En el Complejo de Bouwer no detectaron a tiempo que Mendoza estaba a disposición de dos fiscalías diferentes.
No era un preso cualquiera. Alexis Emanuel Mendoza (23) se hallaba detenido e imputado por amenazas calificadas, privación ilegítima de la libertad agravada, agresión calificada con arma sin producir herida y lesiones leves calificadas. Sin embargo había llegado a prisión por otra causa menor, instruida por la Fiscalía 4 turno 2.
En la mañana del martes 5 de septiembre, proveniente de esa dependencia del Ministerio Público Fiscal, llegó al Servicio Penitenciario una orden de traslado a Tribunales II para el cese de su prisión por esa causa. Nada a esa hora permitía preanunciar el error que sólo horas más tarde estaría desatando una febril guerra de responsabilidades y pases de factura, ni que se debería activar de manera urgente un operativo de seguridad para poner a toda una familia a salvo.
El error fue detectado a media mañana, cuando se llevaba a cabo la actualización diaria del sistema informático de carga de internos. Recién al momento en que se disponía a registrar la baja de Mendoza, conforme al oficio de la fiscalía, se observa que el interno se encontraba también a disposición de la Fiscalía de Violencia Familiar del Tercer Turno, a cargo del fiscal Cristian Griffi.
Ya era tarde. Hacía apenas unas horas, Mendoza había sido llevado a tribunales, notificado de su situación y liberado, sin más.
Alexis Emanuel Mendoza (35) se hallaba detenido e imputado por amenazas calificadas, privación ilegítima de la libertad agravada, agresión calificada con arma sin producir herida y lesiones leves calificadas. Sin embargo había llegado a prisión por otra causa menor, instruida por la Fiscalía 4 turno 2.
Juan Bouvier, jefe del Servicio Penitenciario de Córdoba. Habló de “solapamiento” de la información.
CERO COORDINACIÓN
“Sí, efectivamente ocurrió que se liberó a este interno por un fallo en la comunicación, al no advertirse que tenía doble dependencia”, contestó ante la pregunta de ENREDACCIÓN el jefe del Servicio Penitenciario, Juan Bouvier. “Al oficio de la otra fiscalía lo habían mandado por fax a Bouwer, no llegó el original”, se excusó el titular de esa fuerza. “Cuando se corrobora que se va de Tribunales el interno, ahí se verifica que tenía otra dependencia, y entonces se dio inmediata participación a la fiscalía interviniente”, sostuvo el directivo.
La insólita falta de coordinación entre las dependencias fue consecuencia de un aparente fallo en la comunicación. Bouvier señaló que se dio un “solapamiento” entre el ingreso de la información y la materialización de la liberación del detenido.
“Cuando se lo traslada a Tribunales, al interno lo cita la fiscalía por la cual había entrado a prisión. Al entender esa misma fiscalía que no debía seguir en prisión, se lo libera”, dijo el jefe Penitenciario, detallando que Mendoza permaneció muy poco tiempo detenido, aunque no logró precisar cuánto.
La afirmación de Bouvier no coincide con los datos registrados en el sistema del SPC y en el legajo personal del interno, donde la disposición conjunta del interno consta desde el 11 de agosto de este año. Es decir, 25 días antes de la liberación de Mendoza, el sistema ya marcaba que estaba a disposición de dos fiscalías, según consigna un memo interno de esa fuerza.
Probablemente se haya tratado de un error o de una omisión de carga en la propia Jefatura del Servicio Penitenciario, desde donde se coordina y actualiza toda la información. Hasta el momento no hay datos que permitan inferir una voluntad expresa de liberar a este interno.
Cuando se lo traslada a Tribunales, al interno lo cita la fiscalía por la cual había entrado a prisión. Al entender esa misma fiscalía que no debía seguir en prisión, se lo libera”, dijo el jefe Penitenciario, Juan Bouvier.
“O la Jefatura no cargó el oficio, o no se fijaron en sistema informático de Bouwer”, aventuró una fuente calificada de este organismo. “Ahora están todos a las corridas tratando de esquivar la responsabilidad de haberlo dejado salir a este tipo, con la gravedad que implica una causa por violencia familiar”, añadió la misma fuente.
PEDIDO DE CAPTURA
Lo cierto es que la errónea liberación no sólo generó pases de factura dentro del Servicio Penitenciario, sino también desde la propia fiscalía.
“Ésa no es una pregunta que me tenés que hacer a mí si no al Servicio”, respondió enfático el fiscal Cristian Griffi ante la consulta de ENREDACCIÓN. “(Mendoza) es un detenido mío pero nadie de esta fiscalía dio la orden de liberación. Fue una grave equivocación del Servicio”, se defendió el funcionario, preocupado dejar en claro las responsabilidades.
“Hemos relevado tres diferentes domicilios que teníamos registrados de este individuo sin ningún resultado. Está con pedido de captura”, sostuvo el fiscal, detallando que “los comisionados para la investigación de su paradero están trabajando raudamente”.
De manera preventiva, la víctima de Mendoza fue trasladada junto a sus hijos a un hotel para preservar su integridad. “Cuenta también con botón antipánico”, señaló Griffi, algo ofuscado por la situación.
Hasta anoche, no había novedades de su paradero. Lo que sí se sabía es que dentro del Servicio Penitenciario se había desatado una frenética carrera para intentar despegarse de las responsabilidades. ¿Rodarán cabezas? Nadie lo descarta.
@adolruiz
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