Lo primero a decir es que no hay Democracia sin Derechos Humanos y no hay Derechos Humanos con alta corrupción. Lo segundo es que la corrupción no es un pecado religioso sino un crimen transnacional conforme la Convención de Palermo del año 2002. Es el “delito determinante” del lavado de activos. Íntimamente asociado con el narcotráfico y con el terrorismo. Lo tercero, es que la impunidad de la corrupción es una violación abierta del Derecho Humano de Igualdad ante la Ley y de los Derechos Políticos de elegir gobernantes transparentes que consagran los artículos 23 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La corrupción consagra desigualdad ante la ley y viola la confianza popular expresada en el voto del ciudadano. En cuarto lugar, se debe decir que la corrupción es un delito contra el orden democrático al mismo nivel que los golpes de Estado conforme el Artículo 36 de la Constitución Nacional reformada en 1994.
Toda esta contundente realidad de poco sirve en la Argentina de 2017, en la que predomina un marcado doble discurso en materia de corrupción y Derechos Humanos.
El kirchnerismo ha decidido, hace ya mucho tiempo, justificar y legalizar la corrupción por entender que ella es inevitable en su lucha contra el neoliberalismo. Y que para hacer política revolucionaria hace falta plata. De allí que, lisa y llanamente, perdona y justifica el robo desde el poder del Estado.
Para el macrismo, los Derechos Humanos y la corrupción siempre han sido temas menores que no le interesan demasiado.
El gobernador Juan Schiaretti nos sorprende al justificar las concesiones otorgadas a Oderbrecht con el argumento de que “sus problemas judiciales” son los mismos que los que enfrenta cualquier empresa y cita para avalar sus palabras la mega corrupción de Siemens y de Skanska. El ciudadano debe recordar que Odebrecht no enfrenta como dice nuestro gobernador simples problemas judiciales, sino que es la mayor red de corrupción descubierta en América con una probada logística empresarial dedicada al pago de sobornos a gobernantes. Esta red de corrupción con más de 800 millones de dólares pagados al margen de la ley, al único lugar que no habría llegado es a Córdoba.
Las tres (Kirchnerismo, macrismo y Juan Schiaretti) desconocen el hecho de que la víctima de los delitos de corrupción es siempre la sociedad. Es la sociedad la violada por el fraude de sus gobernantes y por la desigualdad ante la ley a favor de los poderosos.
Estas tres posiciones coinciden en un punto: Las tres desconocen el hecho de que la víctima de los delitos de corrupción es siempre la sociedad. Es la sociedad la violada por el fraude de sus gobernantes y por la desigualdad ante la ley a favor de los poderosos.
DOBLE MORAL JUDICIAL
Este escandaloso doble estándar en materia de Derechos Humanos y Corrupción ha llegado a lugares insospechados.
La sentencia en la Mega Causa de La Perla ha decidido legitimar el vaciamiento de la empresa Mackentor y silenciar quiénes fueron los grupos económicos que se beneficiaron con los Crímenes de Lesa Humanidad. La sentencia ha silenciado prueba dirimente que muestra con claridad quienes fueron los jueces federales de Córdoba que avalaron el vaciamiento de Mackentor y beneficiaron a empresas que hoy son concesionarias de la obra pública más importante de Córdoba. Y la sentencia se dicta al margen de toda la prueba del juicio y con el único y cínico argumento de que el juez Federal Zamboni Ledesma, interventor de Mackentor, fue garantía plena de Justicia y de imparcialidad durante el Terrorismo de Estado. Es el mismo juez a quien el fiscal Facundo Trota llamó el gran responsable de los crímenes investigados en La Perla.
Sin embargo, esa fiscalía Federal (Justicia Legitima) que durante todo el juicio declaró que en la Mega Causa se estaba juzgando a una “Dictadura cívico-militar”, al momento de la sentencia decide avalarla. Siendo que se trata de una sentencia que legitima el vaciamiento de Mackentor. Una sentencia que silencia los nombres de los grupos económicos amigos del Poder Militar que se beneficiaron y de los jueces federales amigos del general Menéndez. Y que declara que el principal juez Federal de Córdoba – responsable de los hechos de La Perla- había sido un juez probo que garantizaba legalidad e imparcialidad. Una sentencia cuya finalidad no es otra que la proteger a los magistrados federales cordobeses que habían actuado a las órdenes de Menéndez y aquellos otros que posteriormente lucraron con la quiebra de Mackentor.
