UNICEF pide garantizar los derechos de la infancia frente a la crisis. (Archivo Mariano Paiz).
UNICEF asegura que “Argentina se enfrenta a un complejo entorno económico que plantea retos y decisiones difíciles para garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.
Precisa que “los anuncios realizados por el Ministerio de Hacienda en el marco de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), establecen como supuestos una contracción del PBI para 2018 de 2,4% y del 0% para 2019 y una tasa de inflación de 42% para 2018. En ese escenario, se presentan nuevas metas fiscales que implican un esfuerzo adicional para alcanzar un nivel de 0% de déficit primario en 2019 y superávit primario de 1% en 2020”.
Agrega que “la aceleración inflacionaria y la caída de la actividad tienen consecuencias sobre los salarios reales afectando el poder adquisitivo de las familias e impactando en el bienestar de sus miembros. En este escenario, los hogares con niños y niñas son los más expuestos a riesgos, en particular, los que ya estaban situación de pobreza, con bajo nivel de ingreso o empleo informal. La pobreza sigue concentrada en la niñez y adolescencia: alcanza a 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes frente a un valor de 25,4% para la población en general”.
Sigue diciendo que “las crisis económicas tienen enormes consecuencias para los niños, niñas y adolescentes pues existe el riesgo latente de que abandonen la escuela, ingresen tempranamente al mercado laboral, disminuyan la cantidad y calidad de alimentos que consumen, vean restringido su acceso a los servicios de salud, y/o sean víctimas de violencia, entre otros riesgos sociales significativos”.
Por último afirma que “garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes no es solamente una responsabilidad ética y legal, sino que tiene implicaciones en las políticas económicas y sociales y en la asignación y distribución de los recursos. La Convención sobre los Derechos del Niño establece que los gobiernos deben asegurar que, en cada disposición, siempre prevalezca la mejor opción posible para la niñez. A su vez, obliga a los Estados a asignar los recursos materiales y económicos para garantizar el goce de derechos de los niños “hasta el máximo de los recursos de que dispongan” y, en tiempos de crisis económica, los gobiernos no deben adoptar medidas regresivas que pongan riesgo a la infancia. En esta misma línea, la recomendación realizada por el Comité de Derechos del Niño al país en 2018 llamó a proteger los recursos asignados a la niñez y asegurar que sean ejecutados de manera completa y eficiente”.
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