El legislador provincial Gregorio Hernández Maqueda, junto a los siete miembros del bloque del Frente Cívico que preside el legislador Walter Nostrala, presentaron un pedido de juicio político contra el ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta, por “mal desempeño en sus funciones, debido a los aumentos confiscatorios del impuesto inmobiliario para el año 2025”.
“La presión tributaria que sufren familias, comerciantes y productores no solo es imposible de afrontar y perjudica el desarrollo económico de la provincia, sino que además supera ampliamente los límites establecidos en la propia Ley Impositiva que el Ejecutivo presentó el año pasado”, señala el comunicado de prensa emitido por los ocho legisladores opositores.
Agrega el planteo que “se agotaron todas las instancias posibles para frenar el impuestazo, incluyendo reclamos populares, denuncias del sector productivo, citaciones al ministro, intentos de derogación por ley y propuestas de reforma”.
Indica, además, que “Ante la negativa del gobierno a corregir la situación, el juicio político se convierte en la única herramienta para determinar la responsabilidad política de Acosta y solicitar su remoción del cargo”.
El pedido de juicio político contra Acosta, apunta que “uno de los principales reclamos que se viene gestando desde hace tiempo entre los cordobeses y los argentinos es el de la excesiva presión impositiva que sufrimos. En ese sentido, el tamaño del Estado es criticado porque el gasto público exorbitante e ineficiente es de casi imposible financiamiento sin asfixiar a los contribuyentes mediante la extracción coactiva de dinero por la creación y percepción de tributos. Los tributos son prestaciones patrimoniales, habitualmente dinerarias, exigidas por el Estado en ejercicio de su poder de imperio y en virtud de una ley, destinadas a satisfacer las necesidades básicas de la comunidad”.
Agrega que “la altísima presión fiscal y la insatisfacción experimentada por los ciudadanos en cuanto a esas necesidades provoca que un gran porcentaje de la población económicamente activa no pueda o no quiera pagar tributos, o lo haga en una proporción mucho menor a la que legalmente corresponde. Esta situación genera que un sector deba afrontar injustamente el sostenimiento de toda la estructura estatal, destruyendo el pacto social implícitamente suscripto entre todos los integrantes de una comunidad”.
También precisa que “el desempeño de los funcionarios en la nueva etapa que está viviendo la Argentina, es evaluado por la capacidad de administrar recursos escasos y de proveer a la sociedad de mejores condiciones: achicar el Estado y dejar florecer a un sector privado que cree empleo y que permita mejorar el nivel de vida. A la luz de este paradigma, la presión impositiva de Córdoba parece desconocer la realidad política desde la asunción del presidente Milei a fines de 2023”.
Dice en ese sentido, que “la gestión de Martín Llaryora parece haber decidido continuar la misma línea de sus predecesores e incluso empeorar la situación. La idea del exgobernador Juan Schiaretti cuando afirmaba “tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario” parece ignorar la realidad en la que miles de cordobeses se encuentran asfixiados por la presión impositiva. De hecho, cabe resaltar, el peronismo de Córdoba llegó al poder en 1999 con De la Sota y la supuesta convicción de bajar impuestos, algo que nunca ocurrió. En la actualidad, un cambio de época viene a proponer a los argentinos otra forma de concebir el Estado y su aparato recaudador. Es esa realidad nacional la que demanda un replanteo estructural. Este mismo fue el compromiso que el gobernador tomó para con los cordobeses y los argentinos al firmar el Pacto de Mayo, cuando el mismo invita al equilibrio fiscal, la reducción del gasto público y a una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva”.
Denuncia luego que “contrario al espíritu del pacto, tanto el Presupuesto, como la Ley Impositiva 2025 y el Código Tributario del segundo año de gobierno de Llaryora, demuestran que no está en los planes del peronismo la reducción de impuestos. El 17 de julio del 2024, por dar un ejemplo previo, el Poder Ejecutivo incrementó el Impuesto sobre los Ingresos Brutos —de los más distorsivos— en hasta 240%. Esta medida afectó directamente a los bolsillos de los monotributistas, que debieron abonar una gran carga sobre uno de los impuestos indirectos más cuestionados. Este incremento intempestivo y sin aprobación del Poder Legislativo se produjo por delegaciones encubiertas en las leyes económicas aprobadas el año anterior, que silenciosamente parecen ser inofensivas, pero permiten al gobierno realizar incrementos de impuestos sin ningún tipo de control.
Resalta por último, que “en esta oportunidad, a poco de comenzar el 2025, una vez más, nos encontramos con una avanzada del gobierno sobre la propiedad de los cordobeses, en el marco de un incremento impositivo confiscatorio e irrazonable que a todas luces atropella los límites legales y morales respecto a la vida de los contribuyentes”.
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