Parece increíble que después de 32 años de Democracia tengamos que hablar de hipocresía en materia de Derechos Humanos. Es de alto cinismo moral y político, reivindicar los DD.HH. y legitimar la corrupción como modo de acumulación de poder político y económico. Pero además olvidan los protectores de la corrupción el impacto económico que ella produce. Con alta corrupción no hay desarrollo económico sustentable. La corrupción es sinónimo de sobreprecios y de sobrecostos. Ella genera inflación. Afecta la seguridad jurídica y la seguridad ciudadana.
Parece increíble que después de 32 años de Democracia tengamos que hablar de hipocresía en materia de Derechos Humanos.
Hoy tenemos el ejemplo de la Justicia brasileña que con dos años de investigación judicial ha logrado más de 120 funcionarios públicos y empresarios privados condenados por sobornos confesos y con el dinero de los sobornos devueltos al Estado.
En Argentina sucede todo lo contrario. Un juicio por corrupción sigue durando 14 años y sólo tiene un 4% de índice de condena. Y los dineros robados nunca aparecen. Ni siquiera se logra aplicar la única figura penal en donde se invierte la carga de la prueba que es el “enriquecimiento ilícito”. Con pruebas publicas de riquezas obscenas logradas desde el poder. El principio de inocencia y los derechos del imputado sin duda que deben garantizarse, pero en simultáneo con los derechos de las víctimas, que en los delitos de corrupción, es la sociedad en su conjunto. Son garantías bilaterales con igual jerarquía constitucional y convencional. Los derechos del imputado no pueden ejercerse en violación a los derechos de las víctimas.
CORRUPCION Y VOTO POPULAR
Queda por preguntar sobre cuál es el impacto que tiene la Corrupción en el Voto de la sociedad Argentina.
Marcelo Odebrecht el dueño de una de las constructoras más grandes del Planeta. Fue condenado y consiguió una reducción de pena a cambio de colaborar con la Justicia.
En Brasil el impacto es directo y profundo. El castigo popular a la corrupción es masivo y no distingue partidos. Un modelo de poder esta jaqueado por la corrupción. En Argentina, sucede todo lo contrario. Somos una sociedad que aún no termina de entender que la pobreza del 30% es consecuencia directa o indirecta de la alta corrupción impune. Es así como un sector social importante de los argentinos parece decidido a perdonar la corrupción y votar a políticos que de manera obscena se han enriquecido con el ejercicio de sus funciones públicas mientras declaraban defender políticas de falso progresismo.
La explicación más racional de esta suerte de resignación social del argentino frente a la corrupción, quizás haya que buscarla en la falta de confianza de los argentinos en la Justicia. Desconfianza justificada, porque la Justicia Argentina jamás ha logrado castigar los delitos del poder.
En Brasil el impacto es directo y profundo. El castigo popular a la corrupción es masivo y no distingue partidos. Un modelo de poder esta jaqueado por la corrupción.
NO TODO ESTA PERDIDO
En este panorama de franca desolación en materia de Derechos Humanos y corrupción nos queda la fundada esperanza que generan manifestaciones masivas de la sociedad como la del primero de junio. Ha sido el honesto pueblo argentino, el que marginando la violencia y el sectarismo, ha decretado la nulidad de la sentencia de la Corte Suprema sobre el beneficio del 2×1 a condenados por Crímenes de Lesa Humanidad.
Esa misma sociedad, con la misma valentía, es la que inevitablemente y en poco tiempo más va a manifestar su rechazo a la hipocresía moral en materia de DD.HH. y va a reclamar cárcel y condena para los corruptos. Tal como pasa en Brasil y del modo que lo exige el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se trata de hacer realidad el Derecho Humano que tiene la sociedad Argentina de que los procesos por corrupción sean “sencillos, rápidos y eficaces”. Y no simples ritos teatrales con finales de impunidad garantizados.
Juan Carlos Vega ex presidente de la Comisión de Legislación Penal de la HCDN.
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