La Regional Córdoba de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH Córdoba) denunció que el discurso del gobernador Juan Schiaretti, durante la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura provincial, estuvo “plagado de falsedades respecto a la defensa de los Derechos Humanos”.
En ese sentido, destacó que esta situación no se produce sólo “en referencia a la violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad como la Policía y el Servicio Penitenciario; sino a derechos básicos como el acceso al trabajo y una vida digna”.
Dice el documento de la APDH Córdoba, que “en Córdoba, desde 1999, los gobiernos de Juan Schiaretti y José Manuel de la Sota llevaron adelante un programa de Gobierno en beneficio de los grandes grupos concentrados que contribuyeron a la provincia a tener el 46% de pobreza en el Gran Córdoba, seis puntos porcentuales por encima del índice de pobreza nacional y que está lejos de la justicia social declamada. Además de esto, se produjo un fuerte ajuste en el Paicor, principal programa social de la Provincia”.
Luego, en referencia a la afirmación de Schiaretti sobre que “los progresistas en serio, no queremos ni entramos en la grieta, no nos peleamos con nadie, respetamos y construimos con quienes piensan distinto a nosotros y defendemos a rajatabla la democracia y los derechos humanos”, la APDH expresa que “acá también falta a la verdad el gobernador Schiaretti: los familiares de Luana Ludueña, la bombera voluntaria de Pilar que se suicidó tras haber denunciado por abusos al por entonces director de Defensa Civil de la Provincia, Diego Concha”. Asegura la organización de DD.HH. que “(sus familiares) aún esperan respuestas del gobernador Schiaretti y del ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera por haber nombrado, sostenido en el cargo y encubierto a un predador sexual”.
También plantea el organismo que el gobierno provincial encubrió el “accionar delictivo del hasta entonces director de Defensa Civil de la Provincia”.
Más adelante, señala que el gobierno provincial, “lejos de tener una política de defensa de los Derechos Humanos, intentó encubrir el asesinato de Blas Correas a manos de dos policías, la madrugada del 6 de agosto de 2020” y de Joaquín Paredes en Paso Viejo.
“En plena pandemia, además de Blas Correas y Joaquín Paredes también fueron asesinados por efectivos de la Policía de Córdoba, en hechos que constituyen una clara violación a los Derechos Humanos: Luis Morenigo (31 de agosto de 2020 en Alta Gracia); Franco Sosa (fines de abril de 2020 en la zona de Interfábricas); Gastón Mirabal (junio de 2020 en Villa La Tela); José Antonio Ávila (julio de 2020 en barrio Santa Ana); Fernando “Güere” Pellico en julio de 2014 y de Franco Amaya en febrero de 2017 en Villa Carlos Paz.
Por último, reveló que en Córdoba “sólo queda 2% de bosque nativo, mientras que hace dos años quedaba 3%” y planteó que “la tala, el desmonte, la destrucción del ecosistema y la eliminación de miles de seres vivos en beneficio de las faraónicas obras de cemento, de la extensión de la frontera agropecuaria y de la especulación inmobiliaria, constituyen un ecocidio que pone en riesgo el futuro de las y los cordobeses”.
—
