Pistola reglamentaria de la Policía. (Imagen ilustrativa)
El 8 de febrero de 2013 un patrullero se detuvo a controlar un Volkswagen Vento con vidrios polarizados estacionado cerca de la plaza Rivadavia de Alta Córdoba. Cuando los uniformados se acercaron, el acompañante bajó del auto y huyó corriendo. El conductor arrancó el vehículo y aceleró. Para evitar que el sospechoso escapara, el cabo Esteban Goico sacó su pistola y realizó un disparo de “advertencia”. La advertencia entró por la espalda de Luciano Chávez, de 29 años. El auto que manejaba se detuvo 30 metros más adelante, con él desvanecido en su interior. Murió horas después en el hospital.
La muerte de Chávez fue una verdadera ejecución sumaria: una demostración de cómo, en ocasiones, las fuerzas de seguridad tratan a los sospechosos como delincuentes y a estos como condenados a muerte.
Después de un intenso debate judicial por la carátula de la causa, finalmente el policía comenzará a ser juzgado por “homicidio calificado doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por la condición de policía”. La audiencia comenzará el próximo 12 de septiembre, en la Cámara 1° del Crimen, que se integrará con jurado popular por tratarse de un funcionario público.
El caso fue instruido en su mayoría por el fiscal Raúl Garzón, quien reemplazó a Carlos Matheu, fiscal de origen del caso, que debió apartarse ya que un familiar suyo actuaba en la defensa del imputado.
En un principio, la carátula de la causa osciló entre legítima defensa y exceso en legítima defensa, dos de las figuras más recurrentes en los casos de “gatillo fácil”. Finalmente, Garzón optó por el “homicidio con dolo eventual”. Para el fiscal, el policía se debió representar que al momento de disparar al auto podía causarle la muerte al conductor. El único disparo que realizó ingresó por la puerta trasera del auto y se incrustó en la espalda del joven, que quedó desvanecido 30 metros más allá.
En los casos de homicidio calificado no existe escala penal: el acusado es condenado a cadena perpetua, o es absuelto. Pese a la gravedad del delito, el efectivo llega en libertad al juicio.
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