El asunto recuerda a la década infame o a los años anteriores a la Ley Sáenz Peña, que determinó el voto universal, secreto y obligatorio en Argentina. Épocas donde el fraude era el mecanismo vigente para la elección de autoridades. Tiempo en el que el caudillo lugareño llevaba las libretas de enrolamiento de los votantes y votaba por ellos, a la par que impedía la aparición de listas contrarias a su dominio o el de sus mandantes a partir del control de la fuerza. La democracia era eso antes de 1916, cuando triunfó el radical Hipólito Yrigoyen. Fue eso desde el golpe de estado contra Yrigoyen en 1930, un golpe encabezado por el general José Félix Uriburu. La década Infame prolongaría su influencia hasta la llegada del peronismo a mitad de la década del 40’.

Una asamblea de vecinos para elegir la comisión directiva de un centro vecinal debe respetar la ley y la participación de distintos actores políticos y vecinales, en paz, con mecanismos transparentes y con garantías de igualdad, para que cada uno ejerza su derecho a participar, opinar, y elegir. Lo mismo debe suceder en el acto electoral, el momento en el que los ciudadanos ejercen su derecho a elegir y ser elegidos. Es un punto culminante de la democracia, en cualquiera de sus instancias. Es equiparable a una operación dentro de un quirófano.

La concejal Sandra Trigo es presidenta provisoria del Concejo Deliberante de Córdoba Capital, tercera en la línea sucesoria municipal. Es una dirigente peronista con amplia trayectoria y experiencia política, que ha ocupado innumerables cargos legislativos y ejecutivos. Tiene derecho a impulsar la lista y los vecinos que quiera y a acompañar a los integrantes de su sector, lo que no puede (ni debe) es utilizar su poder político para controlar y “amañar” el proceso electoral, como parece ocurrir en el barrio Cerro de las Rosas.
El veedor de esta elección vecinal es Eduardo Fleurent Echenique, representante de la Municipalidad de Córdoba en el proceso electoral. Es decir, el encargado de garantizar la transparencia de la elección. Depende del secretario de Fortalecimiento Vecinal, Héctor “Pichi” Campana, y del director de Asuntos Vecinales, Adrián Brito. Fleurent Echenique fue fotografiado junto con Trigo e integrantes de la lista opositora de la conducción del centro vecinal poco antes de la asamblea para designar la junta electoral. El encuentro se realizó en el restaurante Carmelo, cuyo propietario es candidato a secretario de la Lista 10. La peor imagen posible, que lesiona la necesaria ecuanimidad que debiera guardar el Estado (con Fleurent) frente a una previsible confrontación electoral como se va a producir en este barrio cordobés.

El director de Asuntos Vecinales del municipio, Adrián Brito.

El secretario de Fortalecimiento Vecinal y Deportes, Héctor “Pichi” Campana.
Por su parte, la lista 10 es impulsada por comerciantes y desarrollistas que no concuerdan con el amparo concedido por la Justicia provincial en favor de los vecinos de este barrio del noroeste capitalino que tiene protección patrimonial por su valor arquitectónico e histórico. Justamente, el recurso judicial obtenido a instancia del actual Centro Vecinal es el que impide la construcción de edificios en altura y la instalación de comercios que excedan el alcance barrial, entre otras medidas de protección.
La connivencia para burlar la voluntad vecinal, que incluye el impedimento de participar en la elección a la lista que representa a la actual conducción, es un delito, pero también expone una relación espuria entre el poder estatal, político y económico. Según denuncian los vecinos que viven en el barrio, al menos diez de los integrantes de la lista 10 no pudieron presentar certificados de habilitación de sus comercios, porque están en contravención con las normas municipales. Sin embargo, de seguir adelante este proceso, podrían llegar a ser electos.
A esta altura parece estar claro que la lista 10 podría ser aceptada al margen de la legalidad y que eso podría suceder como consecuencia de esta relación impropia, que deviene, además, en posibles responsabilidades penales de los funcionarios públicos intervinientes. Pero el tema es que además de ser un despropósito en términos formales, legales y democráticos, también muestra la relación entre la política y un sector en el que participan muchos comerciantes que para poder funcionar deben hacerlo con la “vista gorda” del Estado municipal. A ello, hay que agregar la denuncia de una de las integrantes de la lista 25, que antes intentó participar de la conformación de la lista 10: “Lo único que se habló en esa reunión a la que me acerqué fue de voltearlo a (Adrián) Zak (actual presidente del Centro Vecinal del Cerro) y al amparo. No es lo que yo quería, así que me fui”. Por cierto, el amparo vigente evita los grandes desarrollos inmobiliarios y comerciales, que en este barrio sólo pueden realizarse en la avenida Rafael Núñez.
[MÁS INFORMACIÓN]
VER Vecinos del Cerro de las Rosas: “Queremos recuperar la tranquilidad”.
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