El décimo cuarto juicio por crímenes de Lesa Humanidad en el ámbito del III Cuerpo de Ejército, en Córdoba, comenzó a desarrollarse este miércoles en los tribunales federales. Se trata de la causa denominada “Adela María González y otros”, y los delitos que se juzgan son “privación Ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados, prevaricato de los auxiliares de justicia, sustracción de una menor, y homicidio calificado”. La próxima audiencia se realizará el viernes 1 de marzo.
La mayoría de los acusados pertenecían a la División de Inteligencia de la Policía de Córdoba (D2) y operaban dentro del área 311, a cargo del teniente coronel Héctor Hugo Lorenzo Chilo (fallecido), jefe de la División Inteligencia. Por encima de todos ellos estaba Luciano Benjamín Menéndez. También se encuentran imputadas una ex funcionaria de la Justicia Provincial y una ex empleada de la ex Casa Cuna.
Los hechos ocurrieron entre septiembre de 1978 y agosto de 1979, y alcanzan a 14 víctimas, de las cuales siete sobrevivieron (Teresa Luisa Peralta; Marta Nélida Funes y su hija Marta, que entonces tenía 10 años; Delfina Lidia Peñaloza; María de las Mercedes Moreno -fallecida en 2023- y su hija nacida en cautiverio; y María Lidia Piotti -esposa de un preso político que sobrevivió, Cecilio Salguero-); y siete resultaron asesinadas y desaparecidas (Luis Enrique Rosales, Carlos Alberto Franco, Roberto Maldonado, Olga del Carmen Molina, José Manuel Ochuza, Juan Carlos Bazán y Elías Humberto Ríos).
Una de las 14 víctimas es la hija de Moreno. La mujer nació en la Maternidad Provincial el 11 de octubre de 1978, durante el cautiverio de su madre, y fue entregada a Laura Caligaris y Osvaldo Roger Agüero, mediante un trámite irregular en la que fueron cómplices miembros de la Justicia Provincial y la ex Casa Cuna de Córdoba. Se trata de la “nieta 107”, hallada en octubre de 2012 por Abuelas de Plaza de Mayo.
Los imputados son Mirta Antón, Carlos Yanicelli, Yamil Jabour, Juan Eduardo Molina, y Raúl Contreras (todos de la D2) y Adela María González (ex Casa Cuna), y Ana María Rigutto de Oliva Otero (ex asesora de Menores). Mientras que quedaron fuera del juicio, por fallecimiento, el ex policía Calixto Luis “Chato” Flores (condenado en su momento por otras causas de violación de DD.HH.), el ex juez Alberto Bonadero (92) y la ex empleada de la ex Casa Cuna de Córdoba Capital, Laura Dorila Caligaris (92).
El juicio oral y público se desarrolla en la Sala de Audiencias ‘Díaz Bialet’ del edificio de Tribunales Federales, ubicado sobre Concepción Arenal y Wenceslao Paunero del barrio Nores Martínez, y está a cargo del TOF2 (Tribunal Oral Federal), integrado por los camaristas Julián Falcucci, María Noel Costa y Fabián Asís. Los fiscales son Carlos Gonella y Facundo Trotta.
Trotta explicó a Radio Universidad que “hay hechos que tienen que ver con la privación ilegítima de la libertad y torturas que sufrieron siete víctimas de la D2 y recuperaron su libertad. Hay otros siete casos de víctimas que también fueron secuestradas, torturadas y asesinadas y actualmente se encuentran desaparecidas”.
Agregó que “también se encuentra el caso de María de las Mercedes Moreno, fallecida, que fue detenida embarazada y que dio a luz en la Maternidad Provincial a una niña. Luego, permaneció detenida en la D2 y la cárcel del Buen Pastor, mientras la niña quedó en la Maternidad Provincial. La niña a través de un procedimiento irregular, lleno de falsedades y complicidad de la estructura judicial, termina siendo entregada en guarda provisoria a una persona que se desempeñaba en la ex Casa Cuna y que tenía conocimiento de la situación de esta niña. Luego, a través de falsedades en la Justicia Provincial, se terminó consumando la sustracción de identidad y sustrayendo la patria potestad de sus padres”.
Una de las terribles particularidades de este caso, es que cinco de las siete víctimas mujeres eran esposas o familiares de presos comunes en la Unidad Penitenciaria 1 (UP1) de Córdoba Capital (la vieja cárcel de barrio San Martín). Fueron secuestradas, torturadas, vejadas y estuvieron en prisión, porque actuaban como “correos” entre los presos políticos que estaban alojados en la UP1 y sus familias.
Imagen de la primera jornada del 14° juicio por crímenes de Lesa Humanidad en Córdoba. (Foto: Gentileza Alexis Oliva).
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