Las tarifas de gas, luz, agua y cloacas tienen la virtud de conformar el escenario económico y político. Sobre todo las de gas muestran que el gobierno logró domar a la oposición y “convencerla” que en Argentina no hay otro camino que pagar el gas en boca de pozo un 165% más caro que Estados Unidos; 6,38 dólares por millón de BTU contra 2,4 dólares. Se trata de una renta “corsaria”, propia de un país dependiente de principios del siglo XX. México, que importa gas desde Trumplandia, también paga 2,4 dólares. La razón discursiva, el relato oficial, indicaba que la eliminación de subsidios del Estado a los usuarios vía el alza de tarifas incentivaría la inversión privada en el área energética. La verdad, es que esa promesa del presidente Mauricio Macri y su ministro de Energía y MInería, Juan José Aranguren no se cumplió. En el área energética, disminuyó la producción de petróleo y gas y aumentaron las importaciones de hidrocarburos.
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Si bien se mantiene en un estricto secreto el costo de producción de gas convencional en el territorio y off shore, al igual que él no convencional que se explota en Vaca Muerta, el valor que pagan los usuarios refleja literalmente precio internacional y no tiene en cuenta el histórico costo menor de la producción petrolera y gasífera nacional. El problema del valor del gas, como todas las cuestiones de intereses económicos depende donde se esté ubicado: las empresas se ven beneficiadas con esta política. Los usuarios residenciales, comerciales e industriales no. Sucede que Argentina, desde el descubrimiento en 1978 del Yacimiento Loma de la Lata en Neuquén, trasladó la matriz energética al gas, tanto para producir energía, como para abastecer los hogares argentinos. Que el gas sea comercializado tierra adentro a precio internacional, siendo Argentina un país productor -sin autoabastecimiento, esto es que necesita importar una porción para abastecer su mercado interno-, cumple una doble función: de transferencia de ingresos a las petroleras y de desindustrialización. La poderosa ofensiva de flexibilización laboral que plantea el gobierno tiene que ver con bajar el costo del trabajo para suplir parte de la competitividad que se pierde al producir con energía cara.
Según un estudio del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda, el peso de los servicios públicos sobre el salario mínimo pasó a representar del 6% en 2015 al 21% en 2018, trepando al tope en América Latina.
Una oficina de Ecogas, la distribuidora de gas natural en Córdoba.
El único país comparable que es Brasil destina el 5% de sus ingresos al pago de transporte y el 14% hacia los gastos de luz, gas y agua corriente, lo que determina un 19% para el total de las erogaciones relacionadas los servicios públicos en relación al salario mínimo.
Los brasileños pagan el gas incluso más caro que Argentina, 7,96 dólares por millón de BTU el local el local y 6,29 dólares por millón de BTU el importado desde Bolivia, pero como la matriz energética se sostiene sobre la energía hidroeléctrica (66% del total contra 39% de Argentina) las tarifas energéticas cuestan alrededor de la mitad de las argentina.
Para los CEOs del gobierno, las dolarización de las tarifas son un eje de la política macroeconómica, porque reducirá en 2019 los subsidios energéticos (gas y luz) de casi 130 mil millones de pesos (2014) a una porción ínfima; permitirá sostener una alianza con las petroleras y prestadoras de servicios públicos; y a su vez liberar recursos para el pago de la creciente deuda externa.
Sin embargo, las tarifas, como el ajuste a los jubilados, demuestran que la política al igual que en los ’90 queda subordinada a la economía. También valida la foto de que avanza la restauración de un modelo neoliberal con todas sus luces.
El presidente Mauricio Macri y el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren. Foto: Prensa Gobierno Nacional.
Una vez más, el gobierno ha demostrado que pude domesticar opositores con muchísima velocidad, pero vuelve a pagar un costo político elevado en la sociedad. Más allá de cargar la responsabilidad en el “populismo kirchnerista”, la sociedad percibe que se trata de un ajuste y que los beneficios -si esta política los tuviera- se demoran en llegar. La preocupación por la inflación es un tema central de la agenda social y también la incapacidad del gobierno en controlarla. Pero ese pesimismo social ha limado la base electoral del gobierno, dejando libre un amplio sector social que antes apoyaba al presidente frente a Cristina Fernández, y también la imagen de la principal oposición, esto es CFK. El ajuste y la falta de respuestas desmoronan las expectativas creando un nuevo escenario político y social.
VER Aumenta la imagen negativa de Macri y CFK: “El pesimismo impacta a toda la clase política”.
De cualquier modo, en términos institucionales, el gobierno pudo domar la rebelión light de Lilita Carrió y la UCR de un solo plumazo. Y pudo convencer al peronismo dialoguista (uno de cuyos principales referentes es el cordobés Juan Schiaretti) y el Frente Renovador de Sergio Massa de discutir en comisiones sin forzar un escenario dramático como el del miércoles pasado, donde estuvieron -junto con el kirchnerismo- a un diputado de conseguir una sesión especial (entre los cordobeses no bajaron al recinto la diputada nacional Alejandra Vigo ni el ex kirchnerista Juan Manuel Pereyra -ayer su hija Gloria Pereyra se mostró junto al radical Mario Negri-). Sin drama político, la gobernabilidad frente a los factores de poder está asegurada, pero es un nuevo “trago amargo” para muchos sectores de la sociedad. Sin embargo, los bloques de Argentina Federal y el Frente Renovador tienen pedida una sesión especial para las 11 de mañana miércoles, que tiene el acompañamiento del kirchnerismo. Esto implica, que al menos en parte no han descartado el escenario dramático. Este grupo intenta poner límite a los nuevos aumentos de tarifas, poniéndoles el techo de los salarios. Parece claro, en este sentido, que la acción tiene más que ver con el ajuste fiscal que plantea el Ejecutivo que con la voluntad real de alterar el esquema de transferencias desproporcionadas en favor de las petroleras y distribuidoras, algo que ya sucedió. El límite -para bien y para mal-, es la billetera flaca de los gobernadores dialoguistas y la existencia de un peronismo neoliberal como en los ’90, donde hay gobernadores y dirigentes de todo ropaje, que alimentan esta explosiva confluencia con el gobierno que se convierte en mayoría dentro del sistema de poder. Ese nuevo escenario se puede ver de esta manera también: si el ajuste jubilatorio de diciembre habilitó la idea de que un peronismo unificado podía imponer algunas condiciones al proyecto neoliberal del gobierno, la fallida sesión especial por las tarifas puso a flor de piel las limitaciones de esa estrategia.
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