El presidente Mauricio Macri y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca.
En política todos los movimientos tienen dos lados, como la luna. Uno es el que se ve; otro, el oculto. El presidente con el decreto trata de influir sobre la opinión pública. La nueva derecha no discute demasiado sobre ideologías, por el contrario arremete desde el sentido común existente para construir su masa política, su comunidad, y desde allí instrumentar las reformas o actos económicos que se corresponden con sus intereses. Es decir, su sistema consiste -en un plano general- en presentar un discurso supuestamente basado en el diálogo amplio y los acuerdos; y en un segundo plano, más particular, en ofrecer medidas como esta, con las que aglutina el pensamiento de los sectores sociales que sostienen activamente -o están dispuestos a hacerlo- al gobierno.
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Con el primero, como si fuera una vacuna, inocula a la sociedad respecto de aquellos que no están en el gobierno y lo cuestionan. Ahí aparece, el “no quieren el diálogo”, “no buscan acuerdos”, “no ceden”, “son el pasado”. Buena parte de los argentinos, sobre todo las clases medias, portan el falso virus de que las sociedades evolucionan desde el no-conflicto. Es mentira, pero lo creen así, por eso el gobierno apela a ese conjunto de construcciones discursivas. Es una especie de esquema pre-existente, subyacente. Con el segundo, utilizan ejes aglutinantes, esto es, activos, que también están presentes en la conciencia política, pero necesitan ser recordados. Son los inherentes a la ideología o pseudo-ideologías que unen mayoritariamente al llamado “espacio o bloque no populista”. Por eso, aparecen la anti-política, el Estado pequeño, la corrupción, la teoría de los dos demonios en derechos humanos, el anti-sindicalismo o el anti-peronismo, entre otros. El decreto contra el nepotismo apunta a despertar el sentimiento anti-política y actúa en sentido positivo, cumpliendo con un deseo de ese sector.
El presidente Mauricio Macri durante el anuncio del ajuste en los ministerios. Foto: Presidencia de la Nación.
Sin embargo, que el presidente lo haga, no es porque cae su imagen o a causa de que el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, tenía una empleada “en negro” en su casa o que llenó de amigos la intervención del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) que conducía el “Caballo” Suárez. Ni siquiera porque pese a encarcelar al caudillo sindical por corrupción y extorsión, luego los candidatos propios perdieran la elección con un hombre de Hugo Moyano. Todo eso, es parte del discurso pantalla.
Macri sabe que debe juntar tropa propia para hacerle frente a un conflicto (todo lo contrario a la cobertura de diálogo y no conflicto) para salir indemne o sin daños importantes de la confrontación mayor que implica bajar los costos laborales en Argentina. No habrá sustentabilidad relativa de la restauración neoliberal sin reducción de los costos laborales. Desmontar a lo que el gobierno llama populismo, implica derrotar a sus instituciones, entre ellas, y fundamentalmente, a la legislación laboral y los Convenios Colectivos repletos de derechos laborales.
Como buen empresario, Macri no es amigo de las asambleas. Eso es lo que piensa del Congreso, por eso desde diciembre usa la lapicera presidencial para firmar decretos que se adelantan a las leyes que diputados y senadores debieran debatir.
Otra faceta que revela con esta acción, es que como buen empresario, Macri no es amigo de las asambleas. Eso es lo que piensa del Congreso, por eso desde diciembre usa la lapicera presidencial para firmar decretos que se adelantan a las leyes que diputados y senadores debieran debatir. En término republicanos, es un autoritario. En términos del célebre Maquiavello, el príncipe no admite controles. Siguiendo la teoría del italiano, el presidente está abusando de los actos de fuerza (sin consenso) y, por lo tanto, acumulando enemigos.
El presidente Mauricio Macri, la vicepresidente Gabriela Michetti y los integrantes del gabinete nacional. Michetti no aplicará el decreto en el Senado.
La realidad, es que el nuevo orden global no está dispuesto a observar ni co-habitar con nuevas experiencias populistas o de izquierdas en ningún espacio. Los últimos quince años en Latinoamérica han sido demasiado para el capitalismo financiero y globalizado, que no quiere repeticiones. Por eso, el diálogo y los acuerdos son una regla, pero para concretar el ideario neo-liberal. Desde ese lugar es que el presidente ha dicho en Davos que “Argentina dejó atrás su experimento populista”. El diálogo es verdadero diálogo con los diferentes, no con los iguales. Macri trabaja para que no haya populismo, por eso confronta -aunque diga que no- con los sindicatos, con las fuerzas políticas populistas, con el Papa Francisco, con sectores de la izquierda y con la opinión pública progresista.
El decreto anti-nepotismo -más allá de significar, en término generales, un avance en la transparencia de la gestión pública- busca, entonces, aumentar la fuerza de las baterías para lo que es una confrontación inminente y determinante. No alcanza ni con el peronismo dialoguista ni con los sindicatos amigos. Marca el grado de preocupación en el poder. Es un signo de desesperación, no un programa político reformista.
EL DECRETO
El decreto prohíbe que familiares de los funcionarios públicos trabajen en el Estado.
Dice en el primero de sus seis artículos, que “no podrán efectuarse designaciones de personas, bajo cualquier modalidad, en todo el Sector Público Nacional, que tengan algún vínculo de parentesco tanto en línea recta como en línea colateral hasta el segundo grado, con el presidente y vicepresidente de la Nación, jefe de Gabinete de Ministros, ministros y demás funcionarios con rango y jerarquía de Ministro. Quedan incluidos el cónyuge y la Unión Convivencial”.
Se exceptúan de la medida a las personas designadas mediante procesos de selección por Concurso Público de antecedentes o que cuenten con estabilidad en el cargo.
Determina además, que aquellas personas que estén alcanzados por los requisitos mencionados en el primer artículo, deberán desvincularse antes del 28 de febrero de 2018.
En los considerandos del decreto 93/2018, el Poder Ejecutivo remarca que “asumió el compromiso de continuar mejorando la institucionalidad, la integridad y la transparencia de todas las políticas públicas que lleva adelante”.
Y agrega finalmente que “transcurridos dos años de gestión, y efectuado un reordenamiento administrativo que ha permitido mejorar la gestión global del Estado Nacional, resulta ahora necesario adecuar nuevos criterios que sean aplicables al régimen de designaciones bajo cualquier modalidad de funcionarios públicos”.
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