El intendente de la ciudad de Córdoba, Ramón Mestre.
El intendente Ramón Mestre puso en marcha este año una campaña de transparencia limitada. Por un lado, publicó la nómina de empleados y sus salarios, junto a una serie de datos personales, a la que debió extraerle el número de DNI, luego que la Justicia, a pedido del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM), le obligara a hacerlo. Y por otro, mantiene ocultos contratos como el de la gurú política, Marisa Haedo.
Anoche, al poner el nombre y apellido de la especialista en comunicación política en la ventana de búsqueda del sitio Web Portal Gobierno Abierto de la Municipalidad de Córdoba (www.gobiernoabierto.cordoba.gov.ar) y en la del sitio general de la Municipalidad de Córdoba (www.cordoba.gov.ar) no se produjeron resultados positivos. Es decir, no aparecía ningún dato sobre ella.
Se trata por lo tanto de una política de doble vara, en la que se utiliza parcialmente una herramienta de gestión del Estado como la transparencia.
Con motivo de cumplirse los 444 años de la fundación de la ciudad de Córdoba, el intendente dijo a los medios: “Hay una ordenanza que me exige publicar los datos y hago cumplir las ordenanzas. La percepción y la visualización de la Justicia es que se transparente y se divulgue toda la información. (El secretario general del SUOEM, Rubén) Daniele sabe mucho de la extorsión y de molestar a los vecinos. La Justicia no le da crédito al planteo que ha hecho hasta ahora el SUOEM (hizo lugar al amparo, para que se disocien los datos de los empleados comunales, en este caso extrayendo el DNI de la información publicada). Y continúa con la obligatoriedad de seguir difundiendo los datos. Argentina necesita más información. Y que lo público sea verdaderamente público”.
La transparencia en los sistemas estatales y políticos tiene como objetivo reconstituir los lazos vinculares entre política y sociedad, desgastados por la corrupción. Esto es, los negocios personales y sectoriales al calor del aparato estatal. Por lo tanto, sirve para gestionar, cruzando la actividad del Estado en todas sus áreas, y por su masividad y profundidad, permite conectar al ciudadano con el Estado a partir de “blanquear” las zonas oscuras.
Por cierto, la corrupción no es un problema nuevo, sino que atraviesa países de todas las latitudes desde siempre. La transparencia, en cambio, es una herramienta que comenzó a ganar valor desde fines de los ’80 y, sobre todo, en los ’90, con el auge del neoliberalismo y el afianzamiento de la globalización, que profundizaron la inequidad social y quitaron capacidad de acción a gobiernos locales y nacionales. Ambos factores, sumados a los niveles de corrupción, restaron credibilidad y legitimidad a la clase política de cada lugar y la transparencia es una respuesta sistémica.
En Argentina, la transparencia es relativa y depende de la voluntad particular de cada gobierno. En el país, a caballito de su particular cultura política, no se trata de una herramienta relevante en la gestión -en general- del Estado. Este comportamiento cruza por igual a todas las fuerzas políticas, no es un problema de uno u otro.
La fiebre transparente de Ramón Mestre es hasta ahora una acción que contiene una dosis mayor de marketing político (para aprovechar la baja imagen del SUOEM en la sociedad cordobesa y sumar de ese modo, a partir de la confrontación, adhesión al proyecto político de la UCR), que de política pública. El tiempo permitirá observar si el intendente pretende instalar la transparencia como una política de Estado o simplemente procura un uso temporal y limitado. Por ahora, en seis años de gestión, hizo bastante poco para avanzar en profundidad por ese camino.
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