La denuncia es un terremoto político puertas adentro de la Justicia. Néstor René Palacios, un vecino de Bañado de Soto en el Norte provincial, denunció al legislador departamental de Cruz del Eje, Alejandro Ruiz (PJ, Hacemos por Córdoba). Lo hizo por “coacción”, ya que, dice, utiliza “su poder político” para que “integrantes de la Policía de la Provincia de Córdoba generen causas penales en mi contra”. El hombre llegó a estar detenido 16 días en la comisaría de Cruz del Eje, acusado de un supuesto robo por el que finalmente fueron detenidas otras personas. Asegura, que el motivo de la persecución es “hacerme perder la libertad y seguidamente coaccionarme por intermedio de la abogada Mónica Paz para que le venda mi campo (en Bañado de Soto)”.
Argumenta en su planteo judicial contra Ruiz, que “el inmueble de mi propiedad se encuentra a continuación del suyo y de la pista de carreras de caballos (que construyó), tal como se puede ver en la imagen satelital que se acompaña (en la denuncia)”.
Dice Palacios en el escrito al que accedió ENREDACCIÓN, que “(es) el interés del legislador Ruiz poder concluir la obra que se encuentra realizando consistente en una pista de carreras cuadreras, la que no puede inaugurar como consecuencia de que no tiene el largo necesario para que en la misma se puedan realizar competencias hípicas”.
Se suma como condimento al escándalo político, judicial y policial, que Palacios es el hermano de la esposa de Ruiz, Deolinda Palacios, y tío del jefe comunal más joven del país, Fabricio Ruiz (19), que fue electo el año pasado como presidente de la comuna de Bañado de Soto. Ruiz padre, que había sido durante tres períodos jefe de la misma comuna, fue elegido en ese comicio como legislador departamental. Sin embargo, habría construido su poder en la zona, según las fuentes consultadas por este medio, a partir del manejo de los consorcios camineros, encargados de gestionar recursos para el mantenimiento de la infraestructura vial.
Bañado de Soto es una pequeña comuna que se encuentra en el departamento Cruz del Eje, a 180 kilómetros de la ciudad de Córdoba y a 21 de Cruz del Eje, la principal ciudad del Norte cordobés. La comuna, incluida su zona rural, tiene cerca de dos mil habitantes.
Hay un factor que parece adquirir fuerte valor simbólico en esta situación: las carreras cuadreras, como se denomina a las competencias de caballos, son una verdadera institución, de la que participan buena parte de los actores sociales, políticos y económicos de la región. A la par de ello, en esas pruebas, se ponen en juego fuertes sumas de dinero.
La denuncia de Palacios, que es patrocinada por el abogado Pablo Olmos, describe la razón por la que el legislador peronista se habría puesto como meta obtener la propiedad de su campo. “Ruiz, cuando comienza con la construcción de la pista de carreras de caballos, siendo este denunciante la mano de obra para construir la misma entre los años 2012 y 2014 por lo que hablo con conocimiento de causa, había tomado parte de un campo que pertenece a la empresa “Jardines del Sur”. Con posterioridad, esa empresa retoma la posesión y la cancha de carrera quedó corta, inconclusa, con una gran infraestructura en unas 13 hectáreas de campo y consistente en corrales para pista de doma, tinglado de unos 20 metros por 30 metros para realizar en su interior lo que se conoce como los “remates” en las carreras cuadreras, una “gatera” (habitáculo donde se colocan los caballos para largar la carrera), y pesebrera para más de diez caballos. Es decir, una gran inversión que se encuentra detenida porque la pista no tiene el largo necesario”. Y agrega que, ahora, “la única solución es la prolongación de la pista sobre mi propiedad, la que adquirí con fondos provenientes del pago que me hizo Ruiz por los trabajos que le realicé a él y que me abonó con cheques del Consorcio Caminero”.
DÓNDE ESTÁ EL CAMPO DE PALACIOS
Cuenta el cuñado del legislador, que “adquirí con mucho esfuerzo un campo ubicado en Bañado de Soto, Pedanía Higuera del Departamento Cruz del Eje al señor Juan Luis Nieto, domiciliado en calle Martín de Zuviría Barrio Belgrano de Villa de Soto mediante una cesión de derechos y acciones posesorias con fecha 13 de diciembre de 2016”. Agrega que “mi inmueble tiene 280 metros al Norte, 323,50 metros al Sur, 8 metros al Oeste y 215 metros al Este, limitando al Noroeste con Callejón Vecinal, al Este con Familia Farías propiedad del vendedor, al Sur con lugar denominado La Represa”.
LA PERSECUCIÓN
Indica Palacios en su presentación a la Justicia que, desde diciembre de 2016, cuando adquirió el campo, viene “sufriendo una verdadera persecución policial impulsada por el Poder político en cabeza del legislador departamental Alejandro Ruiz”.
