Un informe del Programa de Extensión Seguridad y Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) detectó que la policía provincial instrumentó “nuevas prácticas de violencia institucional” en el marco de la cuarentena obligatoria que dispuso el gobierno nacional para reducir la incidencia del COVID-19. Entre ellos, destacan que al abuso y arbitrariedad “tradicional” contra jóvenes de barrios populares, las fuerzas policiales agregaron el “hostigamiento” y el “maltrato verbal” a “trabajadores de la economía informal” y personas de otros sectores sociales y edades, como consecuencia de los controles de “no circulación” dispuestos para la mayoría de la población.
El trabajo analiza justamente la actuación de las fuerzas de seguridad en la provincia de Córdoba ante el contexto de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.
Dice el informe que se realizó “con el objetivo de reseñar y sistematizar de manera provisoria los casos de violencia institucional en el marco de las detenciones y controles”.
Agrega que “de allí surgen las principales conclusiones que dan cuenta de la continuidad y profundización de prácticas de hostigamiento policial “tradicional”, a lo que se suman nuevas interacciones ante el control de la no circulación en espacios “no tradicionales”.
Los casos, que fueron relevados a través de un formulario online, muestran que “la mayoría de los casos se inscribieron en: abuso y arbitrariedad en el uso de la violencia policial; hostigamiento y/o maltrato verbal en el momento de la detención; y en menor medida, maltrato físico”.
Se agruparon estos casos en dos grandes “situaciones”: “por un lado, aquellos casos que dan cuenta de la continuidad o profundización de las prácticas de hostigamiento policial “tradicional”, en término sectoriales (en determinados barrios) y etarios (principalmente a jóvenes de sectores populares); y, por otra parte, aparecen nuevas interacciones en el marco del control de la no circulación”.
Así, en el segundo grupo, aparece “con frecuencia que el hostigamiento o arbitrariedad tiene una fuente o habilitación legal (la restricción de la circulación sin documentación correspondiente) pero, por determinadas circunstancias, la situación se convierte en hostigamiento. Es necesario destacar las situaciones a las que se enfrentan las/los trabajadoras/es de la economía informal, situaciones problemáticas que en algunos casos terminan en detenciones y secuestro de la mercadería, sobre todo cuando salen de los perímetros de los barrios de procedencia (ej. repartidores de mercadería)”.
En ese sentido, dice el trabajo, que “estas nuevas prácticas se desarrollan en espacios no tradicionales de interacción policial: barrios de clase media y especialmente en lugares de concentración de personas: cajeros automáticos, farmacias, despensas; y en las calles principales donde se asientan los controles vehiculares”.
Por otra parte, señalan que “existen casos de vulneraciones de derechos más graves, que si bien son cuantitativamente menores, se destacan por su gravedad (un caso de golpiza y procedimiento irregular a un menor filmado por vecinos en Alta Gracia; y el resonante caso del policía de Bell Ville que disparó por la espalda a un adolescente que huía tras ser detenido por violar la cuarentena)”.
El informe considera como “urgente y necesario” reglamentar “lo más detalladamente posible el procedimiento de solicitud de documentación, indicando de manera taxativa y con claridad los casos en que corresponde la detención y/o multa y regulando los casos que no (circulación barrial en busca de mercadería y/o medicamentos por ejemplo)”.
Finalmente, “se considera que se produjo una extensión punitiva sectorial y etaria en relación a nuevas posibilidades de interacción policial. Y que, en estos casos, debido a la no experiencia de estos sectores -medios y personas adultas- con la policía, se recomienda también informar de manera clara la documentación que deben portar, indicando las facultades policiales, que en verdad son más extensas que en período de no asilamiento, pero no ilimitadas. Es importante considerar que la policía “no tiene formación para advertir de forma no violenta o amenazante sobre las normas” (Relevamiento COVID MINCYT- CONICET, 2020: 14) y por ello es necesario que esta información se difunda sobre todo por otros actores estatales y se articule con actores sociales y comunitarios”.
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