Hace un mes el gobierno nacional tomó fuertes y rápidas medidas con la finalidad de poner en orden el sistema de salud y que el mismo no colapsara estableciendo la cuarentena de la población.
El trabajo coordinado con los niveles provinciales y municipales orientado por criterios de asesoramiento científico, y el fuerte compromiso de la ciudadanía han hecho viable la gestión, que articuló un consenso ampliamente mayoritario de que la lucha contra la pandemia es la prioridad de la sociedad y que debe ser asumida como tal entre todos. Hoy nuestro país está en mejores condiciones y ha obtenido un reconocimiento interno e internacional por ello.
Las medidas sanitarias dispuestas, en particular las condiciones que impone el aislamiento social de la mayoría de la población, impactan de lleno en el funcionamiento de la economía en razón de que disminuyen o paran ramas enteras o parciales de la misma. Este impacto afecta de diferentes maneras a los sectores sociales según al lugar que ocupan en la desigual distribución de los recursos disponibles.
Antes de que se decretara la cuarentena, el experimento neoliberal de Mauricio Macri había llevado al país a una crisis económica-social caracterizada por el acelerado y enorme endeudamiento externo, la retracción de la producción industrial, la caída del consumo popular, el estancamiento con inflación y el incremento de la pobreza.
La pandemia agudiza todos los problemas no resueltos o mal resueltos y especialmente el deterioro sufrido en estos últimos cuatro años por los sistemas de salud y científico técnico.
En este marco, junto a las decisiones en materia sanitaria, el gobierno nacional tomó decisiones de protección social de los sectores más vulnerables y de carácter económico que posibilitaran atravesar de mejor modo esta situación de crisis al conjunto de la población.
La sociedad reaccionó de diferentes maneras. Los movimientos sociales desde un primer momento organizaron el reclamo y con dialogo y voluntad política, el gobierno estableció sus primeras políticas de cuidado. El amplio espacio del trabajo por cuenta propia es quizás de los más afectados por los efectos de la cuarentena y paulatinamente se han ido buscando medidas que puntualmente lo protegen. Lo mismo ha pasado con los trabajadores formales obligados a parar por la cuarentena, estableciéndose la prohibición del despido por ésta causa y particularmente con las Pymes, con medidas de asistencia económica directa que garanticen el empleo y la continuidad de las empresas y de su saber hacer. En todos los casos se combina lo que hace falta con lo que se posterga.
Las grandes empresas del capital concentrado han actuado de una manera diametralmente opuesta. Por un lado presionan con todos los medios a su alcance para terminar con la cuarentena y que todo el mundo vuelva a la actividad, apelando al despido, la suspensión o la baja de salarios. El grupo Techint hizo punta con 1450 despidos y 4000 suspensiones a fin de presionar con hechos al Gobierno. Las automotrices van en la línea de la baja de salarios y la suspensión. Los grandes bancos siguen utilizando los depósitos de sus clientes para “bicicletearlos” financieramente y utilizan todos los pretextos para no implementar las decisiones del Banco Central a fin de asistir a las Pymes.
La Fundación Mediterránea ha manifestado en su informe mensual, que ante el aumento de la emisión monetaria por las medidas tomadas para paliar los efectos de la pandemia se impone un ajuste que limite el “déficit fiscal”. En la misma línea se expidió la Bolsa de Comercio, yendo más lejos y cuestionando la propuesta de suspensión de pagos y quitas de intereses de la deuda externa formulado por el Gobierno Nacional. Estas usinas del pensamiento neoliberal, hablan como si nada tuvieran que ver sus ideas y proposiciones con las políticas de achicamiento del Estado que desmantelaron gran parte del sistema de Salud, de Ciencia y Técnica y de Educación en la década de los ’90 y particularmente en los cuatro años del gobierno de Macri. Ahora lo único que se les ocurre plantear es achicar el gasto publico.
Si algo está dejando expuesto con claridad la pandemia, es la necesidad de más salud pública, ciencia y tecnología y más educación pública y esto cuestiona la esencia del modelo de ajuste permanente impuesto por el dogma neoliberal. Para salir en serio de esta situación hace falta un Estado fuerte, eficiente y con presencia activa.
Esto se logra, entre otras cuestiones, dotándolo de mayor cantidad de recursos económicos. Lo que nos conduce a debatir de adonde se sacan (o quienes los ponen) a los mismos.
En una sociedad desigual e injusta como la nuestra es indispensable modificar diametralmente los criterios de tributación para que sean quienes más tienen los que más aporten, como asimismo que el Estado universalice una prestación básica a la ciudadanía.
En ese camino, es central el debate y la aprobación del impuesto extraordinario (por ser única vez) a las grandes fortunas que superen los dos o tres millones de dólares. Porque es la forma simple y justa de aportar los recursos necesarios para solventar las políticas públicas que permitan a nuestra sociedad atravesar esta situación y poder comenzar la reconstrucción posterior del país en condiciones un poco más equitativas.
Este proyecto de impuesto extraordinario a las grandes fortunas que ha presentado el Bloque del Frente de Todos y la CTA debe ser considerado y sostenido como una propuesta nacional. Por eso, es vital que se expresen por su aprobación sectores del empresariado nacional industrial y agrario, todas las corrientes de la CGT y políticos como el sector de Ricardo Alfonsín que ha decidido interpelar en esta cuestión a la UCR para que exprese su apoyo activo. Al igual que en la propuesta de suspensión de los pagos de la deuda y quita de intereses formulada por el gobierno nacional, es indispensable la unidad política y social del arco nacional más amplio posible, de forma tal que las corporaciones trasnacionales como Techint o los dueños de los bonos de la deuda argentina no puedan desestabilizar con falsas divisiones de sectores nacionales para imponer sus proyectos.
Los grupos del capital concentrado pretenden desquiciar la crisis sanitaria presionando para que termine la cuarentena sin importarles los riesgos, de la misma forma juegan a dejar al Gobierno sin recursos económicos para que no pueda actuar y conducir la salida de esta situación y la reconstrucción del país. Su objetivo es aprovechar la situación para acaparar más riquezas como hicieron en todas las crisis anteriores.
Por eso, es falso el argumento vertido por grupos y dirigentes conservadores como el senador Julio Cobos (Mendoza) respecto a que un impuesto de estas características va a ahuyentar inversiones y lo demuestra con claridad la realidad reciente. El gobierno de Macri permitió el “blanqueo” más grande de capitales depositados en el exterior de ciudadanos argentinos y disminuyó o eliminó impuestos a los sectores concentrados de la economía y no solo no logró inversiones, sino que se produjo la mayor fuga de capitales y endeudamiento del país en su historia en solamente cuatro años.
El desafío de este difícil momento es que se construya en el sentido común de las mayorías populares la idea que para proteger la sociedad y la reconstrucción solidaria y equitativa de nuestro país se entienda indispensable tomar medidas democráticas profundas que hagan pagar esta crisis a los sectores que más riquezas han acumulado.
* Carlos Vicente es abogado laboralista.
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