El ex gobernador José Manuel De la Sota y el actual, Juan Schiaretti. Foto: Gentileza.
(Por Carlos Vicente*). Las formas de financiamiento de las campañas electorales y los partidos políticos son un punto central de cualquier reforma política y electoral, y especialmente los limites a los aportes privados a las mismas.
El uso de enormes sumas de dinero en publicidad en los diferentes medios de comunicación (antes, durante y después de los comicios) distorsiona el libre juego democrático, sobredimensionando los candidatos marketineados e invisibilizando a las propuestas con escasos recursos económicos.
A su vez quienes “invierten” en campañas electorales, luego presionan a sus sponsoreados a fines de obtener un mejor trato de sus intereses y negocios.
No hay ninguna posibilidad de hablar en serio de lucha contra la corrupción si no se incorpora esta cuestión en la agenda pública.
Limitar y, mejor aún, eliminar el financiamiento privado de las elecciones debería ser una cuestión central, al igual que establecer equidad en el reparto de los recursos públicos y los espacios en medios audiovisuales.
De la misma manera incorporar métodos probados de rendición de cuentas y auditorias de los gastos realizados a través de organismos independientes
Ninguno de estos aspectos está presente en la reforma electoral que acaba de votar la Legislatura de Córdoba. Por el contrario autoriza el uso “legal” de más de doscientos millones de pesos en una campaña electoral, exponiendo aun más el sistema político al arbitrio e influencia de los grandes grupos económicos.
Los gobiernos de Unión por Córdoba ya tienen antecedentes en modificaciones de urgencia.
En el año 2001 con la reforma relámpago de la Constitución Provincial, usando el pretexto de achicar la Legislatura, se llevaron puesto el sistema bicameral y todos los mecanismos de fiscalización institucional, lo que les permitió llevar adelante “sin control” sus políticas durante los años posteriores.
En ése momento, al estilo Fujimori, eliminaron la Legislatura donde no tenían mayoría (2000/2001) para imponer y llevar adelante la privatización de EPEC y el Banco de Córdoba, planes que finalmente cayeron por la crisis y la lucha popular.
No es la primera vez que de contrabando, bajo el título de “nuevas reformas” la dupla Schiaretti – De la Sota demuele las instituciones democráticas y republicanas en la provincia.
* Carlos Vicente es abogado. Fue diputado provincial 1999/2001 y Convencional Constituyente 2001.
—
Cómo comunicarse:
Redacción: hola.enredaccion@gmail.com
Lectores: hola.enredaccion@gmail.com
Equipo de Investigación: afondo.enredaccion@gmail.com
