El edificio de tribunales federales en la ciudad de Córdoba.
(Por Horacio Viqueira). Desde la asunción de Mauricio Macri se incrementan cotidianamente decisiones gubernamentales que vulneran derechos de la ciudadanía reconocidos por la Constitución Nacional y la legislación vigente. Se trata de una diversidad de actos, como la detención ilegal de Milagro Sala y otros dirigentes de laTupac Amaru, la quita arbitraria de derechos adquiridos como pensiones a discapacitados y prestaciones asistenciales a jubilados, represión a las protestas y manifestaciones sociales con participación de policías de civil, persecución a magistrados y a la
Procuradora Gil Carbo, y la más reciente, gravísima, la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Todo agravado por el acompañamiento e impulso de los medios de comunicación hegemónicos y el comportamiento de la mayoría del Poder Judicial, en algunos casos ejecutora, y en otras complaciente con la situación imperante. De este modo, queda configurada una situación de precariedad democrática.
Ante una de las decisiones más abusivas y arbitrarias tomada en los primeros meses de 2016, los “tarifazos” sobre el servicio de provisión de gas natural, que fue rechazada con la iniciación masiva de recursos de amparo en todo el país, la Corte anulo el aumento al gas, por diversas razones: falta de Audiencia Pública, precios confiscatorios, ausencia de gradualidad, arbitrariedad por no explicitarse los costos empresariales de producción y distribución, etc.
Con posterioridad a este fallo, el gobierno nacional convocó a Audiencia Pública como una mera formalidad, ya que prácticamente reiteró los términos del “tarifazo” al gas. En relación a la electricidad, ni siquiera se convocó a audiencia. A pesar de que se reiteraron las arbitrariedades señaladas por los fallos judiciales, hubo un cambio en la conducta de la mayoría de los magistrados, una especie de “pacto tácito” de dar por concluida la cuestión. Los que no se ”adaptaron” a éste “pacto”, fueron perseguidos como la Dra. Forns del Juzgado Federal de San Martin, quien había anulado los “tarifazos” eléctricos. Fue apartada arbitrariamente de la causa, y un nuevo Juez cambió la resolución. Todo, obviamente en respuesta a presiones del Poder Ejecutivo y la cúpula del Poder Judicial.
El gobierno insistió prácticamente en los mismos términos con el tarifazo al gas, los precios, sus mecanismos de ajuste y su frecuencia. Los usuarios en distintos lugares del país volvieron a presentar acciones de amparo, pero a diferencia de hace un año, los mismos están totalmente paralizados.
Además de las evidentes presiones sobre jueces, la Corte ha dictado la Acordada 12/2016 que regula el procedimiento a seguir en los casos de acciones judiciales de alcance colectivo. Es claramente inconstitucional porque invade una competencia del Poder Legislativo, modifica la ley de amparo en relación al Juez competente, el Código de Procedimientos, y la propia Constitución Nacional. En ese sentido, dispone la acumulación de las causas de alcance colectivo, que se inician en distintas jurisdicciones, en el Juzgado que primero la inscribe en un Registro, entre otras disposiciones. En la práctica, es una privación del derecho al acceso a la justicia, y al juez natural. Lo que fija la ley es que el Juez competente es el del domicilio de la persona que ha sido afectado en su derecho, en éste caso por el tarifazo.
El juez Federal N° 2, Alejandro Sánchez Freytes. (Archivo).
El amparo iniciado hace un año atrás por muchos usuarios cordobeses nucleados en “Ciudadanos contra el Tarifazo”, seguramente el primero en el país, fue enviado a un Juez de La Plata, quien se declaró incompetente, y luego de meses de tramitación volvió a Córdoba. Nuevamente, el Juez Sánchez Freytes pretende remitir la causa a otro Tribunal, en este caso de la localidad de Junín.
Preguntamos, ¿puede una persona ejercer sus derechos, reclamar a la Justicia, ante un Tribunal ubicado a más de mil kilómetros de distancia? Obviamente está impedido, debe soportar el saqueo. Un verdadero escándalo, una grave restricción a los derechos de la ciudadanía.
*Horacio Viqueira es abogado de Ciudadanos contra el Tarifazo.
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