(Por Pablo Tissera *) El derecho a la vivienda se encuentra reconocido en nuestra Constitución Nacional como así también en el marco jurídico internacional de derechos humanos, sin ir más lejos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, ratificada por Argentina, entiende que todo ser humano debe tener derecho a un nivel de vida adecuado, y ello incluye el acceso a una vivienda digna.
Si tomamos el el Artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional dice que “(…) el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá:…””… la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna”. Por lo que considero ineludible el rol de un Estado presente que a través de políticas públicas garanticen el acceso a dicho derecho. Y por otro lado, entiendo necesaria la articulación del Estado con el sector Cooperativo que tiene y mucha experiencia para aportar en materia de viviendas, que si trabajan conjuntamente en términos de alianza estratégica les aseguro que el resultado nos puede sorprender.
Queda claro que un Estado ausente, ese que promueve la conducción neoliberal, no generaría condiciones para que todas y todos puedan acceder a la vivienda digna, pues en la selva donde predomina la ley del más fuerte las mayorías tendrían serias dificultades para acceder, y lo peor de todo, en el mundo del individualismo y el sálvese quien pueda, sería su culpa y responsabilidad el no poder acceder.
Hoy el gobierno nacional está llevando adelante el Procrear II, una política pública de desarrollo territorial, urbano y habitacional de alcance federal y con una perspectiva integral que busca mejorar las condiciones de acceso al hábitat. Así, el Estado a través del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat propone brindar soluciones, entre créditos personales e hipotecarios, que van desde el mejoramiento de la vivienda existente hasta viviendas nuevas en desarrollos urbanísticos, hoy con poco más de 28.000 Créditos otorgados en la provincia de Córdoba.
Y si a las políticas públicas implementadas por el gobierno nacional le sumamos alguna de las experiencias del movimiento cooperativo, podemos avisorar una salida a la crisis habitacional. Para tomar un caso, la Cooperativa de Vivienda Horizonte ha entregado desde su nacimiento allá a principios de la década del ´80, unas 16 mil viviendas en la provincia de Córdoba distribuidas en 81 barrios principalmente en la ciudad de Córdoba, cuyo público es el sector trabajador que tiene dificultades de acceder a créditos hipotecarios bancarios. Con un sistema de construcción continuo genera 1.500 empleos estables. Y esto sin mencionarles las muchas cooperativas de servicios públicos del Interior Cordobés que están llevando adelante planes de vivienda.
Desde el Frente de Todxs promovemos un rol activo del Estado en alianza estratégica con el sector cooperativo, complementándose de modo dinámico en la relación y participativo en la gestión tendiente a que toda la ciudadanía tenga acceso a la vivienda digna y decorosa.
* Pablo Tissera es dirigente cooperativista y secretario General del Partido Solidario de Córdoba. Precandidato a Diputado Nacional por el Frente de Todxs.
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