en beneficio propio o de un tercero.
El ex-subsecretario General de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan.
Se conoce la iniciativa, el mismo día que la fiscal federal Alejandra Mángano, considerara que el ex subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan debe ser investigado. Con ese fin, la fiscal requirió, entre otras medidas de prueba, sus declaraciones juradas. Díaz Gilligan ocultó una cuenta con 1,2 millón de dólares en Andorra, un paraíso fiscal, que hace un par de semanas fue dada a conocer por una investigación del diario español El País.
Según el diario, Díaz Gilligan figuró hasta noviembre de 2014 como director de la firma Line Action, dedicada a la compra y venta de jugadores, radicada en Inglaterra pero perteneciente en un 100 por ciento a empresa panameña denominada Nashville North Inc. El propio funcionario de Cambiemos ligó la creación de la offshore a su relación de amistad con el empresario uruguayo Paco Casal.
También es investigado el ministro de Finanzas, Luis Caputo, acusado de administrar sociedades en paraísos fiscales.
Incluso, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, no pudo eludir el planteo de un economista cordobés, que trabaja en la Universidad Complutense de Madrid, sobre sus inversiones que estarían radicadas en el paraíso estadounidense de Delaware.
Ver: Paraísos fiscales: el economista que incomodó al ministro Dujovne en España, es cordobés.
“Proponemos que se capitalice la experiencia de la Oficina Anticorrupción para que su intervención sea temprana y de carácter preventivo, especialmente en materia de regulación de los conflictos de intereses”, esgrimieron los diputados radicales.
Negri explicó que “la idea es que quienes resulten designados comparezcan ante la OA, en una suerte de chequeo previo, para ver si no hay contradicciones entre su función anterior y el cargo que van a asumir”.
En el proyecto se establece que “aquellos funcionarios cuyo acceso a la función pública no sea un resultado directo del sufragio universal, incluirán en la declaración jurada sus antecedentes laborales a efectos de facilitar un mejor control respecto de los posibles conflictos de intereses actuales o potenciales u otros riesgos éticos o conflictos con las reglas y principios de integridad que puedan existir”.
Los cargos que abarca la iniciativa son los de jefe de Gabinete, ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional, y titulares o integrantes de los órganos de gobierno de los entes reguladores de servicios públicos.
Según el proyecto, la OA deberá “analizar los antecedentes laborales, profesionales y los intereses sociales y patrimoniales de los candidatos en el marco de las normas sobre ética pública”, y formular “las indicaciones y recomendaciones que pudieren corresponder”.
Para eso, el órgano podrá “tomar en cuenta la información que se hubiera presentado y las fuentes de información públicas disponibles”, y además “requerir información complementaria al candidato y pedir informes a los organismos nacionales, provinciales y municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto a organismos privados y como particulares”.
La iniciativa plantea medidas preventivas que deberá tomar la OA, órgano que deberá realizar un dictamen -de carácter público- referido “a la eventual designación en el cargo del candidato o aspirante que podrá ser en el sentido de recomendación a reparar la situación detectada, a no avanzar con la designación o la potencial intervención de otras autoridades según el caso específico”.
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