La adhesión al paro docente de este miércoles fue más pobre que las dos jornadas precedentes. Tuvo mayor peso en Córdoba capital y menos en el interior. También se sintió más en la secundaria que en la primaria.

El presidente Mauricio Macri (Foto: Presidencia de la Nación).
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El fondo del conflicto docente es la decisión del gobierno del presidente Mauricio Macri de acotar los incrementos salariales a alrededor del 19% para 2017 y de desactivar la paritaria nacional, que existe por Ley, y que hasta 2016 fijó condiciones laborales y pisos salariales para el sector.

La cuestión de la paritaria aglutina a los maestros de todo el país y es, en los hechos, un regreso al planteo descentralizador de la Ley Federal de Educación que aplicó el gobierno de Carlos Saúl Menem, aunque en este caso, todavía, no tenga reflejo jurídico.

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PARO DÍA 3: El gobierno provincial dice que la adhesión al paro fue de 19%, distribuidos un 30% en el sector público y un 9% en el segmento privado. El gremio estimó una adhesión del 70% en la capital cordobesa.

En cambio, el procentaje de incremento es una puja clásica por distribución del ingreso, que encuentra en primera fila a los docentes, pero que podría ser detonante de la acción de otros sectores laborales. De cualquier modo esto no es lineal y depende de la evolución del consumo de los distintos sectores, la situación del empleo, el clima político general en un año electoral y la billetera “lateral” (obras sociales y gasto social) con que actúe el ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca. En ese escenario general, “la madre de todas las batallas” se produce en la provincia de Buenos Aires.

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Por eso, el conflicto docente es una puja testigo para todo el mundo, y allí, el gobierno nacional busca desalentar demandas por encima del 19,5% que las administraciones provinciales propusieron en general (salvo San Luis con +45,3%, Tucumán con +23%). La “batalla” por la opinión pública ha tratado de colocar como “enemigo público” al secretario General de SUTEBA, Roberto Baradel, señalando a la vez, que las medidas de fuerza son “políticas”. Esto es, para desgastar al gobierno en el camino a las elecciones legislativas de octubre de 2017. En la misma sintonía se anotó el gobierno de Córdoba, que conduce Juan Schiaretti (PJ delasotista), que le apunta a través de sus voceros al secretario General de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), Juan Monserrat, por su adhesión al kirchnerismo.

LO QUÉ VIENE: La UEPC convocó a un paro de cuatro días, empezando por este miércoles y jueves, en adhesión a la medida de fuerza nacional convocada por CTERA, y una nueva medida de fuerza para el martes y miércoles de la semana próxima, con marchas en Córdoba y adhesión a la marcha nacional a Plaza de Mayo.

Monserrat justifica la demora en llegar a acuerdos en un dato de valor. Dice que “la Provincia no firmará nada hasta que se destrabe el conflicto en Buenos Aires, que se ha convertido en una paritaria nacional. Entonces, tira una propuesta que sabe que no será aprobada para estirar los tiempos”.

En números cordobeses, los docentes reclaman un 25% de incremento, mientras el gobierno propone 19,5%, una clausula gatillo contra la inflación de 2017 (Es decir, que si el índice de precios superara el 19,5% plantearía una actualización automática) y el reconocimiento de actas salariales de 2015, que comenzarían a abonarse retroactivas al mes de febrero (los maestros piden desde noviembre de 2016). El problema del caso local reside en 2016: Los docentes obtuvieron un incremento de 32,7% (incluido el Incentivo Docente) y la inflación promedio habría rondado el 40% (recordemos que comenzó a medirse con nueva metodología desde el mes de mayo de 2016). Esto es, una pérdida porcentual de alrededor de 8 puntos.

Así, un maestro de grado recién ingresado, percibe 12.047 pesos. Mientras que un profesor de secundaria con 30 horas catedra, parte desde 15.514 pesos.

Sin embargo, lo más llamativo de la jornada del miércoles no fue la huelga, sino las declaraciones del ministro de Educación de la provincia, Walter Grahovac, a Radio Cadena 3. Allí admitió que se está produciendo un ajuste en las erogaciones del Estado a partir de la política macroeconómica de la administración nacional. “La política antiinflacionaria del gobierno nacional lleva a que debamos ser cuidadosos con los recursos”, apuntó.