Como juez a cargo del Tribunal Federal Nº 1 de Córdoba, me tocó integrar, a mediados de 1989, la Cámara Federal de Córdoba, para el juzgamiento del Gral. Luciano Benjamín Menéndez, acusado por haber cometido graves crímenes de lesa humanidad. En la causa, el 4 de diciembre de 1989, de oficio declaré la inconstitucionalidad del decreto presidencial que indulto al antes referido, quedé en minoría, fui el único magistrado que tuve esa postura, ya que los otros cinco miembros de la Cámara votaron a favor de aplicar el indulto a Menéndez. Luego, a principio del año 1990, dado que la mayoría de los otros magistrados en otras jurisdicciones del resto del país, convalidaron los indultos otorgados a los responsables de graves violaciones a derechos humanos, presenté mi renuncia al cargo de juez federal. En ese momento, consideré que la impunidad que se consagraba a responsables de crímenes de lesa humanidad hería gravemente la conciencia del valor “Justicia”, que debía tener y aplicar el Poder Judicial en Argentina. Al retirarme del cargo dije, que el accionar judicial en la temática mostraba “Una Justicia impiadosa con los débiles y genuflexa con los poderosos”. Quince años después de mi postura, gracias a la fuerza y tenacidad de las organizaciones de derechos humanos, y particularmente, de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, se logró revertir, la impunidad inaceptable. Cabe acotar que posteriormente, Luciano Menéndez ha sido la persona con más condenas a cadena perpetua en la historia penal argentina (dieciocho casos) y dos más condenas a 20 años de prisión.
Más, no quise ser profeta en la temática, pero, más allá de mujeres y hombres de bien en lo moral y en lo técnico, que integran el Poder Judicial, la realidad sigue demostrando una impronta similar a la que referí, en el accionar institucional del Poder Judicial, particularmente en sus cúpulas y en tribunales con especial poder en determinados temas.
Resulta de mucha importancia democratizar y represtigiar al Poder Judicial. Éste debe ser independiente, pero no indiferente al destino común de la sociedad, de los problemas en su conjunto y no actuar como una corporación que sólo se auto defiende u opera al servicio de otros intereses fácticos.
Asimismo, la tarea del juez en Democracia, si bien se debe basar en la ley, únicamente se puede ejercer adecuadamente como poder, si está fundada en la “autoridad moral” de quien aplica la norma. Son los jueces los que, para tener fuerza moral, deben dar el ejemplo. La sociedad, no sólo le reclama al Poder Judicial que trabaje en la búsqueda de la verdad y la justicia, desde la ley, sino que demuestre que puede exigir a los demás lo que está dispuesto a exigirse a sí mismo. Baste señalar, en este aspecto, la imperiosa necesidad que todos y todas los/as magistrados/as acepten pagar el impuesto a las ganancias. También los jubilados de la magistratura, que por una simple sentencia y sin poder aducir que les afecta la independencia, porque ya no son jueces en ejercicio, sin embargo, tampoco pagan impuesto a las ganancias, (fallo del 11/04/2006, caso “Gutiérrez, O.”).
Tampoco cabe que se acojan a ventajas con privilegios. Esto sucede ahora que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) les dice a los jueces y fiscales que voluntariamente habían optado por sacar la jubilación que tienen 30 días hábiles para presentar su renuncia o desistir y retirar la carpeta. Resulta que ellos dicen ahora que se los persigue, cuando el trámite lo hicieron voluntariamente. Pero lo que no dicen los supuestos agraviados, que la maniobra de los casi más de 220 jueces y fiscales que la realizaron, lo fue para cubrirse cuando se les ocurra retirarse, por si cambia la ley. Así, decir que se jubilaron con una ley que consideran le es más ventajosa y en virtud ello sí sale nuevas leyes que no les son beneficiosas, mantienen la ley al tiempo que optaron o de lo contrario se acogen a una nueva ley, si resulta más ventajosa. Ese juego, que la mayoría de los jubilados no pueden hacer, pretenden que se convalide y se ponen en víctimas. También de esa manera evitan cualquier pedido de juicio político, porque automáticamente optan por renunciar y acogerse a la jubilación ya tramitada. Aún más, en esa maniobra hubo fiscales que aún, habiendo presentado y aceptado su renuncia por el Poder Ejecutivo, no querían dejar el cargo. El Poder Judicial no puede convalidarse a sí mismo prácticas de un ventajismo discriminatorio inaceptable.
Tampoco se debe tolerar que se jure por la Constitución que establece que los jueces deben retirarse a los 75 años (art. 99, inc. 4, de la Const. Nac.) y cuando llega el momento, por una sentencia de un amparo de primera instancia, consentida por el gobierno de Mauricio Macri, a la magistrada de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco, se le ha permitido seguir en funciones hasta ahora, teniendo 78 años.
Lo referido se potencia negativamente, toda vez que los grandes intereses económicos, financieros y políticos saben, que cualquier problema grave con la sociedad, se arregla teniendo la certeza que los máximos tribunales de apelación defiendan sus intereses. Ellos les garantizan resultados y permiten asegurar la demora de resolver porque, por lo general, las máximas instancias judiciales no tienen plazo para decidir.
A lo que cabe sumar, lo que se ha evidenciado recientemente, la participación de jueces y fiscales acordando operaciones mafiosas; condicionando derechos y articulándose con servicios de inteligencia y poderes políticos y fácticos contrarios al bien común. Así, entre otros múltiples ejemplos existentes en el tema, y en una muestra de poder inaceptable, resultó clara la maniobra política de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que no podían desconocer la Constitución Nacional, y sin embargo, se notificó a la vice presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, que tenía una audiencia en la causa del dólar futuro, el 1 de marzo de este año a las 11 horas, cuando ella, en ese mismo momento, debía presidir la sesión en la que el presidente hace el informe sobre el estado de la Nación, (arts. 63 y 99 inc. 8 de la CN). ¿Querían hacer aparecer que ella no quería ir o mostrar que tiene procesos penales pendientes?
Poder Judicial, ¡Basta de genuflexión al servicio de otros intereses contrarios a la ley, la verdad y la justicia!
* Miguel Julio Rodríguez Villafañe es abogado constitucionalista y ex juez Federal de Córdoba.
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