Bajo un estricto protocolo sanitario, mañana comienzan los alegatos de uno de los juicios más esperados de los últimos meses: el golpe comendo a la financiera de Nueva Córdoba, ocurrido en la madrugada del 16 de febrero de 2018, que derivó en un tiroteo en el que murió el suboficial Franco Ferraro, y los integrantes de la banda Ricardo Seravalle y Rolando “el ciego” Hidalgo.
El juicio con jurado popular que se desarrolla en la Cámara 8ª del Crimen comenzó en marzo, pero fue suspendido por el receso judicial extraordinaria por la cuarentena del Covid. La audiencia se reactivó recién el jueves pasado con la declaración de la última testigo y sin la presencia de los acusados. Está previsto que los alegatos se extiendan durante el miércoles 17 y el jueves 18. Si nada lo impide, el lunes 22 de junio dictarán veredicto, según informó a ENREDACCIÓN el juez de la Cámara, Marcelo Jaime. “Llevar adelante estas audiencias demanda una gran logística y sincronización tecnológica”, explicó.
Están acusados Diego Tremarchi (32), Ariel Gramajo (43) y Ariel Murúa Rodríguez (43), imputados de homicidio criminis causae, lo que prevé una única pena: prisión perpetua. Como supuestos “entregadores”, están imputados Teresa Mitre (69) y Miguel Ángel Mitre (65), tíos abuelos de Tremarchi, a quienes se los acusa como partícipes necesarios de robo calificado. Según la instrucción, fueron quienes brindaron a la banda los detalles necesarios y la llave del departamento del piso séptimo de la torre ubicada en Rondeau 84, donde habría funcionado una mesa de dinero, manejada por su morador, Guido Romagnoli (31).
AUDIENCIA CON PROTOCOLO
La del jueves fue la primera audiencia de un juicio abierto, con gran concurrencia de personas que integran las partes, desde que comenzó la cuarentena. Para poder reanudar el juicio, el COE inspeccionó y dictó recomendaciones para reacondicionar la sala. Se trata de un juicio en el que participan, al menos, tres jueces, catorce jurados populares, cinco abogados y el fiscal.
“En la sala de audiencia las partes debemos mantener el distanciamiento social”, detalló Jaime. “Por protocolo, los detenidos no pueden salir del penal de Bouwer, ellos siguen la audiencia por videoconferencia. Eso demanda una logística que demora un poco el proceso”, agregó. Hay tres acusados detenidos en Bouwer, otros dos gozan de prisión domiciliaria y deberán asistir a Tribunales 2, pero seguirán la audiencia desde una sala contigua, unidos por sistema de imagen y sonido. Lo mismo sucederá con la prensa.
El jueves declaró una de las testigos más relevantes, la oficial inspectora Florencia Guzmán, encargada de llevar adelante las pesquisas desde el comienzo hasta el final. Durante su declaración, hubo algunas interferencias de señal y el juez debió repetir a los acusados los fragmentos del testimonio. ¿Pero, qué sucederá en caso de que la videoconferencia se pierda, en medio de un alegato? Para Jaime, hay dos opciones: “los acusados están representados por sus abogados en la sala. Es decir, a mi entender, no habría indefensión. Por otro lado, todo el proceso está grabado y a disposición de las partes”, dijo.
La audiencia de mañana podría comenzar con la declaración de dos de los imputados: Teresa Mitre y Ariel Gramajo, que pidieron hablar la semana pasada. Luego, el fiscal Hugo Almirón comenzará a alegar. Uno de los aspectos que modificó la pandemia es la duración de las audiencias. Antes, una jornada de alegatos se podía extender durante todo el día. Pero por disposición del COE, la sala debe ser desalojada a las 14.
LOS HECHOS
Teresa Mitre era la empleada doméstica de Guido Romagnoli, el joven que, en ese dúplex, vivía junto con su pareja, Melisa Sosa. Habría sido quien facilitó las llaves del inmueble a la banda, que ya tenía el dato de que en el lugar había una suculenta cantidad de dinero y cheques.
Según la instrucción del fiscal Rubén Caro, los asaltantes entraron “equipados y encapuchados” con armamento de altísimo poder de fuego, y encerraron a la pareja en el baño. Pero hubo un percance: alguien disparó dentro del departamento e hirió al dueño en una pierna. Eso motivó que un vecino llame a la policía.
Con cheques y otros efectos de valor, los asaltantes huyeron por ese edificio y por el contiguo. A la salida, algunos se toparon con los primeros efectivos policiales y con cientos de estudiantes que a esa hora iban y venían por los bares de Nueva Córdoba. Fue en ese cruce, dentro del edificio, que asesinaron al suboficial Franco Ferraro, de 29 años. Segundos después, dos de los pistoleros quedaron tendidos en la vereda al recibir balas policiales. Tanto Hidalgo como Seravalle eran célebres en el mundo delincuencial, habían pasado algunas temporadas en prisión.
A Caro le llevó poco más de un año cerrar la investigación, que consta de dos hechos: el robo y el tiroteo. Los tres pistoleros que sobrevivieron fueron participes de ambos. Pero la investigación abrió otras causas.
Por un lado, la Justicia Federal inició una investigación por presunto lavado de dinero o intermediación financiera no autorizada en el departamento de Romagnoli. Hay otras causas por la desaparición de la pistola Glock 40 que habría empuñado Ricardo Serravalle para matar a Ferraro.
Durante el juicio, Romagnoli y Sosa revivieron aquella noche, pero no aclararon cuál era la actividad que desarrollaban.
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