Jorge Balla, un militar condenado a prisión perpetua como autor de delitos de lesa humanidad, que recibió el beneficio de prisión domiciliaria e intenta cumplirla en San Francisco, fue repudiado por organismos de derechos humanos de esa ciudad y, este jueves, el Concejo Deliberante lo declaró persona no grata.
El debate se inició a partir del proyecto presentado por el concejal Andrés “Bocha” Romero (Frente de Todos), pidiendo se declare “persona no grata” al represor y luego, los distintos bloques legislativos –el peronismo y la UCR- se sumaron, consensuando la resolución contra Balla.
Señala la iniciativa aprobada hace algunas horas que “(…) las Fuerzas Armadas en su conjunto se habían puesto de acuerdo para llevar a cabo un plan de aniquilación a todos los que, por alguna razón les parecían diferentes. Parados en otra vereda, disidentes o críticos, sencillamente pasaban a ser “guerrilleros o subversivos”, es decir, enemigos que debían ser aniquilados (…) El ex sargento José Balla, perteneció a esta patota gobernante (y) fue responsable y partícipe”.
Romero, fundamentó su planteo en que “en los años posteriores, con la vuelta a la democracia el ex sargento Jorge Balla -lejos de todo arrepentimiento- se vanagloriaba de su participación en el Terrorismo de Estado, fomentado el concepto de “enfrentamientos” o “guerra” para justificar estos bestiales asesinatos”.
Explicó que Balla, “desde 2017, goza de beneficio de prisión domiciliaria, régimen que desde entonces incumplió sistemáticamente llegando a ejecutar acciones de hostigamiento, amenazas y violencia en contra de sus vecinos”.
Dijo el concejal que “esta situación es un riesgo que expone a los vecinos y vecinas a vivir junto a uno de los autores de los crímenes más oscuros de nuestra historia” y exigió, por último, “cárcel común, perpetua y efectiva a todos los responsables de la última dictadura cívico militar en nuestro país”.
Por cierto, Balla que tiene una tobillera electrónica, dejó su domicilio en la ciudad de Santa Fe días atrás y ya se encuentra en San Francisco. Eligió esta ciudad como lugar para cumplir la prisión domiciliaria porque vive un familiar cercano.
Fue trasladado hasta San Francisco en un coche de Gendarmería Nacional y se instaló en un departamento céntrico.
La decisión que permitió su traslado fue tomada por el Tribunal Oral Criminal Federal de Santa Fe en un fallo del pasado 4 de abril, luego de las amenazas y actos violentos que había tenido para con sus vecinos.
Según informó El Periódico de San Francisco, el propietario del inmueble donde empezó a vivir Balla pidió mediante carta documento el desalojo del departamento, aduciendo haber sido engañado al momento de concretar el contrato de alquiler.
“En el mes de febrero una señora, según ella divorciada, se presentó solicitando alquilar un inmueble para vivir acá. Presenta una garantía, se piden los informes y la garantía era correcta, no había problema. Entonces se celebra el contrato de locación y se alquila el inmueble, sin decir una palabra de que convivía o no sé qué relación tenía la persona que está con prisión domiciliaria por delitos de lesa humanidad. El haber ocultado un caso de este tipo para mí es suficiente para pedir la rescisión del contrato”, le contó al citado medio, Alberto Esper, el locador.
Cabe acotar, que otros inquilinos del complejo le manifestaron al propietario del departamento que no querían la presencia de Balla.
Balla había sido beneficiado con prisión domiciliaria argumentando cuestiones de salud y evitando, de ese modo, ir a una cárcel común. La condena la cumplió en su casa, en la ciudad de Santa Fe. Sin embargo, siempre gozó de una prisión domiciliaria liviana e irregular que le valió para transgredir las reglas e incluso amenazar de muerte a una pareja vecina, mostrando una total impunidad.
“Montonero hijo de puta, te voy a matar, te voy a matar por el patio”, le gritó a un vecino en Santa Fe el pasado 5 de diciembre. La sucesión de episodios de este tipo, hizo que la esposa del hombre amenazado, a causa del estrés, sufriera un parto prematuro de su embarazo. La pareja hizo la denuncia que luego derivó en este cambio de domicilio a San Francisco.
Por este hecho, incluso, la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó ante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe y la Fiscalía federal, a cargo de Martín Suárez Faisal, un dictamen técnico sobre la necesidad del “cese del beneficio de la prisión domiciliaria para el condenado por crímenes de lesa humanidad”.
El militar fue condenado en 2019, por el Tribunal Oral de Santa Fe, en el marco de la causa por la masacre de Ituzaingó y Las Heras, ocurrida el 19 de enero de 1977. Condenó a tres militares: el coronel Ramón Abel Recio, el sargento Jorge Alberto Balla y el cabo Luis Alfredo Gómez y a un ex oficial de inteligencia del D-2 Oscar Cayetano Valdez a prisión perpetua por los “homicidios calificados por alevosía” de cuatro militantes políticos en resistencia a la dictadura: Jorge Piotti, su pareja Ileana Gómez y los compañeros de ambos, Osvaldo Pascual Ziccardi y Carlos Mario Frigerio. Del ataque sólo sobrevivieron los dos niños, hijos de la pareja, de 2 años y 45 días de vida, posiblemente ocultos dentro de un mueble de la casa. Ese día también fue asesinada Elina Carlen, vecina de los militantes, que abrió la ventana de su departamento cuando la patota iniciaba su operativo.
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