Imagen de la planta de Dioxitek. Foto: Gentileza OETEC.
La particularidad de Dioxitek es que produce dióxido de uranio, el combustible que utilizan las centrales nucleares de Atucha I y Embalse para producir energía eléctrica. Esta dos centrales, a su vez, generan aproximadamente el 10 y el 17% de la energía que se consume en el país. La planta industrial comenzó a operar en 1982 en nuestra ciudad de Córdoba.
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Dioxitek es propiedad de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en un 99% y del gobierno de Mendoza, en un 1%. Fue creada por el Estado para controlar el ciclo completo de la energía nuclear, es decir, desde el combustible, pasando por la fabricación del reactor, hasta la generación de energía.
A través del decreto 882 se faculta al Ministerio de Energía a “proceder a la la venta, cesión u otro mecanismo de transferencia, según corresponda”, de:
– Los activos correspondientes a las Centrales Térmicas de Generación Eléctrica “Ensenada de Barragán” y “Brigadier López”, así como la transferencia del personal y contratos relacionados con dichas centrales (que son las dos que saldrían a la venta junto a Transener).
– Los activos y los derechos correspondientes al proyecto Central Termoeléctrica Manuel Belgrano II.
– La participación accionaria de ENARSA en Compañía Inversora de Transmisión Eléctrica CITELEC SA (propietaria del paquete accionario en Transener).
También dispone la venta o cesión de las participaciones accionarias de titularidad del Estado Nacional en las siguientes sociedades: Central Dique, Central Térmica Güemes, Central Puerto, Centrales Patagónicas, Empresa de Transporte de Energía por Distribución Troncal de la Patagonia (Transpa) y Dioxitek.
Lo esencial del decreto, es que la compañía que provee el combustible a las centrales nucleares queda incorporada a la herramienta jurídica que permite la venta al sector privado de las centrales termoeléctricas. Ése hecho permite inferir que puede haber interesados comunes, lo que perjudicaría al sector nuclear, dado que la industria eléctrica se guía por la obtención de la máxima ganancia, que se obtiene en las termoeléctricas, donde producir cada MGh (Megavatio hora) es más caro que en las centrales nucleares. A su vez, la energía nuclear además de un sector económico, es un área estratégica en términos de seguridad:
La central nuclear de Atucha I.
-Por el riesgo de la operación de los reactores:
-Y de autonomía tecnológica, porque si bien el país no produce armas nucleares, el manejo del ciclo nuclear argentino es un punto de partida para poder hacerlo.
En ese sentido, el decreto 882 no impide la entrega del patrimonio de Dioxitek a una compañía extranjera, lo cual es un riesgo de transferencia de tecnología sensible.
El Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC), en un informe publicado en noviembre del año pasado, se refiere a las razones que impulsarían la venta de Dioxitek al capital privado.
OETEC es una organización que “se identifica con la consolidación de un modelo energético, productivo y tecnológico que asista al bienestar del pueblo argentino y su seguridad jurídica, la diversificación económica, la industrialización, la autosuficiencia y la potenciación de nuestras mejores capacidades como Nación, todo con eje en un Estado activo, determinante, protagónico. Nuestro lema: soberanía y seguridad jurídica popular. Nuestro padrino: Enrique Martín Hermitte, descubridor del petróleo en la República Argentina”.
Dice que con el “Decreto 882, (Juan José) Aranguren y (Mauricio) Macri se ponen en los zapatos de (Domingo) Cavallo y (Carlos) Menem. El objetivo es el mismo, nada más que en lugar de comenzar con la privatización de las centrales, se empieza por sustraer de la órbita de la CNEA el 51% del paquete accionario Clase C de Dioxitek para ser prontamente entregado al capital privado. Debe recordarse que tal operación había sido dispuesta en noviembre de 1996 a través del decreto de creación de dicha empresa, aunque felizmente nunca llegó a concretarse… hasta ahora, claro está. ¿Cuál es la función primaria de Dioxitek? Garantizar el suministro de dióxido de uranio necesario para alimentar los reactores nucleares con los que cuenta el país. Como se verá en este informe, una jugada magistral que viene a quebrar el control estatal del “Ciclo del Combustible” poniendo en jaque la viabilidad de todo el sector nuclear argentino”.
