El peronismo podría unirse para rechazar un DNU que privatiza frecuencias de ARSAT.
El presidente Mauricio Macri por medio del DNU 58/2019, publicado el 21 de enero, copia y pone en vigencia el artículo 3 del proyecto de la llamada ley corta de telecomunicaciones o “Ley Telefónica”, que fue aprobada en el Senado y modificada en Diputados. Puntualmente, la iniciativa presidencial autoriza a la ENACOM (Ente Nación de la Comunicación) a licitar frecuencias conservadas en forma preferencial por ARSAT, la empresa estatal de soluciones satelitales.
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La decisión presidencial habilita al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) a poner en concurso bandas de frecuencia de 3G y 4G para las empresas de Telecomunicaciones, tanto internacionales como locales, lo que les permitirá avanzar en todo el país con la oferta de servicios audiovisuales, una acción condicionada hasta el momento -salvo para Telecom/Cablevisión que cuentan con una extensa red física en casi todo el territorio- para Telefónica y Claro. Las bandas de frecuencias son un recurso limitado por ese motivo es que se produce la disputa sobre su uso, convirtiéndose en un recurso estratégico.
Por presión del peronismo federal, en el Senado se asignó al menos un 20% de esas bandas a empresas regionales, públicas o privadas, pero los diputados de ese bloque fueron por más y pidieron que las provincias las reciban “a título gratuito” con la misión de reducir la brecha digital e impulsar el desarrollo nacional, uno de los objetivos plasmados en el proyecto.
Exigieron además extender hasta 2024 el plazo para que las telefónicas ofrezcan televisión digital en localidades con menos de 100 mil habitantes.
El presidente rechazó esas exigencias y le pidió al vicejefe de Gabinete y Secretario de Gobierno de Modernización de la República Argentina, Andrés Ibarra, cancelar las negociaciones y analizar la vía del DNU, un paso que se concretó el 21 de enero.
Los decretos de necesidad y urgencia toman vigencia ni bien son publicados y por lo tanto la ENACOM ya puede licitar las bandas retenidas por ARSAT, debido a una ley impulsada por Cristina Kirchner poco antes de abandonar la Casa Rosada. Serían las adjudicadas en 2014 al Grupo Vila-Manzano, que nunca pudo afrontar los pagos en dólares.
El problema de un eventual nuevo prestador es que si la oposición anula el DNU en el Congreso debería ceder las frecuencias.
El decreto se tratará en la primera reunión del año de la bicameral de trámite legislativo, presidida por el diputado Marcos Cleri (Frente para la Victoria, Santa Fe), que tiene en carpeta también el DNU que dispuso la extinción de dominio, otra ley aprobada en el Senado y congelada en la Cámara baja.
Fuente del PJ señalan que podría producirse una confluencia de los tres sectores peronistas, el kirchnerisno, el Frente Renovador y la mayor parte de los gobernadores del PJ para rechazar el DNU. Si esto ocurriera la oposición empataría en votos con el oficialismo y el legislador rosarino podría hacer valer doble el suyo para que el dictamen de rechazo sea el de mayoría, con lo que obtendría la posibilidad de ser tratado en los recintos de Senadores y Diputados. Existe un antecedente, que ocurrió con mega-decreto de desburocratización de enero de 2018, finalmente eliminado y reemplazado por tres leyes que copiaron buena parte de su contenido, pero no todo. Las modificaciones las escribieron los diputados del Peronismo Federal, bajo amenaza de borrar el DNU en el recinto. Por cierto, la última palabra la tendrán los gobernador justicialistas, respecto de sumar o no a sus legisladores a la iniciativa.
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