El presidente Mauricio Macri.
Mientras que el peronismo discute, el gobierno pone a la famosa columna vertebral del movimiento justicialista y el General Juan Domingo Perón, contra las cuerdas. Lo hace por dos vías: la judicial y la legislativa, amenazando con modificar la ley de asociaciones sindicales, eliminando la reelección indefinida. Las dos acciones apuntan a la opinión pública, a conformar una masa crítica de apoyo social al ajuste sobre salarios y el Estado de bienestar creado por los gobiernos populistas de la UCR (que ahora es aliada del gobierno en este movimiento) y el peronismo durante el pasado Siglo XX.
El presidente ha seguido la misma política que expresó por adelantado a mitad de 2017 el intendente cordobés, Ramón Mestre, en el conflicto de la UTA -donde logró, con el apoyo del PJ de Córdoba, la sanción de una ley anti-huelga en el transporte público- y frente al SUOEM, llegando a jubilar por decreto al secretario General de los municipales, Rubén Daniele. La medida que implica una abierta injerencia en la vida interna de la organización sindical fue frenada por la Justicia, pero obligó al SUOEM a elegir una conducción sin Daniele. De ese modo, el sindicato trató de impedir una eventual intervención al gremio en el caso de que la Municipalidad de Córdoba impugnara ante la Justicia la candidatura de uno de los dirigentes sindicales más importantes de la historia de Córdoba.
Resulta claro, que a diferencia de otros momentos históricos, esta vez la centro-derecha argentina ha logrado construir consensos básicos y un sujeto social propio y decidido para tratar de imponer su proyecto político y económico. Si bien lo que sucede es similar a lo ocurrido durante el menemismo, el hecho de no ser una fuerza de origen peronista exime a Cambiemos de proteger a los sindicatos y la legislación laboral, algo que Carlos Menem en lo institucional -la ley de asociaciones sindicales- no concretó porque pactó con un sector de la dirigencia sindical para imponer las reformas económicas luego de quebrar la resistencia de la CGT de Saúl Ubaldini a principios de los ’90. Esta vez, el gobierno procura llevar adelante las reformas flexibilizadoras y también reducir la acción sindical a los estándares de países con menor calidad institucional, como sucede en la mayor parte de Latinoamérica, donde los sindicatos tienen un desarrollo relativo muy inferior y, en consecuencia, los costos laborales son menores.
Esta vez, el gobierno procura llevar adelante las reformas flexibilizadoras y también reducir la acción sindical a los estándares de países con menor calidad institucional, como sucede en la mayor parte de Latinoamérica, donde los sindicatos tienen un desarrollo relativo muy inferior y, en consecuencia, los costos laborales son menores.
Los ejes del oficialismo nacional son dos que ya le han dado un enorme resultado para derrotar al populismo en las urnas: la corrupción y el autoritarismo. En este escenario se traducen en corrupción sindical y presencia casi “vitalicia” de los jefes sindicales al frente de sus organizaciones. No es un planteo novedoso, la diferencia es que esta vez Macri interpela a la opinión pública con una especie de “ahora o nunca”. Para ello, tiene a la Justicia como aliado principal, que como sucede con los funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora el sistema judicial afín salió a perseguir sindicalistas en diciembre y enero, algo nunca visto en la historia judicial. Obviamente son casos claros, ejemplos como para que nadie se anime siquiera a levantar el dedo en defensa de nadie, ni de los buenos, los más o menos o los regulares. Los casos de Pata Medina (UOCRA) y Marcelo Balcedo (SOEME), detenido mientras vacacionaba en Punta del Este son extrapolados a todos: la idea con la que en febrero o marzo se tratará la reforma laboral es que los sindicatos y sus líderes son todos iguales a Medina y Balcedo.
El “Pata” Medina, el ex secretario General de la UOCRA en La Plata.
La idea con la que en febrero o marzo se tratará la reforma laboral es que los sindicatos y sus líderes son todos iguales al Pata Medina y Marcelo Balcedo.
Y es probable también, que para esa fecha, si se cumple los vaticinios de los voceros oficiosos del oficialismo, también esté procesado alguno de los Moyano. Aseguran que quien estaría más cerca, es Pablo Moyano, el actual jefe de los camioneros y secretario Gremial de la CGT, que quedaría atado a la suerte de la barra brava de Independiente. Esa es la jugada de Macri y su núcleo de poder.
Por cierto, la reforma laboral tiene dos ejes: el blanqueo laboral sin castigar a los infractores y luego, exceptuar a los salarios menores de los aportes patronales, lo que desfinanciará a la ANSES y al sistema de obras sociales; y las modificaciones de la Ley de Contrato de Trabajo, fundamentalmente, en lo que se refiere a las tercerizaciones, horas extras y poli-funcionalidad en los puestos de trabajo, algo que en algunos Convenios Colectivos ya aparece. Por los dos caminos se produce la baja directa e indirecta del costo salarial.
El verdadero debate será una medición de fuerzas con la opinión pública subida a la balanza. El presidente apela por ello al extendido pensamiento anti-sindical y anti-peronista de la clase media para definir la pulseada.
Sin embargo el asunto ha salido del espacio técnico y también del legislativo. El verdadero debate será una medición de fuerzas con la opinión pública subida a la balanza. El presidente apela por ello al extendido pensamiento anti-sindical y anti-peronista de amplios sectores de la clase media para definir la pulseada. Enero y febrero serán trascendentales en el tablero de juego, para delimitar las posibilidades de unos y otros. Lo que sí es evidente, que como nunca antes, salvo durante las dictaduras, el poder político y económico se ha acercado a una victoria política y social frente al movimiento obrero argentino que le puede permitir llevar adelante un nuevo ciclo neoliberal con baja resistencia.
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