El jefe del Ejército de Myanmar, el general Min Aung Hlaing, quien hoy se hizo con el control total de su país con un golpe de estado, tiene una causa abierta en la Argentina, bajo el principio de jurisdicción universal, por crímenes de genocidio contra la minoría musulmana rohingya.
“Lo que está pasando en Myanmar ahora es un elemento que debería convencer aun más a la jueza de que es muy importante ejercer el principio universal por estos hechos atroces”, explicó a Télam Tomás Ojea Quintana, exrelator de la ONU para Myanmar y uno de los que impulsa la demanda que ingresó al juzgado de María Romilda Servini en noviembre de 2019.
En ese momento, grupos de derechos humanos rohingyas, latinoamericanos y argentinos, entre ellos Abuelas de Plaza de Mayo y la organización del Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, presentaron una demanda invocando el principio de jurisdicción universal, que sostiene que algunas acciones, como crímenes de guerra y contra la humanidad, son tan espantosos que no son competencia de una sola nación y pueden ser juzgados en cualquier parte del mundo.
“Se presentaron cinco mujeres que fueron violadas en manada en un pueblo en el estado de Rakhine frente a sus hijos y esposos que luego fueron asesinados”, contó Ojea Quintana, abogado de derechos humanos argentino, quien recordó que “los asesinatos y las violaciones fueron acreditadas al detalle en un informe de la ONU en 2018”.
Los hechos de violencia se acrecentaron en los últimos años y en 2017 más de 740.000 rohingyas escaparon solo con lo puesto, cruzaron un río y hasta corrieron entre ráfagas de ametralladoras para alcanzar la frontera y refugiarse en el vecino Bangladesh, uno de los países más pobres de la región, donde aún viven apiñados en campos administrados por la comunidad internacional.
La demanda, que cayó en manos de Servini y el fiscal Guillermo Marijuan, acusó a la cúpula militar y los comandantes que actuaron en el estado de Rakhine de “ser los responsables directos del genocidio” contra la comunidad rohingya, y señaló a los líderes políticos del gobierno, hoy detenidos y víctimas del golpe de estado, por su “connivencia” en estos crímenes de lesa humanidad.
Entre ellos, la premio Nobel de la Paz y por entonces máxima referente política del gobierno, Aung San Suu Kyi, quien ante la creciente presión internacional en 2017 y 2018 aclaró una y otra vez que ella estaba “a cargo” del país y que lo que sucedía en Rakhine era “un conflicto interno”.
La causa en la justicia argentina aún no avanzó porque tanto la jueza como el fiscal presentaron dudas por la posibilidad de que los acusados estuvieran siendo juzgados dos veces por la misma causa, pero la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya respondió a las consultas a fin de 2020 y aclaró que se trataban de dos causas diferentes, contó Ojea Quintana.
Para el abogado es importante que la justicia argentina ejecute el principio de jurisdicción universal no solo para conseguir una condena, sino porque es una forma de “empoderar a las víctimas en el proceso”.
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