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Repudian la privatización de las frecuencias de ARSAT

Repudian la privatización de las frecuencias de ARSAT

Repudiaron la privatización de frecuencias de ARSAT.

La senadora Silvina García Larraburu (FpV-PJ) presentó un proyecto repudiando “la reciente decisión arbitraria del Poder Ejecutivo Nacional de privatizar el mercado de las telecomunicaciones, mediante el DNU 58/2019”. Dice la legisladora por la provincia de Río Negro que “esta nueva medida discrecional asigna al ENACOM la posibilidad de otorgar las bandas de espectro radioeléctrico para servicios de telefonía móvil a las grandes operadoras de telecomunicaciones, que hasta ahora estaban reservadas a la empresa estatal ARSAT”.

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VER A puro decreto: el gobierno le saca frecuencias a la estatal ARSAT para licitarlas entre las telefónicas.

Remarcó además que “la nueva reglamentación viene en línea con la decisión original del Gobierno de cancelar el proyecto ARSAT 3 y posibilitar que el sector privado tenga el control de la empresa a través de la modificación del paquete accionario del Estado en ARSAT, a menos del 51% establecido por ley”.

Afirmó que "las compañías privadas de telefonía móvil han ejercido presión desde el inicio de la actual gestión, reclamando mayor cantidad de frecuencias y dotación de un recurso finito, cuya atribución y asignación distan de ser planificadas u ordenadas para un mejoramiento de la calidad del servicio”.

Explica que “esta normativa implica un deterioro del capital de ARSAT y viola el artículo 10 de la ley satelital (27.208), que expresa taxativamente que los cambios en esta materia que afecten al patrimonio de esta Sociedad del Estado deben realizarse por autorización exclusiva del Congreso de la Nación con el voto mayoritario de los 2/3”.

La senadora Silvina García Larraburu (FpV-PJ Río Negro).

Por último, apuntó  que “es fundamental que el Congreso actúe de manera urgente con el fin de revertir este DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) que no sólo atenta contra la política que marcó el desarrollo tecnológico argentino por encima de la media a nivel regional, sino también porque afecta el patrimonio del Estado y la posibilidad de soberanía en un área clave”.

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