Los consultores políticos señalan que el relato del presidente Macri triunfa por sobre los datos de la economía. Es cierto: ha logrado constituir un bloque de poder político y económico notable, que a caballo de la alianza con un grupo de gobernadores peronistas como el cordobés Juan Schiaretti y el impulso de su triunfo electoral, está llevando adelante con éxito -al menos hasta ahora- una restauración neoliberal. Sin embargo, pasado el momento fundacional de este ciclo, Macri está fallando, en apariencia, en un asunto fundamental: el tecnocrático. En el imaginario colectivo del presidente-empresario late la idea de su capacidad de manejar con éxito la economía, los negocios y la lucha contra la corrupción; sin embargo, en términos del beneficio social, es una materia pendiente de resolución, aunque sostenida, sin demasiado costo político aún, en la construcción del mito del presidente vencedor de Cristina Fernández de Kirchner.
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¿Dónde ha fallado Macri? En bajar la inflación, que según el BCRA debía ser en 2018 de +/- 10% y luego fue corregida a 15%, pero se ubicará entre los 20 y 25 puntos. Dos años de gobierno son suficientes para que aparezcan resultados relevantes en la gestión o al menos tendencias. En este tiempo, el presidente-empresario no solucionó el problema de los aumentos de precios con su receta. En el relato oficial tiene desarrolló la idea de que la inflación es producto de la emisión de moneda a causa del déficit fiscal de los últimos años de la gestión del PJ kirchnerista. Tanto en 2016 como en 2017, el gobierno sustituyó emisión monetaria por toma de deuda externa, inicio una política de tarifas a precios internacionales para reducir subsidios, y ahora avanza sobre el item de los gastos estatales, en particular reduciendo jubilaciones, cantidad de empleados públicos, salarios estatales, e inversión pública. En este lapso, además ha dispuesto tasas de interés de referencia cercanas al 30%, que hacen más rentable la inversión financiera que la productiva.
Según un trabajo del Instituto Estadístico de los Trabajadores (IMET) de la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo (UMET), son los siguientes: Vivienda y sus servicios (52,7%); educación (29,3%); salud (26%); y transporte y comunicaciones (26%). Son todos precios regulados por el Estado, que es quién ha habilitados los mecanismos de indexación.
Al observar este paquete, surge la pregunta de si el objetivo fue bajar la inflación o si esta ha sido un mecanismo para redistribuir ingresos entre sectores sociales. Los items que más aumentaron durante 2017, según un trabajo del Instituto Estadístico de los Trabajadores (IMET) de la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo (UMET), son los siguientes: Vivienda y sus servicios (52,7%); educación (29,3%); salud (26%); y transporte y comunicaciones (26%). Son todos precios regulados por el Estado, que es quién ha habilitados los mecanismos de indexación. El nivel general del índice de precios fue menor a esos incrementos: 25,2%. Por debajo de esa media, se instalan, por ejemplo, los alimentos.
Estos datos demuestran que el componente clave de la inflación fue producido por los aumentos tarifarios de los servicios públicos y el precio de los combustibles: luz, gas, nafta y gas oil, agua, transporte y telecomunicaciones.
A su vez, el trabajo del IMET apunta un dato relevante: los aumentos tarifarios impactan en mayor medida en el 30% que menos ingresos obtiene, por el alto peso de la canasta de servicios públicos sobre sus ingresos.
La famosa pregunta de a quién favorece la inflación, muestra con claridad que son las empresas de servicios públicos (eléctricas, distribuidoras de gas, proveedoras de agua, etc.) y petroleras las beneficiadas fundamentales de este proceso inflacionario.
En otro plano, el beneficio ha sido también para los inversores financieros y bancos, que han obtenido enormes ganancias de la mano de la bicicleta financiera alimentada por las altas tasas de interés que, a través de las LEBACS, les han permitido obtener rentabilidades astronómicas, conformando una burbuja con capacidad de estallar, y en paralelo, condicionar la existencia del sistema industrial nacional, que no puede obtener capital de trabajo a valores razonables del sistema financiero.
Se puede concluir entonces, que “el fracaso” del presidente en su política anti-inflacionaria, en realidad disfraza una brutal transferencia de recursos de los sectores asalariados, monotributistas y no registrados a estas compañías, a la par que habilita un engorde del poder financiero y aporta -junto con otras variables- a la reducción del sistema industrial nacional. A partir de ello, queda en evidencia que el inflacionario no es un mecanismo neutral en cuanto a sus efectos de reconfiguración social y económica.
Queda en evidencia que el inflacionario no es un mecanismo neutral en cuanto a sus efectos de reconfiguración social y económica.
Por cierto, el punto de quiebre de esta estrategia será cuando el gobierno y sus aliados perciban haber alcanzado el objetivo de reconfiguración de la economía e implementación del modelo económico; o bien, se producirá como consecuencia de la resistencia sindical -por salarios o marcos legales, como la reforma laboral- y/o por la aparición de un sujeto político-social capaz de penalizar al presidente-empresario por esta política.
* La conceptualización de “relato” y “mito” corresponde a la realizada en el libro “Comunicación gubernamental en acción (Narrativas presidenciales y mitos de gobierno) / Mario Riorda y Omar Rincón editores (Editorial Biblos).
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