Miles de jubilados, acompañados por trabajadores de sindicatos nucleados en la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA), se movilizaron frente al Congreso de la Nación en una nueva jornada de protesta. La marcha, que comenzó a las 15 horas, se realizó en reclamo de aumentos de emergencia para jubilaciones y pensiones, paritarias libres, la homologación de convenios colectivos y el cese de la represión a las manifestaciones sociales, en la previa del paro general convocado para el jueves.
La CGT, al confirmar su adhesión a la protesta, expresó en un comunicado: “Reclamamos paritarias libres, homologación de todos los Convenios Colectivos de Trabajo, aumento de emergencia para todas las jubilaciones y pensiones, actualización del bono y poner fin a la represión salvaje de la protesta social”. Los manifestantes, que coparon las inmediaciones del Congreso, dirigieron sus críticas hacia las políticas económicas del gobierno de Javier Milei, a las que responsabilizan por la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro de las condiciones de vida.
La jornada estuvo marcada por un enfrentamiento entre el Ejecutivo nacional y el juez porteño Roberto Gallardo. El magistrado había prohibido la intervención de las fuerzas federales en el operativo de seguridad de la marcha, dejando la responsabilidad en manos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Esta decisión, que respondió a un amparo presentado por la CGT, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el gremio de judiciales (UEJN), generó una fuerte reacción del Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich.
El Ministerio denunció a Gallardo ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, argumentando que su fallo vulneró la división de poderes y se basó en “hechos hipotéticos” sin un caso judicial concreto. Además, señalaron que la Cámara de Apelaciones y el Ministerio Público Fiscal ya habían establecido que solo la Justicia federal puede intervenir en asuntos relacionados con fuerzas federales. Sin embargo, tras la revocación del fallo por parte de la Cámara de Apelaciones porteña, Bullrich participó en la planificación del operativo de seguridad.
El antecedente de la represión del 12 de marzo, cuando una marcha de jubilados apoyada por hinchas de fútbol terminó con una brutal represión y dos heridos, uno de ellos de gravedad, alimentó la tensión en la previa de esta nueva protesta.
EL OPERATIVO DE SEGURIDAD
El dispositivo de seguridad desplegado en las inmediaciones del Congreso contó con aproximadamente 1.500 efectivos de fuerzas federales y porteñas, además de 600 agentes de tránsito para ordenar la circulación vehicular. Desde las 14 horas, se instaló un vallado perimetral alrededor del edificio legislativo. Las fuerzas federales –Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)– se encargaron de custodiar el Congreso desde el interior del perímetro, mientras que la Policía de la Ciudad quedó a cargo de la seguridad en las calles aledañas.
CUÁLES SON LOS RECLAMOS DE LAS CENTRALES OBRERAS
El documento dado a conocer el martes por la CGT, desgrana las demandas de los trabajadores al gobierno. Se titula “Ante una desigualdad social intolerable y un gobierno que no atiende nuestros reclamos. Para exigir mejores ingresos y una calidad de vida digna”.
Los requerimientos cegetistas son los siguientes:
-Reclamamos paritarias libres, homologación de todos los Convenios Colectivos de Trabajo, aumento de emergencia para todas las jubilaciones y pensiones, la actualización del bono y poner fin a la represión salvaje de la protesta social.
-Exigimos un incremento del presupuesto en educación y salud, un programa de desarrollo de la industria nacional que fortalezca al sector PyME, poner fin a los despidos tanto en el sector público como en el privado y un plan nacional de empleo.
-Rechazamos la privatización del Banco Nación -y el cierre de sus sucursales-, de Aerolíneas Argentinas y de todos las empresas y organismos públicos amenazados.
-Reclamamos una política exterior convergente con los intereses nacionales, la defensa irrestricta del territorio y la reivindicación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Por último, repudiamos todo alineamiento automático con políticas y decisiones foráneas y los condicionamientos que impone el FMI a nuestro país.
También recuerda que “lo advertimos a tiempo y la realidad lo confirmó: el costo del ajuste recayó sobre los trabajadores activos y pasivos, mientras que el sector financiero multiplicó obscenamente sus ganancias”.
Señala que “el ansiado equilibrio fiscal -obtenido a través del desmantelamiento del Estado, de sus organismos de control, de sus empresas y del abandono de la obra pública- multiplicó el desequilibrio social”.
Luego apunta que “una visión sesgada de la realidad, mercantilista, monetarista y financiera, acrecienta día a día la deuda social, a la par que debilita el federalismo desfinanciando a las provincias, deteriorando las economías regionales y agudizando el centralismo. Todo esto, mientras degrada la calidad de vida de nuestros compatriotas y posterga un horizonte de democracia moderna y de desarrollo nacional”.
Plantea más adelante que “estamos frente a un gobierno que muestra insensibilidad frente a los problemas de la gente. Ejecuta actos de represión salvaje e injustificada, viola permanentemente los acuerdos institucionales, desfinancia la educación y la salud, abandona la obra pública, manifiesta desprecio por las minorías, ajusta a los jubilados e impone límites a la negociación colectiva”.
Finalmente resalta que “fuimos ejemplo en América de integración y movilidad social ascendente. Forjamos un sólido entramado colectivo que garantizó, en nuestro país, un desarrollo humano que fue modelo en la región. Hoy, somos ejemplo burdo de un fanatismo individualista y de una idea de libertad vacía, donde impera el sálvese quien pueda”.
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