Finalmente, después de 20 días de paro, el conflicto del transporte encontró un camino de salida. La Municipalidad de Córdoba, con un guiño del gobierno nacional, consiguió poner en marcha un esquema de emergencia o contingencia del sistema de transporte urbano de Córdoba, que funcionará durante este mes como si fuera el de un sábado reforzado y que sufrirá algunas modificaciones a partir de agosto. La UTA, por su lado, logró el pago de los principales rubros salariales que adeudaban las empresas y que originaron la protesta. También evitó el recorte de sueldos y días de trabajo que impulsaba el intendente Martín Llaryora, y consiguió que las empresas paguen los salarios sin descuentos durante los días de huelga. Otro punto que figura en el acta acuerdo, es que no habrá despidos mientras se extienda la cuarentena. Si bien esta última cuestión figura en el documento frimado en el Ministerio de Trabajo de la provincia, lo cierto es que las cesantías están prohibidas por el gobierno nacional.
Llaryora dijo ayer que se había logrado un acuerdo y la jefa de los choferes, Carla Esteban, se refirió a un principio de acuerdo. La diferencia no es sólo semántica, pero lo concreto es que el duro conflicto se destrabó, al menos por ahora, y el gremio frenó las intenciones de ajustar el costo laboral por parte del gobierno municipal.
Para la UTA, resta discutir sobre las deudas salariales originadas por diferencias de abril, diferencias de mayo, viáticos y laudo arbitral que no se había pagado a los empleados en riesgo frente al COVID-19 y a la orden en sus casas; la deuda de aportes de obra social; y la formalización de 32 trabajadores en negro de la empresa ERSA. Este último punto, habría sido acordado verbalmente entre las partes.
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Esteban, en un mensaje que envío a los afiliados de la UTA y al que accedió este medio, dijo que “en el día de la fecha hemos llegado a un principio de acuerdo. (…) La lucha no ha concluido y quedan puntos por tratar. Hemos llegado al mismo demostrando que la unión hace la fuerza y produce resultados positivos, sigamos transitando ese camino”.
Agrega que “agradecemos a todos los trabajadores y trabajadoras y a sus familias, que se movilizaron en forma pacífica por nuestro legítimo reclamo y de pleno derecho”.
La dirigente de la UTA también agradeció el apoyo de otros sindicatos, en particular a los del sector transporte, y al secretario General de AOITA, Emiliano Gramajo, a quien le manifestó su solidaridad en el conflicto de los interurbanos que ya lleva 101 días de paro.
Durante la madrugada, la estatal TAMSE, que conduce Marcelo Rodio, había logrado firmar un acuerdo con las choferes de los troles y ómnibus y sacar unas 30 unidades a la calle para prestar un servicio precario en las líneas A, B y C. Esa jugada, que también tuvo el apoyo del personal jerárquico, presionó a la UTA a encontrar una salida al extenso conflicto. Si bien siempre hubo vías de diálogo habilitadas entre las partes, con la TAMSE en la calle, la pelota quedó del lado del sindicato de choferes.
Sin embargo, la clave del acuerdo hay que buscarla en la garantía de asistencia económica nacional y provincial, por un lado; y municipal, por otro, ya que Llaryora se comprometió a inyectar un mínimo de 60 millones de pesos mensuales en el sistema. Según pudo saber ENREDACCIÓN de fuentes del Ejecutivo nacional, el lunes, el titular de la UTA, Roberto Fernández, consiguió destrabar recursos provenientes de la Secretaría de Transporte con ayuda del Ministerio de Trabajo, con el objeto de que el conflicto no ingresara en un callejón sin salida. El resto de los recursos, lo aportará la comuna capitalina. Sólo el pago de salarios de los 3 mil empleados del sistema demanda unos 150 millones de pesos mensuales. El municipio aportará entre el 40 y 50 por ciento de ese monto.
QUÉ DICE EL ACTA
“Las partes se reúnen con el objeto de establecer las pautas y presupuestos necesarios para reanudar la prestación del servicio público de pasajeros, llevando adelante esfuerzos, cada una de ellas, conforme a sus posibilidades, a fin de garantizar su sostenimiento y continuidad, entendiendo el acatado ámbito de disponibilidad respecto de los derechos laborales, resultando por ello indispensable, el pago íntegro de los haberes del personal de las empresas conforme al convenio UTA-FETAP CBA y el CCT 460/73 y actas complementarias al mismo, aplicable a los trabajadores del transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Córdoba”, señala la introducción del documento.