Explica que “Ruiz viene articulando una serie de acciones usando su poder político y logrando que integrantes de la Policía de la Provincia de Córdoba generen causas penales en mi contra”.
Resalta que “la finalidad (es) hacer perder mi estado de libertad y seguidamente coaccionarme por intermedio de la abogada Mónica Paz para que le venda el campo” ocultándose “detrás de otras personas (testaferros) que adquirirían el inmueble a su favor”.
Asegura que “a partir de la voluntad de Ruiz de adquirir mi inmueble a cualquier precio se ha desatado un verdadero infierno sobre mi persona, ya que los policías denunciados han generado causas penales que se tramitan por ante esta Fiscalía de Instrucción y que han logrado encarcelarme en la cárcel de Bower, ejerciendo mi defensa la Dra. Mónica Paz, la que por todos los medios me insiste en que venda el campo, y la que me ha prohibido que regrese y de hecho no me permitió fijar domicilio en la casa que tengo en mi campo, en la última causa penal, sin que exista motivo alguno para mantenerme alejado de ese lugar”.
Dentro de esa secuencia, relata luego un episodio al que califica de “extraño”: “El 8 de marzo de 2017, oportunidad en la que se me traslado en un auto del Servicio Penitenciario de Córdoba desde Bouwer a la Policía de Villa de Soto (una ciudad, 26 kilómetros al Norte de Cruz del Eje), donde la Policía Magalí Sosa sin la presencia de abogado defensor pretendía hacerme firmar papeles bajo amenazas permanentes, incluso siguiéndome hasta el vehículo insistiendo que firmara. (Fueron) los propios penitenciarios que me habían trasladado (los que) me aconsejaban no firmar nada. Desconozco cuál fue el motivo por el que se me traslado a la Comisaría de Villa de Soto y no a la Fiscalía de Instrucción”.
No es todo. Recuerda que “los allanamientos en mis domicilios en Villa de Soto y en el Bañado de Soto se sucedieron, haciendo el personal que los llevaba adelante verdaderos destrozos tal como se ve en las fotografías que se acompañan, secuestrándome varias garrafas y distintos elementos de mi pertenencia, pero por ser herencia de mis padres no tenía como acreditar su propiedad, pero que no existe motivo alguno para proceder a su secuestro”.
Señala que ya en la actualidad, “a pesar de contar con permiso para trasladarme durante la cuarentena, lo mismo era detenido y acosado por el personal policial e incluso lesionado como se acredita con el certificado que se acompaña como prueba, sin poder lograr que se me receptara la correspondiente denuncia en la Comisaría de Villa de Soto a pesar de mi insistencia”.
16 DÍAS DETENIDO EN UNA COMISARÍA POR UN “HECHO INEXISTENTE”
También cuenta que “en la última detención puedo decir que se repitió la arbitrariedad de las anteriores, ya que primero se me achacaba la comisión de un delito de robo ocurrido en Villa de Soto y como no había pruebas para sostener ello, además de haberse aportado el dato de los verdaderos autores, se buscó imputarme por un hecho inexistente”.
“El día de la detención estaba esperando al personal policial que sabía me buscaría y con motivo de ello decidí no escapar y entrevistarme con ellos para ver que pretendían. He permanecido 16 días detenido en la Comisaría de Cruz del Eje, habiendo recuperado la libertad hace pocas horas, cuestión totalmente anormal cuando sabido que la permanencia en ese lugar debería ser de pocos días”, denuncia sobre el último episodio que le tocó vivir.
Describe durante su detención, la “falta de condiciones mínimas de higiene, al punto de defecar sobre la materia fecal de otros presos por estar rotos los sanitarios”.
Y detalla, por último, que “durante ese lapso, la Dra. Paz insistió sobre la necesidad de vender el campo a terceras personas, a no volver al mismo, sobre todo expresándole esa idea a mi hermano Diego Palacios, quien estaba en contacto con ella con motivo de mi detención. La coacción era clara, “vende o de lo contrario te vas a podrir en la cárcel”, ese era el mensaje. Han sido muy duros estos días, incluso el día en el que recuperé mi libertad, ya que la Dra. Paz me obligaba a fijar un domicilio distinto al del Bañado de Soto y no se me dejaba hablar para contar lo que me está pasando. Se le hacía mención a mi hermano que con la plata de la venta del campo había que pagar las fianzas, entre ellas la de un tal “Ariel” que habría ofrecido fianza a mi favor. Incluso se hablaba del monto de la venta, cuando yo no tengo ningún interés en vender lo que me costó tanto conseguir. Le habló de pagar una fianza de $180.000 y que el campo se podía vender a $250.000. Tal como surge del certificado médico que se acompaña, he sufrido golpizas por parte de personal policial y nunca se me quiso recepcionar denuncia en Villa de Soto”.
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