El 29 de julio de este año 2021, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), entidad gremial de segundo grado, que nuclea a los sindicatos de prensa de la República Argentina, propuso un “Pacto Ético contra la Desinformación”.
Cabe resaltar la propuesta, como un importante avance en civilización democrática.
En la iniciativa, se señala que la lucha contra “las campañas de desinformación intencionadas, constituyen una responsabilidad de todos, en especial de los medios de comunicación, en su rol de control y chequeo de la información”.
El documento resalta como peligroso la manipulación de la opinión pública, con la finalidad de obtener determinados objetivos políticos o inducir comportamientos sociales con mentiras en la información (fake news) y señala, que ello “se vuelve mucho más compleja de evitar como consecuencia de la masificación de los medios digitales, a través de los cuales muchas veces se vuelve muy difícil detectar la autoría o el origen de una noticia falsa”.
Todo lo referido, afirma el Pacto, implica la necesaria responsabilidad de asumir éticamente, desde el periodismo y de todos los sectores actuantes en la información, de no dejar que la mentira inunde negativamente el juicio crítico de la ciudadanía, porque la salud del sistema democrático “requiere ofrecer a la ciudadanía información veraz, debidamente chequeada, tanto desde el periodismo y los medios de comunicación, como desde las organizaciones políticas y los individuos que disputan en la arena electoral”.
Enfáticamente se sostiene, que “la sociedad necesita que la discusión política se construya sobre la base de datos certeros que emanan de la realidad, así como hacer prevalecer los valores éticos sobre los que se sostiene la calidad democrática del país”.
Resulta más que evidente, que el uso de mecanismos mentirosos y de desinformación, utilizados en contra de los adversarios políticos, son modos que se deben erradicar. Y se da un paso más que importante al determinar, que la “lucha no solo implica no generar o difundir noticias falsas, sino la responsabilidad de aclarar y excusarse cuando ellas fueran producidas o difundidas por integrantes o simpatizantes de cualquier partido. Y en este sentido, debe existir la obligación por parte de los partidos políticos de aclarar públicamente y solicitar las disculpas del caso cuando ocurrieren este tipo de situaciones”.
Asimismo, la FATPREN enfatizó, que “en tanto defensa de la transparencia democrática como de la calidad de nuestro oficio, asume la responsabilidad de promover entre las trabajadoras y los trabajadores de la comunicación social del país la necesidad de capacitarse para actuar en consecuencia ante la aparición de mecanismos de desinformación o campañas de noticias falsas con fines políticos”.
La ciudadanía y la sociedad toda, “necesita que la discusión política se construya sobre la base de datos certeros que emanan de la realidad, así como hacer prevalecer los valores éticos sobre los que se sostiene la calidad democrática del país”.
Queda en claro en el compromiso, que lo referido debe instrumentarse desde el respeto a la libertad de expresión.
La iniciativa tiene contornos fundamentales en su gestación, ya que participaron del lanzamiento de la propuesta, no sólo los sindicatos de prensa, sino también otros sindicatos vinculados con la comunicación, información y difusión, como el sindicato de los trabajadores gráficos y el de los canillitas. También apoyaron Universidades, Defensoría del Público, Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), académicos, intelectuales, periodistas, legisladores, entre otros.
En la propuesta se convoca a los partidos y organizaciones políticas argentinas, (nacionales, provinciales y municipales), y organizaciones de la sociedad civil relacionadas, para que suscriban este acuerdo y se comprometan, a “no generar ni promover noticias falsas o campañas de desinformación en perjuicio de adversarios políticos”. Y agrega, que se asuma la vocación por “promover entre sus afiliados y militantes la necesidad de buenas prácticas de convivencia en el manejo de las redes sociales”.
Además, busca acordar un mecanismo permanente de consulta para dar seguimiento del Pacto Ético “de forma de responder rápidamente a cualquier situación que pudiera afectar el cumplimiento de este compromiso público”.
El Pacto resulta un acuerdo básico en defensa de la democracia y tiene el valor de surgir desde los trabajadores de la información, rescatando su histórico papel de defensa ética de la función de periodismo, en favor de la verdad informativa.
Queda en claro también, la necesidad de rescatar la dignidad económica y laboral del periodismo en general, respecto de los condicionamientos de diversos tipos, que pretendan afectar su accionar debido.
La “Declaración de Chapultepec” de 1994, es el instrumento internacional que establece una serie de principios sobre la libertad de expresión y libertad de prensa que, en una buena práctica, hace firmar a los candidatos a diversos cargos, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA). Esta última entidad nuclea a las empresas periodísticas, editoras de diarios, periódicos, revistas y sitios web de la Argentina, sin embargo, dicha Declaración, no siempre cumplida por los firmantes, no contempla un derecho esencial en el tema, como es el derecho a la rectificación o respuesta y en tiempo propio. Aspecto este que sí adopta concretamente el Pacto propuesto ahora por la FATPREN, que prevé un órgano de consulta permanente para la respuesta urgente y pedir disculpas ante las mentiras emitidas, particularmente en campaña política que, como se sabe, la verdad que llega después de las elecciones no repara el daño causado, con la mentira difundida antes de la elección.
El pacto tuvo su antecedente valioso en uno similar del año 2019, impulsado por la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU).
Resulta fundamental entonces que se firme el Pacto por todos los sectores, asumiendo el compromiso con las buenas prácticas en la comunicación, como paso esencial para fortalecer la Democracia y el periodismo ético.
* Miguel Julio Rodríguez Villafañe es abogado constitucionalista cordobés y periodista de opinión
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