Explica el segundo párrafo que “en estas circunstancias, las empresas y la entidad sindical reconocen que se están prestando sólo el 50% de los servicios, transportando el 12% de los pasajeros habituales, y con un costo operativo del 82% de la capacidad plena del Sistema de Transporte”.
Más adelante, establecen que el “plazo de vigencia del convenio, va entre el 1 de julio de 2020 y el 31 de octubre de 2020, prorrogable por el mismo período previo acuerdo de partes, de mantenerse las condiciones, de Aislamiento y Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional”.
El punto 2 plantea que “las empresas comparecientes (Coniferal, Ersa, Aucor y TAMSE) se comprometen a cancelar la deuda salarial con los trabajadores. El diagrama de pagos es el siguiente:
- Miércoles 22/7: pago de rubros salariales adeudados de mayo 2020 ($4000 de DNU PEN 14/2020).
- Miércoles 22/7: Cancelación del 50% de los salarios de junio 2020.
- Viernes 24/7: Saldo integro de salarios de junio 2020 y DNU PEN 14/2020.
De hacerse efectivo el aporte de los recursos correspondientes a compensaciones nacionales y provinciales dirigidas al sostenimiento del sistema aún con anterioridad a las fechas establecidas precedentemente, las empresas destinarán los mismos de manera inmediata y previa a los plazos establecidos en el presente diagrama”.
Mientras que “el Aguinaldo se cancelará en tres cuotas iguales y consecutivas: Cuota 1: el 10 de agosto de 2020; Cuota 2: 10 de septiembre de 2020; y Cuota 3: 10 de octubre de 2020”.
Luego, en el tercer punto, precisa el acta que “durante la vigencia del presente acuerdo, la percepción del anticipo salarial convencional y el DNU PEN 14/2020, se abonarán conjuntamente con la percepción de los salarios de cada mes en curso”. Es decir, de manera integral, en la misma fecha, no como hasta ahora de modo escalonado.
En el cuarto punto, apuntan que “se dispensa la exigencia normativa para la concesión del 50% del término de la licencia anual ordinaria del personal representado, durante el período de reducción de servicios conforme al Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional”.
Luego específica que “la liquidación de la licencia anual en las condiciones antes pactadas se abonará en base a la jornada normal y habitual del mes de junio de 2020. De existir diferencias en el cálculo del concepto vacaciones con motivo de la concesión parcial anticipada, los mismos serán corregidos al momento de otorgarse el restante 50% de las mismas”.
Con este punto, la UTA permite que el adelantamiento de vacaciones compense la menor cantidad de días que van a trabajar los choferes en el nuevo diagrama y en el contexto de la pandemia, sin tocar los institutos del salario y los 24 días de trabajo mensuales.
Posteriormente, en el punto 6, establece que “las partes informan, ratifican y asumen conocer que sólo podrá dar cumplimiento al presente acuerdo y en los plazos allí establecidos únicamente si se hace efectivo el ingreso de las compensaciones y/o subsidios municipales, provinciales y nacionales conforme al siguiente diagrama:
1- Aportes nacionales y provinciales (resolución 140/2020 del Ministerio de Transporte de la Nación y/o la que eventualmente la reemplace), en fecha 24/7/2020.
2-La Municipalidad de Córdoba efectúa a las empresas prestadoras un aporte no reintegrable para el sostenimiento del sistema de, como mínimo, 60 millones de pesos mensuales, durante la vigencia del presente acuerdo”.
Finalmente, en el punto 7, el documento firmado en el Ministerio de Trabajo, plantea que “se acuerda una cláusula de paz social a regir durante la vigencia del convenio pactado, mediante el cual las empresas asumen el sostenimiento integro de la plantilla de personal y las partes se abstienen de adoptar medidas de acción directa que perjudiquen intereses y alteren la convivencia, en caso contrario, el municipio podrá disponer la implementación de un plan de contingencia, conviniendo resolver los diferendos por la vía del dialogo. En ese orden de ideas, y atento al marco en el que se desarrollaron las acciones, las empresas acceden al pedido gremial respecto al pago de los jornales caídos con motivo de las medidas dispuestas.
El encuentro se cerró con el pedido del gobierno provincial, de que instrumente la “inmediata reanudación del servicio, la continuidad y el mantenimiento del mismo”.
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