(Por Alberto Hernández). Hace más de un año decía que tenían que gobernar los representantes del pueblo y no la Justicia y que había que ampliar la Corte Suprema de Justicia y producir una profunda reforma judicial. También decía que si el gobierno era impotente para resolver un conflicto de poderes que pulverizaba el equilibrio republicano y el estado de derecho, debería ser el pueblo en la calle quien pusiera las cosas en orden.
Pues ahora, luego del descarado fallo –gota que rebalsa el vaso– respecto del Concejo de la Magistratura, en el que se atribuyen facultades legislativas, esta Corte de cuatro tipos que se votan a sí mismos y está floja de papeles, debería embalar sus efectos personales y abandonar prestamente el palacio de Justicia. Eso es lo que va a exigir una importante cantidad de ciudadanos de todo el país, el primero de febrero.
No hay más cosas que agregar a lo que escribimos en aquélla oportunidad, salvo las últimas y contundentes calificaciones de destacados hombres de leyes como Raúl Zaffaroni y Eduardo Barcesat que dado la “gravedad institucional en el obrar de la Corte Suprema”, iniciaron el pedido de juicio político; o el cordobés ex juez federal, Miguel Rodríguez Villafañe, que dijo a quien quiera oír: “Tenemos una Corte Suprema sin autoridad moral”. Ni que hablar del Juez Juan Ramos Padilla que trató de “delincuentes” y “corruptos” a los supremos.
El propio presidente, aunque más cauto y limitado naturalmente por su investidura, afirmó que “(…) el funcionamiento (de la Corte) es un problema muy serio” y que “la Justicia parece ser un coto cerrado de la oposición”.
Ahora ha llegado la hora del pueblo. Decíamos en el artículo de marras: “(…) Si hay evidente conflicto de poderes, deberá entrar en juego el titular de la soberanía popular que es el pueblo. La Constitución manda armarse en su defensa. Y aunque no se llegue a eso habrá que generar organización y estar en la calle, para decirle a la Corte Suprema y los poderes fácticos que no pueden gobernar. ¿No es hora acaso de que el poder político se rebele contra los fallos judiciales que son notoriamente inconstitucionales y contrario a las leyes y procedimientos? De otra forma la derecha se va a llevar puesto al gobierno o lo va a poner de rodillas, que es lo mismo. De nada van a servir tantos sacrificios hechos para zafar de la peste, si el pueblo va a tener que soportar otra peor y más duradera como la que vivió con el Macrismo. Nunca más, tiene que ser nunca más, a lo que dé lugar.”
Con más fundamento y propiedad lo decía Eduardo Barcesat para la misma época: “El art. 36 de la Constitución Nacional establece en su último párrafo que se le reconoce al pueblo argentino el derecho de resistir los actos de violencia institucional”. Y lo que la Corte ha resuelto constituye violencia institucional. En ese caso “(…) El pueblo de la Nación Argentina –sigue diciendo Barcesat– no puede aceptar esto. Una vez hemos dicho nunca más y el artículo 36 es descendencia de ese nunca más y vamos a preservar ese valor ganado por el pueblo argentino de vivir en democracia y en defensa del orden constitucional”
En uso de ese derecho, miles de ciudadanos –y deberían ser millones– se movilizan el primero de febrero convocados por la acción decidida y valiente del Juez Juan Ramos Padilla, al que ya la Corte ha denunciado penalmente, junto a Luis D’Elía y Juan Martín Mena. A ellos se han sumado otros dirigentes y hombres de leyes, junto a funcionarios y diversas organizaciones políticas, gremiales y sociales llamando a movilizarse por la cabeza de los supremos. Y cada día se apuntan más. No se puede vaticinar cuantos serán, pero sí que esto no va a terminar ahí. Será éste el primer paso y como más de uno lo clama, hasta que se vayan.
Como contrapartida cabe también mencionar el sospechoso silencio – al menos hasta la publicación de esta nota – de algunos que no se sabe a qué o para quién están jugando, como la CGT y otros que se dicen nacionales y populares o de “izquierda”. Y que en el caso de la central obrera, a no ser que tenga más de uno una carpeta por la cual preocuparse, el destapado accionar de la “Gestapo” macrista contra los gremios debería constituir sin dudar un elemento movilizador, que los llevara a apoyar esta iniciativa. Pero como desde hace tiempo, los gordos dudan a la hora de jugarse por los destinos de la patria y la democracia, se sienten más cómodos sentados en la mesa de los poderosos, que al lado del pueblo en la calle.
La Justicia –más propiamente el poder judicial- es de los tres poderes el más desprestigiado y goza de una pobrísima imagen entre la población que está lejos de medirla por sus descaradas pretensiones de erigirse en monarcas, y sí más por su sesgo patriarcal y clasista. Rápida para sobreseer a los ricos y condenar a los pobres y más que morosa y machista en las cuestiones de género. Y como pústula que lo demuestra está la prisión de Milagro Sala que ya lleva seis años y que, al decir de Zaffaroni, es una prisionera política de Gerardo Morales. De allí, que más allá de la disputa de poder planteada, tal como dice Ramos Padilla: “Esta marcha no es de los radicales con memoria, ni de los peronistas K, o justicialistas, o como quieran autodenominarse, de la izquierda, tampoco de la centro derecha con sentido de Pueblo y Patria. Es para todos los argentinos que queremos recuperar la patria. Unidad es la consigna.”
Por la renuncia de la Corte, por la libertad de Milagro y demás presos políticos, y la reforma de la justicia, el pueblo en la calle es la única garantía.
Y después hay que ir por el FMI.
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