La central nuclear de Embalse, en Córdoba.
Es decir, al privatizarse se pierde la garantía de provisión de combustible nuclear -seguro, permanente y barato- y, por ende, se rompe la autonomía del sistema nuclear argentino.
El OETEC explica luego que “durante el gobierno de Carlos Menem, también en el mes de noviembre, pero de 1996, por medio del decreto 1.286, los “sectores operativos y productivos del Área Ciclo de Combustible” de la CNEA se transfirieron a una nueva empresa, Dioxitek Sociedad Anónima, creada en el marco de la misma normativa”.
En el artículo 4 se detalla la composición accionaria que ahora facilita la potencial venta: “En DIOXITEK SOCIEDAD ANONIMA, la COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA será titular de las acciones de clase “A”, por un TREINTA Y OCHO POR CIENTO (38 %) del Capital Social. NUCLEAR MENDOZA SOCIEDAD DEL ESTADO será titular de las acciones de clase “B”, por un UNO POR CIENTO (1 %) del Capital Social. Las acciones de clase “C”, por un CINCUENTA Y UNO POR CIENTO (51 %) del Capital Social quedan sujetas a privatización. Hasta tanto se privaticen estas últimas, serán de titularidad de la COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA quien ejercerá los derechos societarios…”.
A partir del decreto 882, el ministro Aranguren concretó el primer paso en el proceso de privatización de Dioxitek. Lo hizo ordenando la transferencia de las acciones Clase “C” en poder de la CNEA al Ministerio de Energía “a los fines de su posterior enajenación en el proceso de venta correspondiente”.
El ministro de Energía, Juan José Aranguren. Foto: Presidencia de la Nación.
Más adelante, el OETEC explica que “el sector nuclear argentino, paralizado en los ochenta, registraría una pequeña reactivación entre 1991 y 1993, para volver a quedar definitivamente congelado en 1994, por cierto, con fecha de defunción establecida. Ese año, más específicamente el 30 de agosto, el Poder Ejecutivo Nacional emitió el Decreto 1.540 con las firmas de Carlos Menem y Domingo Cavallo. Era la continuidad, en el plano de la nucleoelectricidad, del proceso de privatización, desregulación y desmantelamiento del sector energético público. El objetivo: privatizar las centrales de potencia Embalse y Atucha I, entregar Atucha II a un actor privado (que a su vez decidiría si seguía financiando la obra o no) y desmantelar las áreas de investigación y desarrollo de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), cerrar o privatizar INVAP así como las empresas productoras del contenido nuclear, la producción local de radioisótopos, de agua pesada y las minas de uranio (abiertas sólo con destino de exportación del mineral)”. Posteriormente, en abril de 1997 se sancionó la Ley 24.804 que privatizaba la actividad nuclear, pero ese plan no pudo concretarse. Ahora el gobierno de Macri reinicia su accionar privatizador en el sector a partir de Dioxitek.
PARECIDOS Y DIFERENCIAS ENTRE MENEM Y MACRI
El presidente Mauricio Macri encara una estrategia diferente a la del ex presidente Carlos Menem, pero que puede jaquear al plan nuclear.
El OETEC se pregunta “¿Por qué vuelve a escena la intentona privatizadora contra el sector nuclear? Cuando, en 1994, se puso en marcha la primera movida en esta dirección (Decreto 1.540), a la CNEA se le colocaba el rótulo de “Organismo en Disolución” mientras se la transfería al Ministerio de Economía. En paralelo, se creaba la empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA) a los efectos de iniciar el desguace. NA-SA, si bien poseía al Estado como único accionista, quedaba sujeta a privatización”.
Apunta que “al frente de NA-SA asumieron contadores y abogados de la Fundación Mediterránea, organización que había puesto al Secretario de Energía de la Nación, el Ingeniero Carlos Bastos (1992-1996). Bastos, hoy uno de los directores del ENRE, autor intelectual y ejecutor de las privatizaciones de SEGBA y Gas del Estado, (2) favoreció a operadores privados (locales y extranjeros) de la industria petrolera, que no contentos con apropiarse del sector hidrocarburífero (upstream y downstream), marcharon sobre el sector eléctrico”.
