La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
“Hacen falta acciones concretas para disminuir la inseguridad”, afirma el legislador de la UCR / Cambiemos, Javier Bee Sellares. En esa línea, presentó un proyecto de ley para que la provincia de Córdoba adhiera al protocolo que se implementa a nivel nacional para el uso de armas por parte de las fuerzas de seguridad. Dice el legislador que el objetico es “sostener la protección de la vida y la integridad física de la ciudadanía en su conjunto y de los uniformados cuando se encuentren en una situación de peligro inminente”.
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El gobierno provincial desestimó sumarse a la doctrina planteada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, cuando esta presentó el nuevo protocolo de uso de armas para las fuerzas de seguridad nacionales. En lo central, la medida del gobierno nacional autoriza a los efectivos policiales federales, de Gendarmería y de Prefectura Naval, a disparar a matar contra quienes intenten darse a la fuga o resistan su detención, entre otras motivaciones.
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“Las nuevas normas que se incorporan con el presente proyecto disponen entre otras cosas que se hará uso de las armas de fuego cuando resulten ineficaces otros medios no violentos; en casos como defensa propia o de otras personas, o de peligro inminente de muerte o de lesiones graves y para impedir la comisión de un delito particularmente grave, que presente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas. La medida también se aplica para detener a quien represente peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad, y para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente”, explicó el legislador radical.
“El Gobernador, como máxima autoridad de las fuerzas de seguridad provinciales, tiene el deber de llevar adelante acciones concretas para disminuir la inseguridad que padecen a diario los cordobeses a causa de la creciente ola delictiva que afecta a toda la provincia”, argumentó.
Agrega que “se torna imprescindible dotar al personal policial de nuevas herramientas para que puedan cumplir con los deberes que les impone la ley, para poder servir a su comunidad y protegerla contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión que les impone defender la vida, la libertad y la propiedad, y prevenir e interrumpir actos delictivos o contravencionales”.
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