El ministro de Defensa, Agustín Rossi, confirmó de manera oficial que un avión Hércules C130 de la Fuerza Aérea Argentina (FAA) con 13 gendarmes del grupo comando Alacrán y un cargamento no especificado, aterrizó el 13 de noviembre a las 4:40, en La Paz, Bolivia.
Se cree, por lo tanto, que el armamento enviado por el gobierno de Mauricio Macri y destinado a las Fuerzas Armadas y de Seguridad de Bolivia para apoyar el golpe de Estado, operación que fue denunciada ayer por el canciller Rogelio Maytas, habría llegado a ese país por esta vía.
VER Bolivia denunció que el gobierno de Macri apoyó el golpe de Estado contra Evo Morales.
Rossi relató anoche al canal C5N que se esperan más informes para establecer si hubo un segundo vuelo a Bolivia.
Al documento de Defensa que dio a conocer Rossi, se le suman las declaraciones periodísticas efectuadas anoche por el actual embajador en Bolivia, Ariel Basteiro. El funcionario afirmó al canal C5N que el armamento llegó en un avión de la Fuerza Aérea y por tratarse de material “anti tumulto” provendría de Gendarmería Nacional y no del Ejército u otra fuerza armada.
La fecha de aterrizaje del Hércules argentino, es coincidente con la de la carta de agradecimiento por el “material bélico de agentes químico” que envía el comandante general de la Fuerza Aérea de Bolivia, Jorge Gonzalo Terceros Lara, al embajador argentino en ese país, Normando Álvarez García. Dice en el encabezado: “La Paz, 13 de noviembre de 2019”. Mientras que el sello de recepción en la embajada argentina es del 15 de noviembre.
De acuerdo al detalle que consta allí, fueron enviados 40 mil cartuchos AT 12/70; 18 gases lacrimógenos en spray MK19; 5 gases lacrimógenos en spray MK4; 50 granadas de gas CN; 19 granadas de gas CS; y 52 granadas de gas HC.
La participación, en principio, de un avión de la Fuerza Aérea, con municiones y tripulación de Gendarmería Nacional, pone en el centro de la escena la responsabilidad de los ministros de Defensa y Seguridad del gobierno de Cambiemos, Oscar Aguad (UCR, Córdoba) y Patricia Bullrich (actual presidenta del PRO), respectivamente.
También quedan involucrados los altos mandos de la Fuerza Aérea y de la Gendarmería Nacional de ese momento.
Ninguna operación de ese calibre, que involucra al país en una acción al margen de la legalidad internacional, como es apoyar un golpe de Estado, podría haberse realizado, en principio, sin conocimiento de las primeras líneas de Defensa y Seguridad.
Cabe recordar que el presidente Evo Morales debió renunciar el 10 de noviembre de 2019, en medio de un motín policial y el abandono de las Fuerzas Armadas a su administración. En ese contexto, Jeanine Áñez asumió la presidencia el 12 de noviembre. El avión argentino, con los comandos de Gendarmería y su cargamento aterrizó en La Paz el 13 de noviembre.
El documento oficial dado a conocer por el ministro Rossi dice lo siguiente:
-12 de noviembre a las 23:40: Despegue desde SADP (Argentina). Aduana y migraciones para tripulación y personal de Gendarmería Nacional.
-13 de noviembre a las 4:40. Aterrizaje en La Paz, Bolivia. Estacionamiento en plataforma militar C-130 de la Fuerza Aérea de Bolivia (FAB). Descarga de personal de Gendarmería Nacional y su carga. Embarque de familiares del personal destinado en la Embajada Argentina.
-13 de noviembre a las 6:00. Despegue desde La Paz, Bolivia.
-13 de noviembre a las 8:00. Aterrizaje en Argentina. Aduana y migraciones para la tripulación y pasajeros.
PEDIDO DE INFORMES
El Ministerio de Seguridad de la Nación pidió ayer informes a los jefes de las cuatro fuerzas federales, luego de que el Gobierno de Bolivia denunciara que la administración de Mauricio Macri proveyó “material bélico” al régimen de Jeanine Áñez para reprimir protestas sociales en 2019, informaron a Télam fuentes oficiales.
La titular de esa cartera, Sabina Frederic, le solicitó a las autoridades de las cuatro fuerzas federales de seguridad que inicien de forma inmediata las “actuaciones administrativas que permitan establecer o no las posibles responsabilidades en los hechos”.
Con el objetivo de llevar adelante una “profunda investigación” que otorgue certezas en torno la cantidad y el tipo de material que se podría haber enviado al país vecino, Frederic exigió también que los informes sean “entregados en un plazo máximo de 72 horas”, añadieron los informantes.
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