El Centro de Almaceneros, Autoservicios y Comerciantes de Córdoba advirtió anoche que “el fin del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para Córdoba, representa hoy, un severo riesgo alimentario para miles de familias y un letal golpe a la actividad comercial de nuestra Provincia”.
En esa línea, asegura que “no es el momento de privar de la asistencia del IFE a Córdoba sin un reemplazo equivalente, porque sin esa inyección monetaria, la caída de la economía será abrupta y, sin lugar a dudas, generará mayores tasas de desempleo y pobreza, y casi de manera inmediata, mayor necesidad de asistencia del Estado”.
La entidad que agrupa a los comercios barriales señala que “analiza con profunda preocupación la inminente caída de este beneficio para Córdoba” y plantea que “en éste contexto de pandemia y de las medidas sanitarias adoptadas en consecuencia, el reciente avance desde la etapa de “Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio” a la de “Distanciamiento Social”, dispuesto en función de la baja tasa de contagios, no supone en absoluto una reactivación automática de la economía ni garantiza una rápida recuperación del poder adquisitivo de los grupos familiares y mucho menos de las numerosas fuentes laborales perdidas, durante el último trimestre”.
Agrega el documento que “esta prestación monetaria no contributiva dispuesta oportunamente por el Gobierno Nacional con carácter excepcional – en principio solo para el mes de abril 2020 y luego extendida conforme a las urgentes necesidades sociales – se ha transformado hoy, en el principal atenuante de la inédita crisis económica y social, consecuencia de la pandemia COVID-19 y de las entendibles medidas sanitarias preventivas adoptadas”.
Dice que “para muchas de las 740.000 personas beneficiarias de éste Ingreso de Emergencia en nuestra provincia, el IFE representa quizá la única posibilidad de completar el acceso a la Canasta Básica Alimentaria (C.B.A) de su núcleo familiar. De hecho, según las últimas mediciones de nuestro Departamento de Estadísticas y Tendencias, del total de encuestados durante junio, el 24,75 % no pudo acceder a todos los productos de la C.B.A, mientras que el porcentaje restante si tuvo acceso completo, pero el 43,50 % de este último grupo sólo pudo lograrlo con ayuda estatal, es decir con alguno de los Programas Sociales vigentes (nacional, provincial o municipal)”.
Por último, precisa que “los más de 7.000 millones de pesos que ingresan a Córdoba por esta prestación, a través de sus receptores – personas desocupadas, trabajadoras/es de la economía popular, monotributistas de las primeras categorías, monotributistas sociales, trabajadoras/es de casas particulares, beneficiarios de la AUH, etc. – se trasladan principalmente al comercio y este a su vez lo inyecta de manera directa en la industria (conformada en gran parte por PyMES y MiPyMES regionales), generando dinamismo para éstos sectores, principales motores de la economía, cuyas actividades se vieron paralizadas o muy afectadas por el periodo de aislamiento”.
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