El próximo sábado 13 de febrero, a las 19:00, desde la intersección de la avenida San Martín y Obispo Bustos de Cosquín, se realizará una marcha en rechazo a la construcción de la autovía de Punilla, un proyecto que impulsa el gobierno provincial.
Bajo la consigna “Defendamos el agua, la tierra y la vida. Progreso es salud, agua y educación. La autovía no es prioridad”, la actividad es impulsada por organizaciones ambientalistas del valle de Punilla y cuenta con la adhesión de grupos defensores del medio ambiente de toda la provincia y el resto del país.
A su vez, presentarán un petitorio al gobernador Juan Schiaretti, fundamentando el rechazo a la obra y denunciando que el proyecto no “cuenta con licencia social” como lo demanda la legislación vigente.
Dicen que “Debido a la emergencia sanitaria y económica que atraviesa Argentina, con una Pandemia que aún genera incertidumbre para el 2021, y agravada en la provincia de Córdoba por los incendios que han destruido más de 330.000 hectáreas de monte nativo y su biodiversidad, con sus consecuencias inmediatas de inundaciones durante la temporada turística y grave crisis hídrica en cada localidad de Punilla, entendemos que no es admisible endeudar a la ciudadanía y a las generaciones futuras con proyectos faraónicos como una autovía de Punilla, que resulta de una proyección del plan bioceánico IIRSA para perpetrar el modelo extractivista de saqueo de nuestros bienes naturales y no pensada para favorecer el Turismo o traer un tipo de Progreso que no hemos consensuado”.
Exigen “participación ciudadana” y recuerdan que “este proyecto no cuenta con LICENCIA SOCIAL, más bien un rechazo del 82% en la mayor Audiencia Pública de la historia de Córdoba. El accionar del Gobierno para la nueva traza también es ilegal y debe haber engañado a la entidad financiadora, la Corporación Andina de Fomento (CAF), ya que ésta exige la aprobación popular como requisito para financiar. Así mismo, este proyecto presentado vía medios de comunicación, en nada cumple con el Acuerdo de Escazú (Ley 27566), la ley de bosques de nuestra provincia (Ley 9814) y la ley de ambiente (Ley 10208) en donde se establece un criterio muy claro en cuanto a Participación ciudadana. “Es deber de las autoridades garantizar el acceso a la información de manera previa, velar por una participación amplia e inclusiva y, finalmente, informar de qué manera fueron tenidos en cuenta los aportes que brindó la ciudadanía”.
En esa línea, exigen la realización de “una audiencia pública presencial” y proponen efectuarla en la Plaza Próspero Molina de Cosquín.
Reclaman la protección del agua y sus cuencas hídricas, y la biodiversidad y el bosque nativo y demandan un “ordenamiento territorial participativo y evaluación ambiental estratégica”. Concretamente denuncian que en el valle de Punilla “vivimos un alto grado de DESARROLLO INMOBILIARIO SIN PLANIFICACIÓN NI SERVICIOS, cuando existe una Ley de Política Ambiental clara que brinda las herramientas de gestión correspondientes para evitar errores en el modo de habitar y pensar el futuro territorial de la región. (Ley 10.208). Los vecinos/as denunciamos constantes desmontes ilegales e irrupción de las inmobiliarias en zonas recientemente incendiadas. Además de la violencia sufrida sobre la comunidad Ticas y sobre los vecinos del Barrio Suncho Huayco en Bialet Massé, como también en zonas del Balcón de Punilla por usurpadores inmobiliarios que actúan ilegalmente, y la indiferencia de los funcionarios municipales que no realizan ningún control”.
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