Explica que “como la electricidad es mejor negocio cuando proviene de centrales térmicas alimentadas a gas natural y combustibles derivados del crudo (las nucleares proveen electricidad más barata en $ por MWh), el mercado bajó el pulgar a lo nuclear”.
Los autores de este informe afirman que “(ahora) de no haber sido por la presión de la República Popular China, el oficialismo hubiera desmantelado el Plan Nuclear Argentino relanzado en 2006. Obviamente, no pudo (como tampoco pudo, y por idéntica razón, con las represas sobre el río Santa Cruz)”.
El ex presidente y actual senador nacional por La Rioja, Carlos Menem.
Entre los motivos que analiza el Observatorio, describe a los “negocios, por un lado; y al proyecto político, por el otro. Atentar contra este sector significa desmantelar una actividad industrializadora por excelencia, promotora y modernizadora de las capacidades científicas y tecnológicas genuinamente argentinas. Difícilmente le pueda llegar a interesar fabricar radioisótopos y generar electricidad barata y abundante al “granero del mundo”. Apuntan que “sin embargo, entre Menem y Macri se produjo un cambio. Al tradicional frente de las petroleras y los dueños de la generación termoeléctrica se le ha sumado, en su histórica lucha contra las energías nuclear e hidráulica, un poderoso y bicéfalo aliado: un fundamentalismo ambiental renovado al galope del “cambio climático” y la todopoderosa burguesía “verde” estadounidense y europea. En ese galopar ambientalista, una vez más la Fundación Mediterránea, entre otros centros ultra-conservadores criollos”.
Por cierto, la llamada energía “verde” es un intento de las grandes compañías globales de generar un nicho de negocios que empuje la tasa de ganancia hacia arriba, dado el agotamiento de otros sectores.
OETEC agrega que “con Mauricio Macri asumió al frente del Ministerio de Energía el Grupo Shell. Pero la angloholandesa, si bien es la cara más poderosa, no está sola en la conducción de la política energética nacional. Debajo suyo, un puñado de empresarios de la energía -la mayoría socios e íntimos amigos del presidente- ligados especialmente al negocio de la generación termoeléctrica, que deciden el presente y los destinos energéticos del país. Pero tampoco están solos: se está verificando una fortísima alianza con las principales empresas extranjeras en el campo de las renovables eólica y solar, la gran banca financiera occidental y los principales organismos internacionales de crédito que respaldan estos proyectos”.
Dentro de ese contexto de alianzas y negocios, para OETEC, “la guerra contra la energía nuclear y la hidroelectricidad de gran potencia instalada es condición sine qua non para el triunfo de la ola “verde”. De eso se trata la reapertura privatizadora del sector nuclear luego de casi un cuarto de siglo y, en ella, la posibilidad concreta de privatización de Dioxitek”.
Según el análisis del Observatorio, es posible que un eventual operador privado de Dioxitek, pueda decidir importar dióxido de uranio en vez de producirlo, afectando la escala de costos de las centrales nucleares. En ese sentido, también es posible que se incremente el precio de producción, entre otros supuestos.
De acuerdo a este planteo, desde el precio del combustible se podría poner en crisis al sector completo. Se afectaría de ese modo “la promoción y sostenimiento de la capacidad autónoma y soberana del desarrollo científico-tecnológico ligados al Plan Nuclear Argentino relanzado en 2006. Esto asestaría un golpe letal a los proyectos de construcción de nuevas centrales basadas en este tipo de tecnología. Ni que hablar de la inconveniencia para la seguridad nacional del desplazamiento del Estado del control del Ciclo del Combustible nuclear”.
Finalmente señalan que “el Decreto 882 es contundente: no van a paralizar los planes nuclear e hidroeléctrico como otrora sucediera en tiempos de (Raúl) Alfonsín, Menem y (Fernando) de la Rúa. Antes bien, y como fuera explicado antes, condicionados en buena medida por la presión china, se deciden por hacerse de su control (privatización) desde donde podrán no sólo neutralizar sus efectos anti-tarifazo (por tratarse de fuentes de generación que compiten con las más caras termoeléctrica, eólica y la solar) sino también hacer pingues negocios con ellos, todo a costa de la seguridad energética nacional, la viabilidad económica y la calidad de vida de la población”.
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